Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la IGAE./ EP
El perito de la IGAE Ángel Turrión cree que Hacienda ‘tenía que conocer’ las ayudas de los ERE sin crédito presupuestario
Hoy ha concluido la prueba pericial de la pieza política de los ERE tras 26 sesiones celebradas desde el 11 de septiembre
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22/10/2018 14:33
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Actualizado: 22/10/2018 14:33
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El perito de la Intervención del Estado (IGAE) Ángel Turrión considera «claro» que el consejero de Hacienda «tenía que conocer» que Empleo estaba comprometiendo ayudas de los ERE sin crédito presupuestario.
Así lo ha manifestado hoy en el juicio de la pieza política del caso ERE, en la que son juzgados 22 exaltos cargos de la Junta por presunta prevaricación y malversación.
Este lunes, la prueba pericial ha llegado a su fin, después de mes y medio y 26 sesiones, con el interrogatorio de la defensa del exinterventor de la Junta Manuel Gómez, el letrado José Rebollo, a los peritos que inició el viernes.
El abogado ha exhibido dos informes de la Intervención General para un proyecto de decreto del año 2000 y para un proyecto orden reguladora de las ayudas de 2004, respectivamente.
Según Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de auxilio judicial pertenecientes a la IGAE, en el informe para el proyecto de decreto del 2000 la Intervención General «habla de la necesidad de usar el concepto presupuestario adecuado y de la convocatoria de las ayudas con unos requisitos para los beneficiarios».
Además, dice que «establece que si el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) va a participar en el sistema de concesión de ayudas como entidad colaboradora debe quedar fijado en las bases de las mismas».
Este proyecto de decreto, según el letrado, pasó tres veces por el ‘consejillo’ de viceconsejeros y que presidía el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, por lo que «los asistentes sí debieron conocer los requisitos», según Turrión.
Para la IGAE, si se hubiera aprobado la orden de regulación de las subvenciones de 2004 «hubiera habido fiscalización previa de las ayudas y se habrían evitado las deficiencias» detectadas.
En este punto, José Ignacio López, el perito propuesto por la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ha apuntado que en sendos informes de la Intervención General se «omite» en análisis del título competencial de las ayudas, que no es el subvencional sino el recogido en la Orden Ministerial de 1995.
La material laboral «no es competencia de Andalucía y por tanto el Consejo de Gobierno y el consejero de Empleo no podía regular esta material por ser estatal».
Además, según Turrión, el informe de la Intervención General sobre la orden de 2004 también «hace referencia al concepto presupuestario adecuado, subvenciones a familias y entidades sin fines de lucro, en lugar de las transferencias de financiación y poner fin al procedimiento establecido anteriormente».
El último bloque del interrogatorio de Rebollo ha girado en torno los posibles anticipos de pagos por parte de IFA, y ha expuesto cinco supuestos casos, Hamsa, Jerez Industrial, Santana y en dos ocasiones en Delphi.
Si bien, la IGAE ha señalado que sólo tiene certeza en dos de los supuestos que se abonaran parte de las ayudas antes del traspaso de fondos desde la Dirección General de Trabajo a IFA/IDEA a través de las transferencias de financiación.
Exhibida parte de la declaración de Manuel Gómez en la comisión de investigación sobre las ayudas de los ERE en el Parlamento de Andalucía, donde explicaba la razón de la remisión de los informes de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA al titular de Hacienda, como en el caso del programa presupuestario 31L con el se pagaban las ayudas, por «la insuficiencia presupuestaria».
Para Turrión está «claro» que la Ley General de Hacienda Pública y el Reglamento de la Intervención General de la Junta contempla la remisión de informes al consejero de Hacienda para que, si así lo estima y considera procedente, pueda someter al Consejo de Gobierno los aspectos relevantes de los informes.
«Está claro que ante una circunstancia como es la inexistencia de crédito y asumir obligaciones de pagos, obviamente el consejero de Hacienda tenía que conocer un tema de tanta importancia, no formal ni administrativo, sino esencial dentro de la tramitación de los expedientes de subvenciones», ha concluido Turrión.
Por su parte, Juan Zornoza, perito propuesto por la defensa del expresidente Griñán y del exdirector general de Presupuestos Antonio Lozano, ha reiterado «la inexistencia de obligación legal del consejero de Hacienda» en virtud de los informes.
Además, ha indicado que las «deficiencias» recogidos en los informes «daban lugar a que los acuerdos de Control Financiero Permanente del Consejo de Gobierno recogiesen medidas sobre las propuestas de la Intervención. Los consejeros y el Consejo de Gobierno cumplieron sus obligaciones».
Sobre las 11 de la mañana ha concluido el interrogatorio del abogado José Rebollo a los nueve peritos, dándose de esta manera por finalizada la prueba pericial conjunta, que comenzó el pasado 11 de septiembre.
EL JUEZ CALLE HA AGRADECIDO A LOS 9 PERITOS LA PACIENCIA QUE HAN TENIDO POR LA DURACIÓN DE LA PRUEBA
Terminado el interrogatorio de Rebollo, el presidente del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, Juan Antonio Calle, ha agradecido a los nueve peritos su labor y «paciencia» por la duración de la prueba, y los abogados han pedido un breve receso para «despedirse» de los peritos, aprovechando, incluso, algunos para hacerse algunas fotos con ellos.
A continuación, el fiscal anticorrupción Juan Enrique Egocheaga ha tomado la palabra para dar comienzo a la fase documental del juicio, que previsiblemente se desarrollará hoy, mañana y el miércoles.
Concluida la documental, el 29 de octubre llegará el turno de la presentación por las partes -Fiscalía, acusaciones del PP-A y Manos Limpias y las defensas-, de las calificaciones y sus informes, lo que supondrá que los 22 acusados vuelvan a asistir a la Audiencia Provincial de Sevilla para seguir el desarrollo del juicio ‘in situ’.
La Sala le permitió ausentarse del mismo durante la fase testifical, pericial y documental.
El expresidente de la Junta Manuel Chaves, los exconsejeros Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, el exviceconsejero José Salgueiro, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa y el exjefe de los Servicios Jurídicos Francisco del Río ya no se enfrentan a penas de prisión, al retirar el tribunal la acusación de asociación ilícita, un delito por el que el PP, que ejerce la acusación popular en el juicio, pedía dos años de cárcel para cada uno.
Ninguno de ellos está acusado de malversación, sino sólo de prevaricación, castigada con inhabilitación.
El resto, entre ellos el expresidente de la Junta José Antonio Griñán y cuatro exconsejeros, sí afrontan de 6 a 8 años de cárcel por presunta malversación, y 30 años de inhabilitación.
Por su parte, el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por presunta prevaricación y malversación. Es uno de los principales implicados en el caso ERE, y de los pocos que ha pisado la cárcel.
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