El ministro del Interior ha instado al PP a que no "inyecte odio" a través de "falacias" sobre la política penitenciaria del Gobierno respecto a los reclusos de ETA, que siempre se basará en la "legalidad"./ EP
Interior confirma que habrá acercamientos de presos etarras
PP y Cs recelan del 'pago de peajes' por la moción de censura
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29/8/2018 18:32
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Actualizado: 30/8/2018 07:48
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admitido hoy que habrá acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco, pero ha asegurado que siempre tras un «estudio individualizado» y de acuerdo a la ley penitenciaria.
Grande-Marlaska también ha abordado durante su comparecencia los asaltos de inmigrantes a la valla fronteriza de Ceuta. Ha dicho que la inmigración «ordenada, segura y legal es posible y deseable», pero ha querido dejar claro que no consentirá la «violenta» ni aquella que «atente contra nuestro país», porque «la humanidad no es igual a la permisividad».
Lo que no ha querido tratar el ministro ha sido el cese del coronel jefe de la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí. Grande-Marlaska pedirá comparecer en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para explicarlo.
Al comienzo de su intervención en la Cámara Baja, a las 11 de la mañana, Marlaska ha anunciado a los partidos de la oposición que no iba a dar explicaciones hasta que resolviera el recurso de alzada que podría presentar el coronel contra la decisión de la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, a propuesta del director general de la Guardia Civil, Félix Azón.
PP y Ciudadanos han mostrado su indignación ante la negativa del socialista a hablar de este asunto. La Diputación Permanente del Congreso aprobó el pasado lunes una petición del PP para que el ministro explicara las razones del cese de Corbí.
EL MINISTRO ACUSA AL PP DE ‘INYECTAR ODIO’
Grande-Marlaska ha cifrado en 233 los presos de ETA internos en cárceles españolas, de los que 203 están clasificados en primer grado; 28 en segundo grado u ordinario; y dos en tercer grado. 205 son hombres y 28, mujeres.
El primer grado -régimen cerrado- es el que se establece para los internos conflictivos y peligrosos, mientras que el tercer grado -régimen abierto- se aplica a los reclusos capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad.
Los dos reclusos de los que ha hecho referencia que están en tercer grado son Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, ambos se acogieron a la denominada ‘vía Nanclares’. Su traslado este verano desde Asturias a Basauri (Vizcaya) fue lo que motivó la petición de la comparecencia del ministro por parte del PP.
Marlaska ha recordado que estos traslados se produjeron cumpliendo con lo aprobado por Instituciones Penitenciarias cuando gobernaba Mariano Rajoy. En 2016 ya fueron trasladados desde prisiones de Madrid hasta la cárcel asturiana de Villabona.
Tras dejar claro que el acercamiento de presos de ETA siempre tendrá un tratamiento «individualizado», ha reconocido que la política de dispersión fue «exitosa» en la lucha contra ETA, y ha indicado que ya los dirigentes del PP vasco y el propio exministro Jorge Fernández Díaz apostaron por revisarla.
«Mi lealtad con las víctimas es férrea, no permitiré críticas falsas ni que se utilicen a las víctimas por interés político», ha afirmado Grande-Marlaka, y ha criticado al PP por «inyectar odio» en la sociedad al utilizar esta cuestión para desgastar al Gobierno.
El ministro también ha defendido que los traslados no son propiamente beneficios penitenciarios en lo referente a la progresión de grados, que es lo que exige, de acuerdo a la ley, condiciones previas como el rechazo al terrorismo, el pago de las deudas o la colaboración con la justicia.
«El Estado nada le debe a ETA», ha sostenido, citando a su «amiga» Marimar Blanco, diputada del PP y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo.
En su turno de palabra, Marimar Blanco ha atribuido la decisión de acercar presos a los acuerdos con los partidos vascos para la investidura de Pedro Sánchez.
Además, ha indicado que mientras el presidente habla de acercamiento colectivo, Marlaska alega estudios individualizados para llevarlos a cabo.
Como ha informado Confilegal, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo Marimar Blanco, también ha expresado recientemente su “total rechazo” a la retirada del recurso contra la Ley vasca de víctimas policiales, “porque no se ha producido ninguna modificación que así lo justifique”.
“Invade competencias exclusivas del Estado y ampara la vulneración de derechos fundamentales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, recalca.
El SUP ha pedido al Defensor del Pueblo que se persone en el procedimiento de inconstitucionalidad contra la denominada Ley vasca de ‘abusos policiales’ para impedir el archivo del recurso presentado por el anterior Gobierno contra esta norma.
PP y de Ciudadanos han criticado hoy que dicha ley ayuda a «blanquear» el pasado de ETA.
LAS REACCIONES DE LAS VÍCTIMAS
Así han acogido desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo las declaraciones del ministro:
?(1/2) La comparecencia del Ministro del Interior hoy no ha aportado nada nuevo. Seguimos mostrando nuestra oposición a los acercamientos generalizados y exigiendo el requisito de colaboración con la justicia para la mejora de la situación penitenciaria de los presos etarras.
— AVT (@_AVT_) 29 de agosto de 2018
?(2/2)Solicitamos al Pdte. del Gobierno @sanchezcastejon y al Ministro del Interior @interiorgob que nos explique si la política de acercamientos se va a aplicar de manera generalizada, qué criterios se van a seguir y qué requisitos se exigirán a los presos para su acercamiento.
— AVT (@_AVT_) 29 de agosto de 2018
Por su parte, Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo, tras conocer que hoy comparecería el ministro expresó ayer lo siguiente:
Todo un fraude, las verdaderas razones están en las actas de negociación y el PP lo sabe y tan sólo simulan oposición tal y como pactaron en el 2007.
Marlaska explicará el acercamiento de presos de ETA, la inmigración ilegal y el cese de Corbí https://t.co/nu8rwI6Ezt— José Alcaraz Martos (@fjosealcaraz) 28 de agosto de 2018
‘UN PAGO POR LOS VOTOS’
Durante la Comisión de Interior, tanto PP como Ciudadanos han mantenido que sí ha habido un cambio, y lo achacan a un «pago por los votos» nacionalistas para que Sánchez fuera investido presidente.
«El PP será garantía de que la humillación a las víctimas no se produzca», ha expresado Marimar Blanco, y ha preguntado al ministro si comparte la tesis del Gobierno vasco de que se deben acercar también a los presos «más duros».
La diputada del PP ha reconocido que el traslado de etarras es legal, pero «no obligatorio».
También ha dicho que con el Gobierno de Mariano Rajoy no hubo «ningún acercamiento» y ahora, con el de Pedro Sánchez, sí se han llevado a cabo.
Por su parte, Miguel Gutiérrez, diputado de Ciudadanos, ha acusado a Marlaska de «premiar» a los presos de ETA.
«Está más preocupado por los derechos de los terroristas que por los de sus víctimas», ha denunciado.
Al igual que el PP, ha recordado que fue el presidente, Pedro Sánchez, que el anunció un cambio en la política penitenciaria y quien dijo a la prensa que serían acercados los reclusos enfermos o mayores de 70 años.
«Dejen de premiar a la banda terrorista, consigan que colaboren con la justicia, persigan al centenar de etarras huidos que yo sé que el Ministerio del Interior sabe perfectamente dónde están. Este gobierno no hace nada», ha pedido Gutiérrez.
EL PNV: ‘EL GOBIERNO CAMBIA DE POLÍTICA PORQUE ETA HA DESAPARECIDO’
Desde el PNV han señalado que «el primero que utilizó la lucha contra ETA como arma arrojadiza» fue el PP, y que ahora siguen haciendo esto cuando critican el fin de la dispersión o la ley vasca de abusos policiales por las denuncias de torturas en la lucha antiterrorista.
«Está clarísimo», ha dicho el diputado Mikel Legarda, «el Gobierno cambia de política porque ETA ha desaparecido y no va a volver».
Ha pedido al Ejecutivo que rebaje las exigencias porque «la reubicación de un recluso en el lugar más cercano a su anclaje familiar es un derecho».
BILDU: ‘MÁS DE UN CENTENAR DE PRESOS VASCOS DEBERÍAN SER EXCARCELADOS DE INMEDIATO’
Marian Beitialarrangoitia, diputada de EH Bildu, ha defendido que el cumplimiento de la ley penitenciaria exigiría que más de un centenar de terroristas, «presos vascos», a su juicio, deberían ser excarcelados de manera inmediata.
Además, ha criticado que se mantenga el primer grado, el más estricto, para la mayoría de presos etarras, comparando esta situación la de Iñaki Urdangarín, clasificado en segundo «en tiempo récord».
Cabe destacar que esta medida a la que hace mención, el segundo grado -régimen ordinario-, se establece a los dos meses de ingresar en prisión y lo obtienen la mayoría de los presos.
Rafael Mayoral, de Podemos, ha leído unas declaraciones de una víctima de ETA, Roberto Manrique, para censurar que se utilice el dolor de ese colectivo para fines políticos.
‘LOS DE PODEMOS SON UNOS CANALLAS CON LAS VÍCTIMAS’
Se da la circunstancia de que el histórico dirigente político Santiago Abascal Escuza –fallecido en julio de 2017-, que tuvo que sufrir el envite “de esta gentuza” terrorista, afirmaba que «los de Podemos son unos canallas con las víctimas».
Preguntado por las críticas de Podemos a la dispersión de presos, decía que «después de 900 asesinatos, de que miles y miles de personas se hayan tenido que ir de esta tierra, y otras miles y miles que vivan dentro sigan sin poder expresarse todavía y salgan ahora los de Podemos hablando de la dispersión… Son unos canallas con éste tema. Muchos presos están saliendo, por desgracia, demasiado pronto. Es verdad que los familiares los tienen lejos, pero acaso han tenido alguna vez compasión hacia las víctimas y les han pedido perdón».
Abascal llevó escolta durante 21 años y la política le costó absolutamente de todo, «por poco la vida». Cargó a sus espaldas más de 110 actos de terrorismo y de terrorismo callejero contra él y su familia en su tierra, en su propio pueblo -Amurrio-, y en su negocio -Modas Abascal.
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