La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción Central nº 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, la reapertura de las piezas separadas 2 y 3 del ‘Caso Tándem’ que investiga la trama fraudulenta del excomisario José Manuel Villarejo.
Se trata de las piezas ‘IRON’ y ‘LAND’, respectivamente, teniendo en cuenta que después de su sobreseimiento provisional parcial dictados el 30 de julio de 2018 «se han hallado nuevos elementos incriminatorios contra todas las personas involucradas, y en particular, contra los siete investigados que se vieron afectados por las decisiones de archivo», señala la Fiscalía en un comunicado.
Las nuevas pruebas serían constitutivas de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y falsedad en documento mercantil.
Ambas piezas se cerraron «precipitadamente» por el instructor, dice Anticorrupción, lo que llevó a la presentación el 13 de agosto de 2018 de dos recursos pendientes de resolución por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Según el Ministerio Fiscal, «los avances en el análisis de la documentación incautada en los registros practicados el pasado mes de noviembre, permiten seguir ampliando las fuentes de prueba en todas las líneas abiertas en la presente investigación sobre las actividades delictivas de una organización incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía especialmente sensibles para la seguridad del Estado en los últimos quince años».
Pieza ‘IRON’
En esta pieza, la II, se investigó a cuatro directivos del despacho de abogados Herrero y Asociados a los que la Fiscalía les atribuyó los delitos de revelación y descubrimiento de secretos y cohecho.
Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez, como socios mayoritarios del despacho Herrero y Asociados, así como María Ángeles Moreno, directora del departamento de marcas externas del bufete, se encontraban en graves problemas económicos ante la situación que se originó en mayo de 2012 con la marcha de profesionales y la coincidencia con la formación de otro despacho de abogados, creado con las personas que se habían ido, y que se dedicaba a la misma actividad profesional, lo que supuso la pérdida de muchos de sus clientes.
En esta situación, los cuatro anteriores decidieron acudir a Villarejo y Rafael Redondo con el fin de que hicieran un informe de seguimiento del despacho Balder IP ante la sospecha de que las personas que abandonaron Herrero y Asociados se hubieran apropiado de la información que constaba en la base de datos del despacho, especialmente la relativa a los clientes, que intentaban y lograron captar, iniciándose un grave conflicto interno entre los socios.
El encargo, según explicó el juez en su auto de sobreseimiento, se hizo de manera verbal a Villarejo y a Redondo en su calidad de detectives privados y con la finalidad de realizar un estudio del seguimiento de las personas que se habían marchado de la firma a la competencia.
Según De Egea, Villarejo y su socio Redondo no les comunicaron cómo se llevaría cabo la ejecución del proyecto, cuales iban a ser las técnicas de investigación sobre la mercantil ni el formato en el que el sería entregado el trabajo, denominado “Proyecto Iron”.
Pieza ‘LAND’
En este caso, la investigación de la pieza III se centró en Francisco Lorenzo Peñalver y Susana García-Cereceda, hija esta última del promotor de la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón en Madrid.
Para quedarse con el control de la firma Procisa, la inmobiliaria que creó La Finca, habrían contratado los servicios de Villarejo para que realizara un informe que favoreciese a Susana frente a su hermana en la lucha por la herencia y que pudo contribuir a la inhabilitación de Yolanda García-Cereceda que quedó bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.
La Fiscalía solicita que se dejen sin efecto los sobreseimientos acordados «sin esperar a la resolución de los recursos» y explica que con la solicitud de formación de piezas separadas desde su inicio, lo que pretende es «la simplificación y la más adecuada ordenación» de esta macrocausa.
La solicitud de reapertura de la investigación de ambas piezas separadas supone una actuación procesal que posibilite su rápido enjuiciamiento, concluye Anticorrupción.
