Según la petición que cursó el pasado 28 de agosto, a las 9:00 horas de este martes la ministra de Justicia Dolores Delgado comparece en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados «para explicar las gestiones realizadas por su Ministerio para defender ante un tribunal civil belga la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles, tal y como solicitó el Consejo General del Poder Judicial”.
Y es que entre los días 24 y 27 de agosto el Ejecutivo de Sánchez en la persona de la ministra vivía sus peores días a cuenta de la defensa del magistrado del Tribunal Supremo instructor de la causa por el ‘procés’, Pablo Llarena.
Magistrado y ‘ciudadano’
La distinción entre la parte pública y privada del magistrado para ejercer esa defensa provocó que el propio presidente tomara cartas en el asunto para dejar claro que no habría límites a la hora de defender la soberanía de España.
Las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) expresaron su preocupación y rechazo a que se hiciera esta matización y reprochaban al Ejecutivo de desconocer el funcionamiento de la jurisdicción belga.
En referencia al comunicado inicial del Ministerio donde se afirmaba que si la jurisdicción española «se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda, el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España’, jueces y fiscales en su escrito conjunto señalaban que «solo se entiende desde el desconocimiento absoluto de los trámites procesales –o peor aún, desde el propósito de no hacer nada-, puesto que el ordenamiento belga exige que, previamente a la vista que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la demanda, se aleguen –previa personación- las cuestiones que pudieran obstar para la admisibilidad, en particular las de carácter procesal como la inmunidad jurisdiccional o la falta de jurisdicción-, de manera que, si no se invocan con antelación, una vez iniciada la vista –y admitida, en su caso, la demanda- ya no podrán ser alegadas”.
No obstante, la titular del departamento ha sostenido todo este tiempo que no hubo rectificación como tal porque en todo momento se ha estado hablando de lo mismo, es decir, que el Gobierno defendería al juez Llarena «hasta las últimas consecuencias», como declaró en una entrevista radiofónica.
«No existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia», dijo Delgado sobre las diferentes posturas que se habían dado a conocer. Ese mismo día explicó que la polémica se generó porque se publicaron «determinadas informaciones», que podían ser «interesadas o intoxicadas», en las que se «manejaba documentación que no eran informes definitivos» y en la que no se entraba en el fondo del contenido de la demanda porque el Gobierno no la tenía.
El Gobierno dio por zanjada la polémica, cerró la contratación de un bufete belga y, según fuentes de Moncloa, hay una “absoluta confianza” en la ministra.
Ofensiva política
El PP había exigido la dimisión de Delgado o su cese por el presidente del Gobierno por su “inacción” en la defensa del magistrado Llarena.
Asimismo, los portavoces del Grupo Popular en el Congreso y en el Senado, Dolors Montserrat e Ignacio Cosidó, habían anunciado una interpelación a la ministra en el Senado sobre este asunto, tras la cual presentarán una moción para reprobar a la titular de Justicia. Una propuesta similar se presentaría después en el Congreso.
La intención del PP de reprobar a la ministra en el Senado -donde los ‘populares’ gozan de mayoría absoluta– no es más que una estrategia de “papel mojado” para el Ejecutivo, dado que esa iniciativa se limita a manifestar una denuncia política de Delgado, sin más consecuencias.
Por su parte, Cs también ha pedido que explique «sus reticencias a que el Estado asuma la defensa» del magistrado del Tribunal Supremo. Y el Grupo Mixto quiere saber por qué el Gobierno considera que las afirmaciones por las que ha sido denunciado el juez Llarena por los líderes independentistas pasen de ser de «carácter privado» a «una cuestión de Estado».
El pasado 4 de septiembre, la juez belga que estudia la demanda de Puigdemont y los exconsejeros huidos aplazó la vista hasta el próximo 25 después de que el abogado en Bélgica del magistrado del Supremo lo solicitase con el objetivo de que el Reino de España pueda personarse en la causa. Además, el letrado pidió que este caso sea llevado por un tribunal de tres jueces debido a que se trata de un asunto excepcional.
