La presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, Isabel Rodríguez García, ante la vista privilegiada que de la Carrera de San Jerónimo tiene en su despacho, en el antiguo edificio del Banco Exterior. Carlos Berbell/Confilegal.
Isabel Rodríguez: «El sistema presidencialista no ha mejorado el funcionamiento del CGPJ»
ES PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
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21/10/2018 06:15
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Actualizado: 20/10/2018 22:12
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El despacho que ocupa Isabel Rodríguez García, de 37 años, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en la cuarta planta del antiguo edificio del Banco Exterior, en la Carrera de San Jerónimo, tiene una vista privilegiada. Desde su ventana principal se puede ver la entrada de Las Cortes.
Tiene algo de magnético. Es como si se mirara un cuadro. Y es lógico. Lo que se ve, un trajín continuo de personas y de coches, invita a ello.
Es un lugar de trabajo con pocas cosas personales. La vida va muy rápida. Desde el 20 de julio del año pasado, fecha en el que tomó el testigo de manos de Margarita Robles, que pasó a ser portavoz del Grupo Socialista, le corresponde ordenar y coordinar los trabajos de la Comisión de Justicia.
«Aunque no lo parezca, es un trabajo muy intenso. Mi labor consiste en ordenar los trabajos de la Comisión y de mantener una buena coordinación y diálogo con todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Ahí tengo que decir que me lo ponen bastante fácil, porque tengo muy buena relación con todos ellos», explica Isabel Rodríguez.
Joven y sobradamente preparada. Esta descripción se ajusta como un guante a su persona. Licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, fue secretaria general de las Juventudes Socialistas de Ciudad Real.
Nacida en Abenojar, esta castellana-manchega, se convirtió en senadora con 23 años (2003-2007), cargos que abandonó para ser directora general de Juventud del gobierno autonómico de Castilla-La Mancha (2007), portavoz de ese mismo gobierno, que presidió José María Barreda (2008-2011). Y diputada en las últimas tres legislaturas.
Mi desaparecido amigo, José Sancho, un día me contó que cuando se preparaba sus papeles siempre tenía en cuenta quiénes eran los padres de sus personajes, de dónde venían. Porque eso le ayudaba a comprenderlos mejor. ¿En su caso, cuál es la profesión de su padre, si me permite la pregunta?
Mi padre es un trabajador. Ha hecho de todo el hombre para criarnos a las tres hijas. Ha trabajado en el campo y en la construcción. Hemos tenido un negocio familiar. Mi madre ha trabajado mucho en casa, sin cotizar, como millones de mujeres en este país.
Mis padres son dos currantes.
Yo soy la hija mayor de una familia humilde que nunca olvido mis orígenes y que tiene muy presente las lecciones que me dieron mis padres para la vida. Son lecciones que estoy transmitiendo a mis hijos.
Isabel Rodríguez es madre de dos hijos pequeños, que tiene muy presente sus orígenes, y a los que está transmitiendo los valores que le dieron sus padres. Carlos Berbell/Confilegal.
Los principales grupos políticos, menos Ciudadanos, finalmente han llegado a un acuerdo para derogar parcialmente la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que llevó a cabo el Gobierno del PP en 2013, bajo el impulso del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Galardón, y que instauró en el Consejo General del Poder Judicial un sistema presidencialista. ¿Es una buena noticia?
El sistema presidencialista no ha mejorado el funcionamiento del CGPJ. No ha sido positivo. Por eso hay que reformar la LOPJ sí o sí. Había que introducir mejoras en el funcionamiento del CGPJ. Una relación de más participación y responsabilidad de todos sus miembros resultará positivo .
Es importante para que la política de respuestas. También para legitimar al órgano de gobierno de los jueces, que también ha sufrido en estos años de crisis su propia legitimidad ante la ciudadanía.
Es un acuerdo que parte de una proposición de Ley del PP, de la que cuelgan unas enmiendas del PNV y de ERC que contemplan tres bloques básicos y que comprenden la devolución de los permisos y licencias restados en 2012, con la crisis, la organización del Consejo, con un regreso a un sistema colegiado, con los 20 vocales a tiempo completo, y una tercera parte de medidas de igual relevancia. El acuerdo es mayoritario. Ciudadanos se ha quedado fuera.
¿Estará todo aprobado antes de que se elija el nuevo Consejo General del Poder Judicial, antes de diciembre?
Hay voluntad general de la mayoría de los grupos políticos de darle la mayor velocidad a la reforma tanto en el Congreso como en el Senado.
También estamos con otra modificación importante, que es la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece los plazos de instrucción para las causas sencillas y complejas.
Es un artículo que todo el mundo desea modificar. Incluso el nuevo líder del PP se ha comprometido con las asociaciones de jueces y fiscales. Sin embargo tengo que decir que semana sí, y semana también, nos amplían esos plazos de enmiendas.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, formada por 324 políticos, eligen a los 47 magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no por ellos se pone en tela de juicio su legitimidad
Una de las chinas en el zapato de cualquier acuerdo es el sistema de elección de los 12 vocales jueces, que elige directamente el Parlamento desde el año 1985. Ciudadanos apuesta porque los elijan los 5.500 jueces. ¿Cómo se soluciona este nudo gordiano?
Ahí, para decir verdad, el partido que se quedó solo con ese planteamiento ha sido Ciudadanos. Y ya no sé si siguen manteniendo ese planteamiento o han cambiado. Porque cambian mucho de planteamiento. Dicen una cosa y a los pocos meses dicen otra.
En relación a ese debate, a mí no me parece que no hay nada más democrático que seamos nosotros, los diputados y los senadores, en quienes la ciudadanía ha depositado la soberanía nacional, los que participemos en esos procesos de elección.
¿Se puede hacer mejor? Claro que sí. Y ahí es donde se tratan de buscar fórmulas adaptadas, además, a los nuevos tiempos en los que vivimos, de mayor transparencia, de mayor concurrencia, de más publicidad. Hay mucho camino por recorrer.
Pero yo no creo que sea más democrático que los jueces elijan a sus representantes que lo hagamos aquellos que hemos sido elegidos por los ciudadanos.
Por poner un ejemplo europeo: Es la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, formada por 324 políticos, la que elige a los 47 magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, uno por cada país miembro, de entre una terna de candidatos propuestos por los respectivos gobiernos.
Nadie pone en tela de juicio la legitimidad –una legitimidad parlamentaria, como la nuestra- de estos magistrados para emitir sentencias sobre la infracción o no de los derechos humanos en Europa.
Pero sí se pone en tela de juicio que suceda lo mismo en España para elegir a los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial. Contradictorio, ¿no?
¿Comparte usted la idea de que los ciudadanos no entienden para qué sirve el CGPJ? ¿Es un problema de personas o de estructuras?
Es un problema de estructuras, pero las personas contribuyen a cambiar la imagen de esas estructuras.
Creo que el poder judicial es el poder que menos ha evolucionado en la cercanía con la ciudadanía.
Ahora que conmemoramos el 40 aniversario de la Constitución y de nuestra democracia, soy de la opinión de que al poder judicial le queda todavía mucho recorrido para adaptarse a estos años de trayectoria democrática.
Es necesario que la ciudadanía lo sienta como un poder aliado en la defensa de sus derechos.
Para Isabel Rodríguez la percepción de que a los políticos no les importa lo que suceda con la Justicia no obedece a una imagen real. Carlos Berbell/Confilegal.
¿Por qué existe la impresión generalizada entre las gentes de la justicia que a ustedes, los políticos, la cosa les importa un carajo?
Las percepciones que la gente tiene pueden haberse generado por determinadas circunstancias. Pero no obedece a la realidad. Claro que nos importa. Y mucho.
Yo creo que la justicia, como la política, ha sufrido en los últimos años un alejamiento de la ciudadanía. Es importante que recuperemos esa confianza porque forma parte esencial de nuestra democracia.
Espero que estos cambios que se han producido en la política española, y que han puesto a prueba nuestra propia democracia, contribuyan también a fortalecer la sensación y la imagen que los ciudadanos tienen de la justicia, que, en muchos casos, no se compadece con el funcionamiento de la propia justicia.
El fracaso de la Subcomisión para el estudio y la definición de una Estrategia Nacional de Justicia después de un año de trabajos, en “modo consenso”, desilusionó a mucha gente. No sirvió para nada. De ahí la impresión extendida de que no está en la voluntad de este Parlamento llegar a ningún acuerdo.
Sí, por eso el paralelismo que hacía yo también sobre el desprestigio de la política para los ciudadanos. Y lo unía a la justicia.
En ocasiones, quizá en demasiadas, nos dedicamos mucho a nosotros mismos, a proteger nuestro ideario, nuestro programa, sin tratar de dar respuesta a lo que se está esperando ahí fuera de nosotros.
Es verdad que hubiera sido deseable alcanzar un acuerdo, unas líneas básicas, pero se frustró porque cada uno quiso arrancar su cachito de su programa electoral sin poner en común aquello que nos unía.
Yo soy optimista y positiva por convicción y creo que aquello sí que sirvió para sacar algo positivo. Recibimos mucha información de todos los operadores jurídicos. Y la tenemos asumida. Está muy presente en los trabajos de otras leyes y proyectos sobre los que trabajamos en la Comisión.
Sin duda, servirán para ese ansiado pacto por la justicia que, espero, que más pronto que tarde sea una realidad.
Yo creo que la justicia, como la política, ha sufrido en los últimos años un alejamiento de la ciudadanía. Es importante que recuperemos esa confianza porque forma parte esencial de nuestra democracia
¿Qué le parece a usted de que la oposición sea el sistema de acceso principal para acceder a la carrera judicial o fiscal?
Los sistemas de oposición son sistemas garantistas. Ahora bien, las oposiciones no están al alcance de todos los bolsillos, de todas las familias. Puede haber personas que, por motivos económicos, no se atrevan a dar ese paso.
Yo lo que creo es que hay democratizar también las formas de acceder a ambas carreras vía becas y demás ayudas, para que sea más sencillo y para que no exista esa barrera económica que, en algunas ocasiones, cuando he tenido la oportunidad de hablar con jueces y fiscales, me dicen que no se corresponde con la realidad.
Puede haber un sistema de ayudas, pero que, a priori, para una persona que no tiene recursos en su casa, puede ser una barrera para el acceso.
El no tener mayoría en el Parlamento, ¿es una buena experiencia para el futuro?
Yo recuerdo en mis tiempos de estudiante, mis profesores de derecho constitucional o de derecho electoral se quejaban que cuando hay gobierno los diputados se dedican a sostener al gobierno pero no tienen un verdadero trabajo parlamentario. Y cuando se está en la oposición hay más cancha.
Pero aquí el esquema se ha roto completamente. Porque es cierto que el gobierno impulsa sus proyectos, pero el grupo que representa al gobierno, que es minoritario, solo no puede proteger esas iniciativas y tenemos que inventar otro tipo de trabajo con otros grupos para sacar adelante las inicaitivas que no tienen por qué ser los proyectos de ley que llegan del gobierno sino que pueden ser otras iniciativas, otros proyectos de ley que podemos trabajar en la cámara.
Como soy optimista por convencimiento, creo que es una buena oportunidad para practicar un parlamentarismo que hasta ahora no habíamos trabajado en nuestros país.
Estas nuevas circunstancias requieren una reforma a fondo del Reglamento de la Cámara para no encontrarnos con situaciones como la de la dichosa enmienda 32 donde una mayoría en la Mesa del Congreso impide el debate de una enmienda en el seno de una comisión cuando esa mayoría en la mesa no representa a la mayoría del hemiciclo. Es una anomalía. Por eso creo que hay que actualizar las reglas a esta otra realidad.
En opinión de Isabel Rodríguez, habría que articular ayudas para aquellos estudiantes que, por falta de recursos económicos, no pueden hacer la oposición a la carrera judicial o fiscal. Carlos Berbell/Confilegal.
¿Qué opina usted de la campaña mediática de desprestigio existente puesta en marcha por el separatismo catalán contra los jueces y fiscales?
Es una campaña no solo contra jueces y fiscales sino contra todo lo que sea el Estado y nuestras instituciones democráticas.
Cada uno tenemos que combatirla desde nuestro ámbito de competencia. Es uno de los programas más graves que tiene nuestro país.
Nuestra responsabilidad, la de los políticos, está en dar una respuesta política hacia la convivencia, hacia el diálogo, que es en lo que se está empeñando el nuevo Goibenro, y que le faltó al anterior.
Hay que separar totalmente ambos ámbitos.
Y desde el ámbito judicial hay que aplicar la ley y trabajar conforme a derecho.
La estrategia legal de los abogados de los políticos presos separatistas es retrasar lo mayor posible la celebración del juicio en el Tribunal Supremo, quizá para que coincida con las elecciones europeas y municipales. ¿Representa un peligro para la democracia?
Me tomo tan a rajatabla que tenemos que separarlo que no deberíamos entrar siquiera en ese juego. Ellos tienen su legítimo derecho a la defensa.
Yo desearía que su defensa pensara más en la defensa de los acusados que en estrategias políticas. Sería mucho mejor para los intereses de su defensa. Si manejan otro tipo de estrategias, allá ellos.
Yo les recomendaría que se centraran en el ejercicio de esa defensa. Porque para hacer política ya estamos los políticos.
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