En el Pleno del Senado que se está celebrando esta tarde, la ministra de Justicia Dolores Delgado será reprobada con la mayoría absoluta de los ‘populares’ por el trato dado al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la demanda civil interpuesta contra él en los tribunales belgas por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros políticos catalanes huidos de la justicia española.
Y lo hará con una Moción suscrita por el senador del Grupo Parlamentario Popular, Ignacio Cosidó a la que ha tenido acceso Confilegal.
En el texto se argumenta la reprobación propuesta «ante el desamparo y abandono que la ministra ha pretendido causar al Poder Judicial en la persona de un Magistrado del Tribunal Supremo, la posterior rectificación sobre su decisión realizada por el propio presidente del Gobierno y el acreditado engaño de que no había habido ningún cambio en la posición del Ministerio», propone la reprobación de la ministra.
La interpelación en el Senado que no convenció
La Moción es consecuencia de una interpelación en el Senado presentada por el Grupo Popular a la que la ministra respondió con «explicaciones que no ofrecieron una versión ni siquiera mínimamente convincente, ni aclararon porque la ministra había faltado a la verdad al decir que su intención siempre fue la de defender al juez Llarena».
Para los populares, la gravedad de todo el iter del asunto «en el que primero la ministra decide abandonar a su suerte al juez Llarena, segundo, es rectificada por el propio presidente del Gobierno y tercero, miente descaradamente a los españoles», propició que se pidiera su cese en un primer momento y su dimisión en la última sesión plenaria.
«Declaraciones ajenas al proceso»
La Moción hace un recorrido cronológico de los hechos que se inicia con las declaraciones realizadas por el magistrado Llarena en las que matizaba que sólo se refería a los procedimientos de los que él formaba parte, y la posterior interposición de la demanda de los líderes del procès en la que «se cuestionaba la imparcialidad del juez, también comparaba nuestro país con Kazajistán, insinuaba que en España se vulneraban los derechos fundamentales de la minoría independentista y muy especialmente pretendía poner en jaque la inmunidad de la jurisdicción española».
Una vez que la demanda fue analizada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), concluía que «una simple y somera lectura de la demanda pone de manifiesto que los procesados han urdido una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado del Tribunal Supremo, intentando, sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero».
También la Abogacía del Estado se pronunció a favor de que la defensa del juez Llarena fuese asumida por el Estado, considerando que «concurrían los requisitos previstos para autorizar la representación y defensa del juez Llarena ante el juzgado de Bruselas».
Recuerda la Moción que con los citados antecedentes, la ministra «decidió personalmente que su Ministerio no ejerciese la obligada protección en defensa del magistrado y que las declaraciones realizadas por el juez no merecían el amparo del Estado, al tratarse de unas declaraciones ajenas al proceso».
Reacción del mundo jurídico y rectificación de Moncloa
«El mundo jurídico español elevó una protesta prácticamente unánime considerando inaceptable el abandono que producía en el poder judicial la decisión de la ministra», añade la Moción.
Y matiza que tras varios días en que Asociaciones de jueces y fiscales y distintos partidos políticos «elevaron el tono de las quejas», el presidente del Gobierno «se vió forzado a rectificar a su ministra anunciando un domingo por la tarde su cambio de postura, decidiendo, entonces sí», que iba a defender al magistrado Llarena ante la jurisdicción belga.
Al día siguiente la ministra realizó unas declaraciones radiofónicas en las que aseguraba que su Ministerio «en ningún momento había cambiado de posición, aún cuando los comunicados del mismo acreditaban lo contrario, intentando confundir a la opinión pública», señala el grupo popular.
