Durante este pasado viernes y sábado, la Sala 1 de la Corte Suprema de Justicia de Honduras celebró la audiencia de presentación de pruebas para conocer hasta dónde han llegado las investigaciones del Ministerio Público en el caso del asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres en 2016 por su oposición al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.
La audiencia probatoria llega solo diez días después de que doce organizaciones internacionales –entre ellas, el Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo-, que representan a más de un millar de abogados y ONG hayan expresado por medio de una carta a Óscar Chinchilla, fiscal general y jefe del Ministerio Público de Honduras, su preocupación por las irregularidades en el proceso de enjuiciamiento de los primeros ocho encausados por el asesinato de Cáceres.
En la carta recuerdan al fiscal que en mayo de 2016, es decir, dos meses después de asesinato de Berta Cáceres en su casa, se llevaron a cabo unos registros domiciliarios en dependencias de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), titular de la concesión para la construcción del proyecto hidroeléctrico y de los acusados.
Esta recolección de material probatorio, señalan, se llevó a cabo «sin notificación alguna a la acusación privada y sin ningún tipo de acta que registrara fielmente una relación de la prueba concreta obtenida».
Esta situación motivó que la acusación particular haya reclamado constantemente esta información «como pilar fundamental para la sustentación de sus argumentos en el juicio», sin conseguirlo.
Por eso le solicitan que tome las medidas correctivas oportunas para que el Ministerio Público «cumpla su obligación de facilitar la información requerida por la parte acusatoria», más concretamente la obtenida en los registros de las oficinas de DESA y de los domicilios de Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Henrry Javier Hernández Rodríguez, Óscar Aroldo Torres Velásquez, Emerson Duarte Meza, Edilson Duarte Meza y Elvin Heriberto Rapalo Orellana.
35 denegaciones de la Fiscalía
Según los firmantes de la carta, desde la primera reclamación de información que se produjo en abril de 2017 hasta el día de hoy, el ministerio público ha denegado en por lo menos 35 ocasiones el acceso para obtener estos datos
Asimismo, ha incumplido cuatro órdenes judiciales en las que el Juzgado de Letras (primera instancia penal), en dos ocasiones, y el Tribunal de Sentencia, en otras dos, le ordenan poner a disposición de la acusación la información que se solicita «debido a que fue recabada durante diligencias investigativas que han sido incorporadas al expediente judicial».
La última de estas reclamaciones fue el pasado 27 de julio cuando el tribunal encargado del enjuiciamiento instó a las fiscales del caso a que aportase la información relativa a la prueba resultante de inspecciones y registros en las dependencias de la empresa DESA y de varios de los encausados.
El 16 de agosto, posteriormente al vencimiento del plazo prescrito de 5 días, la familia de Berta Cáceres fue informada de que las pruebas en poder del Ministerio Público no han sido analizadas por expertos y «la única respuesta obtenida son un par de copias de documentos y un escrito en el que se informa que la información requerida no es entregada por la falta de análisis de los aparatos que las contienen».
Vulneración de derechos fundamentales
Como consecuencia, los firmantes de la carta manifiestan que «la reserva de información fundamental del proceso judicial en desacato a las órdenes judiciales impide la plena participación de la acusación en su búsqueda de justicia y el goce de sus derechos».
En su opinión, quebranta el principio general del derecho a la no discriminación, la justicia y la garantía y protección judicial de la familia de Cáceres consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Esta situación, además de generar una desigualdad para los familiares, «prepara el escenario para la impunidad, ya que las irregularidades que se han presentado pueden ser motivo de desestimación del proceso judicial debido al incumplimiento a la justicia por errores procesales», advierten.
