La Fiscal General del Estado, María José Segarra, ha reprochado hoy a la juez Carmen Rodríguez-Medel Nieto, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que diese traslado al Tribunal Supremo de la investigación sobre el Máster del presidente del PP, Pablo Casado, sin haber recabado antes informe de la Fiscalía madrileña, que no llegó a oponerse.
«Si nos hubiese dado traslado antes, quizá hubiese sido otra la posición de la Fiscalía, pero notificó que iba al Supremo», ha señalado en declaraciones a los medios, para explicar que no ha habido «descoordinación ni contradicción» entre la Fiscalía de Madrid y la del Tribunal Supremo, que sí se opuso a la investigación, en el caso de Pablo Casado.
Por eso, Segarra insiste en que «disparidad de criterios no existe como tal», sino dos pronunciamientos sucesivos sobre «conductas personales», las de Pablo Casado, en las que «hay que hacer un abordaje personal».
Respecto al auto que dictó ayer Rodríguez-Medel en el que archivó la causa por prevaricación y cohecho, pero mantiene la imputación de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por falsedad documental, Segarra no ha descartado que se vaya a recurrir.
«Del auto del Tribunal Supremo creo que no se desprende una resolución como la dictada y por tanto, está en estudio y en su caso, si se recurre se informará», ha señalado.
LA JUEZ DEL CASO MÁSTER REPROCHA QUE CADA VEZ SEA MÁS DIFÍCIL ABRIR UNA INSTRUCCIÓN
Por su parte, la juez del ‘caso Máster’, ha reprochado a la Fiscalía del Tribunal Supremo que a raíz de su informe, contrario a investigar a Pablo Casado, sea cada vez más difícil abrir una instrucción ante la exigencia de que haya «indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal».
En el auto en el que dictó ayer el sobreseimento del ‘caso Máster’ en cuanto a los delitos de prevaricación y cohecho impropio, dedicó un apartado a examinar las consecuencias del informe del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, a la hora de abrir una investigación.
El fiscal aludía en su informe a la falta de «indicios incontestables» que llevasen a concluir que Casado podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación a la hora de obtener su Máster, y destacaba que la apertura de un procedimiento penal «requiere un sustrato necesario, sólido fácticamente».
Rodríguez-Medel señala que «resulta imprescindible puntualizar que, al modesto entender de esta instructora, se está elevando notablemente las exigencias habituales de la jurisprudencia para abrir una instrucción penal y citar a cualquier persona a declarar como investigado».
