La instrucción dice que “la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes no constituye infracción si no representa un riesgo o peligro para ellos, su familia, las instalaciones o las operaciones policiales”./ EP
El PP exige explicaciones a Grande-Marlaska por su ‘desconfianza’ en el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Tras la circular remitida por Interior a los agentes, de la que sindicatos policiales advierten que ‘desactiva una medida que protege la seguridad de los agentes frente al acoso y las amenazas’
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22/10/2018 06:15
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Actualizado: 21/10/2018 23:47
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«No se puede eliminar una ley, como es la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, con una instrucción interna. Se modifican en el Parlamento y no mediante instrucciones cuando cambia el Gobierno”. Así lo manifiesta la portavoz adjunta del PP en el Senado, Cristina Ayala.
Ayer lanzó un comunicado criticando la circular que el Ministerio del Interior remitió el pasado miércoles a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que dice que “la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes no constituye infracción si no representa un riesgo o peligro para ellos, su familia, las instalaciones o las operaciones policiales”.
Ayala hace hincapié en que «si apostamos y confiamos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo hacemos hasta el final y eso significa dotarles de los suficientes mecanismos de seguridad para su actuación”.
Para la portavoz adjunta del PP en la Cámara Álta, “el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pretende derogar de facto» esta Ley Orgánica, e insiste en que sólo puede modificarla el Parlamento.
La ‘popular’ afirma que “estamos ante otra prueba más de la sumisión de Pedro Sánchez ante Pablo Iglesias al entregar un nuevo cheque en blanco a Podemos para que apoye los Presupuestos Generales del Estado”.
Dice que el presidente del Gobierno «prefiere seguir las indicaciones de los que visitan a acusados de rebelión contra España en la cárcel, que son los mismos que desmantelan la unidad de antidisturbios en Barcelona”.
Y añade que “no es nuevo que el PSOE no defienda a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad» y destaca que «ya retiró los recursos de la Ley de Abusos Policiales en la ley vasca”.
En la nota de prensa anuncia que el PP pide la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska «para que explique su desconfianza en el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» e informe sobre la citada circular, enviada por la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre los cacheos y la interpretación de determinadas infracciones relacionadas con la Ley de protección de la Seguridad Ciudadana.
Destaca que la comparecencia de Grande-Marlaska “es más que necesaria, porque estamos ante un acto vergonzoso y, una vez más, demuestran el poco respeto democrático que tienen al Parlamento, cuando en este momento la Ley se está tramitando en el Congreso de los diputados”.
“Cada día se demuestra que votar al PSOE es votar a Podemos”, apostilla.
La senadora por Burgos recuerda que la Ley de protección de la Seguridad Ciudadana obtuvo el «apoyo mayoritario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» del Estado, recogió sus demandas con un «consenso aplastante», y que el objetivo de dicha ley siempre fue «reforzar su autoridad y protegerles mejor frente a posibles usos indebidos de sus propias imágenes».
Hace hincapié en que “cuando alguien graba imágenes a nuestras Fuerzas de Seguridad no suele ser para el recuerdo, sino para difundirlas y acosar con ello tanto a los agentes como a sus familias”.
«Si apostamos y confiamos en ellos, lo hacemos hasta el final y eso significa dotarles de los suficientes mecanismos de seguridad para su actuación”, sentencia.
Además, pide que de anularse esta Ley, se «explique cómo van a regular las identificaciones policiales o cómo se va producir el registro corporal de un sospechoso de portar armas”.
Defiende que la Ley de protección de Seguridad Ciudadana siempre ha sido una garantía no sólo para los ciudadanos, sino también para nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y concluye diciendo que “es lamentable que el PSOE no sea capaz de marcar distancias con Podemos, ni siquiera a la hora de defender a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
“Después presumirán en Twitter que tenemos unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobresalientes, pero pretenden dejarles sin herramientas para ser más eficaces en la lucha contra la delincuencia”, espeta.
LOS SINDICATOS POLICIALES MAYORITARIOS: ‘ESTA CIRCULAR SOMETE NUESTRO TRABAJO A UN ENTORNO DE MAYOR RIESGO’
Como ha informado Confilegal, los sindicatos mayoritarios de la Policía están que trinan con la citada instrucción sobre la Ley de Seguridad Ciudadana.
La Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), cargan en particular contra la instrucción cuarta de la circular, sobre el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 36.23).
Denuncian que «desactiva una medida esencial contemplada en dicha ley que protege la seguridad de los policías frente al acoso y las amenazas».
Los cuatro sindicatos mayoritarios destacan que la imagen de un policía de servicio tomada mediante un dispositivo de grabación constituye un dato de carácter personal y su inclusión en redes sociales o soportes de Internet de cualquier tipo supone un tratamiento no autorizado.
Consideran que los matices que Interior introduce ahora “sólo pueden ser entendidos como un subterfugio para desactivar ese artículo y lograr que no se pueda aplicar una sanción frente a un comportamiento que amenace la seguridad de los agentes que trabajan en las calles”.
“Somete nuestro trabajo a un entorno de mayor riesgo al establecer exigencias y requisitos para una sanción administrativa que busca proteger mejor a los compañeros frente a intentos de señalamiento, amenazas, acoso y persecución por el ejercicio de sus funciones”, advierten.
Además, destacan que conllevará “más trabas para su aplicación, más obstáculos para su cumplimentación y, en definitiva, un claro intento de abolir por la vía de los hechos una parte de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que defiende a los policías nacionales”.
También denuncian que Interior se arrogue este nuevo enfoque interpretativo de la Ley “puesto que es el Tribunal Constitucional el encargado de someter a parámetros de idoneidad jurídica una norma sobre derechos fundamentales”.
“Se trataría de una vía alternativa para desactivar preventivamente esa norma en un ámbito político, escapando de las limitaciones que establece el Poder Legislativo”, subrayan.
7 ASOCIACIONES DE LA GUARDIA CIVIL ESTÁN ‘INTRANQUILAS’ POR CÓMO PUEDEN AFECTAR LAS NUEVAS INSTRUCCIONES A SU INTEGRIDAD
Las principales asociaciones de la Guardia Civil también se muestran «intranquilas» ante cómo las nuevas instrucciones de Interior pueden afectar a su integridad, «desmontando parte de la Ley de Seguridad».
Se trata de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), la Union de Guardias Civiles (UniónGC), la Asociación PRO Guardia Civil (APROGC), Unión Oficiales (UO) y la Asociación Profesional de Cabos.
El pasado sábado lanzaron una nota de prensa conjunta en la que advierten que «alguna de las instrucciones acerca de cuestiones relativas a procedimientos policiales y demás aspectos relacionados con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 4/2015 (LOPSC) ha provocado intranquilidad entre los guardias civiles y las asociaciones profesionales ante el futuro ejercicio de sus funciones».
Especifican que han causado «alarma y malestar entre los componentes del instituto armado las diferentes indicaciones vertidas en dicha instrucción que van a suponer de manera práctica un aumento en las trabas y requisitos formales y procedimentales para realizar buena parte de las actividades policiales, como son los registros corporales externos, situaciones que deriven en desobediencias o resistencias a los agentes o faltas de respeto y consideración a los mismos».
Entre las directrices de la SES que consideran «poco afortunadas» citan la relativa al artículo 36.23 de la LOPSC sobre el “uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Las asociaciones profesionales consideran que «estando en alerta 4 antiterrorista, la SES debería tener muy presente este hecho para velar por la propia seguridad de los componentes de esta institución».
Destacan que en la instrucción, la SES indica que “para que los hechos sean constitutivos de infracción es necesario que se haga uso de las imágenes (…) y que se ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias”.
Desde las citadas asociaciones se preguntan qué significa realmente un uso irregular para que se ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias.
Expresan que «el simple hecho de tomar una instantánea ya supone que una persona tiene en su poder una imagen del agente o de sus familias; imagen que con la tecnología actual puede hacerse viral en redes sociales o internet en cuestión de minutos».
«¿Acaso tenemos que esperar a que nuestra seguridad esté claramente en riesgo y ya no haya remedio para poder denunciar ese acto?», se preguntan sobre la polémica intrucción.
También recuerdan que precisamente este apartado fue introducido en la LOPSC al ser una demanda compartida por todos los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y se preguntan cómo se han dictado estas instrucciones «sin tener en cuenta la opinión de los profesionales que ponen en juego su vida cada día».
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