El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, comenzará a tomar declaración el próximo miércoles a los implicados en el llamado ‘frente de cárceles’ afín a DAESH.
Se les acusa de formar parte de un grupo yihadista dedicado a captar, adoctrinar y radicalizar a otros presos.
Pedraz empezará por su cabecilla, Mohamed Achraf, encarcelado en 2004 en el trascurso de la Operación Nova que desmanteló una célula de la yihad, y las otras tres personas que habrían estado dinamizando la red junto a él.
Achraf, condenado a 14 años de prisión debía salir de la cárcel dentro de dos semanas al haber cumplido la pena. Sin embargo, no es previsible que vaya a quedar en libertad mientras esté siendo investigado como el supuesto cabecilla del grupo.
Las declaraciones se practicarán desde la cárcel por vídeo conferencia dada la complejidad de los traslados porque los investigados por estos hechos, un total de 23 personas, se encuentran repartidos por 17 prisiones españolas, lo que supone el 55% de los centros penitenciarios que alojan presos vinculados a este tipo de terrorismo.
Se trata de la primera operación que se desarrolla en Europa contra un entramado afín a DAESH cuya actividad se ha desarrollado íntegramente en la cárcel.
El grupo investigado está compuesto tanto por presos con antecedentes previos por delitos de terrorismo yihadista catalogados como presos FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), como por presos comunes cuyo proceso de radicalización se ha iniciado durante su estancia en prisión.
Entre ellos, se encuentran varios ciudadanos españoles conversos o en proceso de conversión.
También están dos de los condenados por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, Jamal Zougan y Hassan El Haski.
Para el proceso de captación y adoctrinamiento, el grupo combinaba tanto la interacción física entre internos, dentro de los propios centros penitenciarios, como cartas. De ahí que hubiera comunicación con reclusos ubicados en distintas prisiones.
“Frente de Cárceles”
El grupo estaba integrado por varios dinamizadores, que no solamente se dedicaban a captar a internos próximos a DAESH sino que también buscaban cohesionar a los presos encarcelados por delitos de terrorismo.
De esta forma, pretendían fraguar el embrión de un “Frente de Cárceles” yihadista por lo que la investigación apunta a que «la mayoría de los individuos investigados, lejos de alcanzar los objetivos de reinserción social, se han mantenido activos en la militancia yihadista, acrecentando su proceso de radicalización durante su estancia en prisión».
En esta línea también mantiene que, más allá de su finalidad proselitista, la actividad del grupo podría ir más lejos, si se tienen en cuenta hechos como los ataques yihadistas en el interior de la prisión francesa de Osny en el año 2016, en el que un interno atacó a varios funcionarios de prisiones, y el protagonizado en 2018 en Lieja (Bélgica) cuando, durante un permiso penitenciario, un interno radicalizado asesinó a dos policías y a un civil.
De ahí, que la propia existencia del grupo se entienda como un potencial riesgo para la seguridad. Más aún teniendo en cuenta la próxima puesta en libertad de varios de los sujetos investigados.
