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El Gobierno confía que la directiva de Copyright genere seguridad jurídica pese a la crítica de los expertos

Carlos Sanchez Almeida, Carlos Guervos, Carlos Lema, moderados por Carolina Pina y Miguel Peguera.
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La futura directiva de Copyright no satisface a los expertos que ven aún lagunas en su articulado mientras que el Gobierno español cree que tendrá la seguridad jurídica suficiente para ampliar el acceso a los contenidos y mejorar las remuneraciones de los artistas.

Es una de las conclusiones del debate que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) sobre esta directiva aprobada en septiembre con un texto bastante modificado que no escapa a la crítica de los expertos.

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Este debate contó con la presencia de Carlos Guervós, subdirector general de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y Deportes; Carolina Pina, socia de Propiedad Intelectual en Garrigues; Miquel Peguera, profesor de Derecho Mercantil en la UOC y consultor en Cuatrecasas; Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Todos ellos moderados por Carlos Lema, presidente de la Sección de Propiedad Intelectual e Industrial del ICAM.

Para Carlos Guervós, que sustituyó a ultima ahora a Adriana Moscoso en este debate, nueva directora General de Industrias Culturales en el Ministerio de Cultura, “la falta de aprobación de la Directiva ocasiona una divergencia y un déficit de competitividad en el sector de la cultura y los bienes culturales de la UE”.

Desde su punto de vista es necesario tener una legislación adecuada al momento digital que vive la sociedad y evitar tener 28 legislaciones de propiedad intelectual diferentes. “La postura del Gobierno no ha cambiado en estos meses. Queremos que se apruebe dicha directiva copyright y que se protejan los derechos de autor y las remuneraciones de los creadores”.

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Guervos recordó que nuestro país es la cuarta potencia editorial. “Somos moderadamente optimistas en la aprobación de esta Directiva que es esencial para España y que debe dar seguridad jurídica, garantizar el equilibrio entre los operadores así como la competencia en igualdad de condiciones y que reciban la contraprestación que les corresponde”.

Para este técnico del Ministerio de Cultura es fundamental que el Trilogo, negociaciones entre Consejo, Comisión Europea y Parlamento Europeo lleguen a buen puerto y se cristalicen antes de final de año. Y añadió: “Ojalá tengamos una Directiva que garantice la mayor creación cultural y un mayor acceso a la misma en plazo. Tenemos las elecciones al Parlamento Europeo muy próximas, en mayo del 2019”.

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Riesgo de censura

Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) , su director legal Carlos Sánchez Almeida señaló que “esta Ley por determinados artículos indefinidos podría ser un  virus que limita las libertades”. Para este abogado, muy crítico con esta directiva “hay que dar gracias a la sociedad civil por ponerse al frente de la protesta y conseguir que el texto de la directiva comunitaria, el que se votó en septiembre, fuera tan diferente al original”.

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Para Sánchez Almeida, gracias a la enmienda 20 recogida en el considerando 21 ter, “quedan protegidos los ‘memes’ como creación y al margen de cualquier filtrado que los prestadores de servicio deban poner en marcha, recoja gran parte de peticiones de cambio, reflejadas casi todas en la enmienda 133”.

Comentó que los nuevos considerandos de la Directiva reconocen el derecho de cita y parodia, pero el articulado no lo garantiza: “La Propiedad Intelectual se podrá utilizar para censurar contenidos críticos, como ocurrió con el vídeo ‘Avertefue'”.

Y añadió que desde la PDLI se rechaza la censura mediante algoritmos. Consideran que sólo el poder judicial está legitimado para retirar contenidos que afecten a la libertad de expresión en internet. “Tan importante va a ser el código jurídico como el código informático para defender nuestros derechos. Debe haber una supervisión humana a la hora de evitar la vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual”, subrayó.

Carlos Sánchez Almeida y Carlos Guervos.

Por su parte, Carolina Pina resaltó que “la Directiva suscita innumerables controversias y cuenta con un innegable impacto económico en todos los sectores y ámbitos”.

Según señaló, el artículo 13 está siendo el más polémico por el impacto económico que implica: “Se refiere a las plataformas que posibilitan que los usuarios suban los contenidos, cuyo marco legal dispone que estas plataformas disfruten de una exclusión de responsabilidad por el conocimiento efectivo de la infracción”.

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Y recordó que la idea de la Directiva sobre que las plataformas de Internet supervisen los contenidos choca con el artículo 15 de la Directiva de comercio electrónico que prohíbe a los Estados imponer obligaciones de supervisión general a las plataformas tecnológicas.

“Afectaría no sólo al negocio sino también a la libertad de expresión”, indicó Pina. De esta manera solo cuando después de recibir la notificación no se retira ese contenido, la plataforma es responsable de la infracción.

También destacó que “la tutela de los derechos de propiedad intelectual es crucial, pero cualquier cambio debe hacerse sin que limite el desarrollo tecnológico ni los derechos fundamentales”.

Para esta experta es necesario en ese Trilogo que se mejore el texto de la futura directiva. “Esperemos  que haya una mejora sustancial del texto actual. No sólo puede, por sus contradicciones, perjudicar al mercado único digital y crear inseguridad jurídica sino a derechos fundamentales como son la libertad de expresión e información”.

Por último, Miguel Peguera destacó las implicaciones mercantiles de la entrada en vigor de esta nueva directiva europea sobre copyright y derechos de autor. Según comentó en su intervención : “La explotación económica de los contenidos exige que esta directiva se armonice con todo aquello de trasfondo económico que ya impone la directiva vigente de comercio electrónico”.

Peguera también se refirió al artículo 13 que “alberga una zona gris en cuanto al filtrado de contenidos con ocasión de cómo ha de entenderse la supervisión de carácter general de los mismos”, y a las barreras que pueden suponer poner en marcha los mecanismos de filtrado para los pequeños operadores. Habrá que ver en la práctica cómo se lleva a cabo este control de los contenidos posiblemente ilícitos.

El debate continuará el próximo 4 de diciembre en la sede de la Fundación Pons, días antes de que se conozca si esta directiva llega en plazo para su implementación.

En ese nuevo foro los organizadores tienen previsto que nuevos agentes y afectados por la aplicación de esta norma analicen el impacto social y económico que su transposición puede provocar en la sociedad española. Una normativa necesaria para que los creadores puedan recibir también sus contraprestaciones del nuevo entorno digital.