La magistrada española Rosario Silva de Lapuerta ha sido elegida vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea compuesto por 28 jueces y diez abogados generales, tras la renovación parcial de los miembros de este órgano judicial con sede en Luxemburgo.
Ocupará este cargo para los próximos tres años, hasta el próximo 6 de octubre de 2021, sucediendo a Antonio Tizzano.
Silva Lapuerta tiene una amplia experiencia en la Unión Europea y en su legislación. Lleva más de 15 años en Luxemburgo. Primero como jefe del Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y como subdirectora general de Asistencia Jurídica Comunitaria e Internacional en la Abogacía General del Estado en el Ministerio de Justicia.
Posteriormente, como juez en el TJUE, donde lleva ejerciendo desde que fuera elegida magistrada por España en octubre de 2003. En 2014 renovó su mandato, nuevamente, hasta el 6 de octubre de 2021.
Nacida en 1954 es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fue la primera mujer abogada del Estado de la historia (1978). Estuvo destinada en la Abogacía del Estado en Málaga, así como en el Servicio Jurídico del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y en el Servicio Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En su trayectoria también ha estado al frente de la Delegación Española en el Grupo de ‘Amigos de la Presidencia’ para la reforma del sistema jurisdiccional comunitario en el Tratado de Niza y del Grupo ad hoc del Consejo Tribunal de Justicia.
Es profesora de Derecho Comunitario en la Escuela Diplomática de Madrid y codirectora de la revista ‘Noticias de la Unión Europea’.
Es hermana de Marta Silva de Lapuerta que fue la máxima responsable de la Abogacía del Estado hasta 2016.
El papel del TJUE
El TJUE está compuesto por un juez de cada Estado miembro y por abogados generales. Los jueces y los abogados generales son designados, de común acuerdo, por los gobiernos de los Estados miembros por un periodo de seis años, renovable.
Se seleccionan entre juristas que reúnen las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones jurisdiccionales en sus respectivos países.
Las dos funciones principales del Tribunal son: comprobar que los actos de las instituciones europeas y de los Gobiernos son compatibles con los Tratados (recurso por incumplimiento, recurso por omisión y recurso de anulación); pronunciarse, a petición de un tribunal nacional, sobre la interpretación o validez de las disposiciones del Derecho comunitario (petición de decisión prejudicial).
