La reforma procesal penal pendiente, elemento clave para frenar la corrupción en nuestro país

La reforma procesal penal pendiente, elemento clave para frenar la corrupción en nuestro país

Según el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, la vocal del CGPJ Mar Cabrejas y la presidenta del CGAE Victoria Ortega
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12/9/2018 06:15
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Actualizado: 12/9/2018 01:14
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La lucha contra la corrupción necesita de más medios materiales y humanos y de «una reforma profunda” del modelo vigente del proceso penal que consista en ceder a la Fiscalía la fase de investigación, con el fin de ofrecer una respuesta más efectiva a la delincuencia.

Es una de las conclusiones de la mesa redonda en la que intervinieron Alejandro Luzón, fiscal Jefe Anticorrupción, Mar Cabrejas, vocal del CGPJ, la presidenta del CGAE, Victoria Ortega y Manuel Villoria, vicepresidente de Transparencia Internacional en una jornada celebrada en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia que conmemoró el 25 aniversario de esta asociación no gubernamental.

Sobre el diagnóstico de la corrupción y la forma de enfrentarse a ella tuvo lugar la intervención de estos cuatro juristas. Para el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, es muy importante que se «potencien» los órganos anticorrupción para así acceder a «modernas técnicas de investigación» y poder «aventajar a los delincuentes».

Para el fiscal, hay que combinar el trabajo punitivo de persecución de la corrupción de jueces y fiscales, con otros modelos preventivos. “No es fácil contestar la pregunta de si hay más corrupción ahora que entonces. Lo que está claro, y ahí están los barómetros del CIS es que la corrupción, junto con el desempleo y los políticos son los tres cuestiones que más preocupan a los españoles”.

Luzón insistió que, en la actualidad, «la moderna corrupción tiene poco que ver con la tradicional» porque se está ligando a otra delincuencia como el blanqueo de capitales o tráfico de drogas. Desde esta perspectiva considera que es  «necesario abordar soluciones para mejorar y ser más eficaces».

A este respecto indicó que los órganos judiciales y aquellos que persiguen el crimen deben hacer autocrítica. “Creo que desde la Fiscalía hay un déficit de comunicación y debemos contar mejor las cosas”. E indicó que es comprensible, aunque no comparte esa idea, que la sociedad sostenga la tesis de la «ineficacia de la justicia y de que no se trata igual a los poderosos».

Aseguró  que es «estéril» debatir si ahora existe más corrupción que antes porque «no hay datos empíricos» pero «lo que sí está claro» es que la sociedad se preocupa por esta problemática que está llevando «a un desencanto de las instituciones democráticas».

Cuestiones como los aforamientos de muchos políticos, la concesión de indultos y algunas absoluciones inesperadas “contribuyen a crear ese clima de desencanto sobre la percepción de la corrupción. Ahora hay que pelear contra la criminalidad organizada que suele tener muchos medios para lograr sus objetivos”, apuntó este jurista.

Por su parte, Mar Cabrejas, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y responsable de transparencia en el órgano de Gobierno de los jueces, explicó a los asistentes como desde el 2004 el propio CGPJ había asumido trabajar para situarse a la cabeza de las instituciones que apuestan por la transparencia. El acuerdo suscrito ese año con Transparencia Internacional y renovado este año “nos hace cumplir más obligaciones”.

Recordó que es importante el trabajo de jueces, fiscales y abogados contra la corrupción. “Es fundamental que exista la visión de que quien incumple la ley o se quiere beneficiar de ello tendrá su castigo, pese a la lentitud de la justicia”. Y recordó que en el portal de transparencia del CGPJ “hay desde el pasado año un repositorio judicial con datos sobre procedimientos por delitos de corrupción, de acceso público y que permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores que se actualiza trimestralmente».

Cabrejas se mostró partidaria de una nueva reforma procesal penal . “Se trata de perseguir los delitos del siglo XXI con unos procedimientos actuales. Es el momento de un cambio profundo en el procedimiento penal para que, gracias a una investigación más eficiente, el fiscal aborde la instrucción de estos asuntos». También recordó que la falta de medios y personal cualificado es un obstáculo para la lucha contra esta lacra.

La vocal del CGPJ hizo un llamamiento público a que la lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos. “Hay que reducir al mínimo el nivel de tolerancia contra esta lacra. Junto con la fase de lucha contra el crimen es bueno fomentar otra más preventiva donde el uso de la transparencia, entre otras herramientas ayude a frenar estas malas prácticas. Es muy importante que los ciudadanos pidan a sus instituciones que les rindan cuentas”, subrayó.

La transparencia y la corrupción

En su intervención, Victoria Ortega, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), agradeció al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo estatal que impulsa las políticas de transparencia en nuestro país, su opinión sobre que la Abogacía Española es una institución transparente. “Es una buena noticia, pero debemos seguir trabajando en esa dirección”, destacó.

Ortega que recordó las palabras de Antonio Garrigues cuando se refirió a que “la tentación del dinero fácil siempre está ahí”, recordó que la transparencia es uno de los pilares de cualquier organización democrática. “En los últimos diez años, más del 45% de la sociedad muestra su preocupación por la corrupción, dato que ha crecido exponencialmente en esta década ante determinados acontecimientos”.

También indicó las dos últimas reformas del Código Penal, de 2010 y con posterioridad la del 2015, que introdujeron la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la necesidad de contar con sistemas de prevención de aquellos riesgos a los que la organización estén sometidos. “Los ciudadanos deben tener derecho a saber lo que hace la Administración Publica y por qué lo hace”, indicó.

A este respecto recordó la necesidad de que las instituciones “tengan un plus ético a la hora de realizar las cosas y no solo se limiten a cumplir la ley». Al mismo tiempo coincidió con sus compañeros de mesa en que “faltan medios y personal especializado para luchar contra la corrupción de forma eficiente. La reforma procesal penal aquí planteada también ayudaría mucho a la lucha contra el crimen”.

La presidenta del CGAE coincidió también en que hay una falta de apego a las instituciones importantes por parte de la sociedad. “Es el momento de formar a la sociedad en el respeto a lo público para que luego entiendan que su defensa es importante. La educación en este tipo de valores es importante para que conozcan nuestros ciudadanos cómo funcionan las instituciones y qué derechos tienen ante ella, sobre todo de acceso a la información.

Por último, Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid destacó que falta un plan estratégico global para luchar contra la corrupción. “Esperemos que el actual Gobierno realice dicho plan con medidas concretas. Es fundamental que existan canales de denuncia y que se proteja a los denunciantes que avisen de estos comportamientos irregulares”.

Urge un plan estratégico global contra la corrupción que defina bien cómo combatir esta lacra, establezca canales de denuncia y proteja a los denunciantes de estos hechos

A su juicio, se han hecho más avances a nivel de empresa privada, donde se han desarrollado sistemas de cumplimiento normativo que en las administraciones publicas. “Hay que trabajar más a nivel preventivo y que crezcan los niveles de transparencia en empresas públicas y organismos municipales locales, sobre todo.

También recordó la necesidad de contar con una sociedad civil activa “que pida a sus dirigentes rendir cuentas”, así como unos medios de comunicación libres que puedan en determinados momentos criticar las situaciones existentes desde su independencia”.

Al mismo tiempo recordó la necesidad de dotar de más medios al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sin presidente desde el fallecimiento de Esther Arizmendi en noviembre del 2017.

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