VOX ha realizado una ampliación en su querella contra la magistrada Anne Dessy del Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas responsable de la admisión de la demanda civil interpuesta en dicho Tribunal por María Meritxel, Antoni Comín, Carles Puigdemont, Clara Ponsatíy Lluis Puigcontra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
El pasado 28 de agosto, VOX ya presentó una querella ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional atribuyendo a la jueza belga la comisión de presuntos delitos de rebelión o alternativamente de sedición y contra la paz e independencia del Estado español.
Hoy, con la ampliación de querella, VOX además la imputa los delitos de usurpación de funciones y prevaricación tras tomar la decisión respecto a la demanda de aplazar al próximo 25 de septiembre la sesión para permitir que el Estado español personarse en la causa, al entender VOX que con ello asume como propias funciones jurisdiccionales que exclusivamente corresponden a los Juzgados y Tribunales españoles cuando se pretende determinar la responsabilidad del magistrado Llarena por su conducta en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales dentro de territorio nacional español.
Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de VOX, ha afirmado, tras presentar la ampliación de la querella, que «Desde VOX seguiremos defendiendo a toda costa la soberanía judicial de los Juzgados y Tribunales españoles porque son la garantía de la libertad e independencia de España y de los españoles frente a cualquier interés espurio procedentes de países extranjeros».
Con esta ya son dos las querellas presentadas contra la juez Dessy, la de Vox y la del Movimiento 24DOS. Las dos coinciden en dos de los delitos: prevaricación y usurpación de funciones.
La del Movimiento 24DOS, sin embargo, comprende también al letrado Gonzalo Boyé, abogado de dos de los políticos fugados, a los 5 políticos demandantes y a la traductora por la presentación de traducción falsa y/o falsedad documental.
