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Afectados por Préstamos Renta reclaman al Consejo de Transparencia la información que les niega el Gobierno

La situación de estos miles de afectados sigue siendo compleja porque los bancos siguen reclamando el préstamo público concedido e intereses en algunos casos
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Poco ha cambiado la situación de los miles de jóvenes afectados por los Préstamos Renta Universidad pese a que Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación e Universidades, se comprometiera a resolver este asunto tal y como manifestó en el Congreso de los Diputados a petición de Unidos Podemos.

El primer paso fue una reunión en el propio Ministerio con estos jóvenes afectados a la que acudieron  José Manuel Pingarrón, secretario General de Universidades, parte de su equipo y responsables del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

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Miguel Angel Llamas, portavoz y abogado de la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad, recuerda el tono cordial de la reunión aunque reconoce que no se concretó nada. “Nosotros les propusimos varias vías jurídicas, entre ellas aprobar un Real Decreto o una Orden Ministerial,  para resolver el problema pero ahí quedó la cosa. Solo en buenas problemas”.  Desde el Ministerio les indicaron que la solución podría llegar antes del pasado 5 de octubre.

Al parecer la respuesta dada desde el Ministerio es apoyar la proposición de Ley de Unidos Podemos “y que ahí estaría las bases de la solución. Sin embargo, aunque se recogen nuestras reivindicaciones, no podemos esperar a la tramitación parlamentaria porque es un escenario muy lento. Creemos que el Gobierno puede resolver el tema por otras vías mas diligentes”, explica Llamas.

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Desde este colectivo se muestra preocupación ante cierta parálisis que ha llegado al Ministerio de Pedro Duque. “Da la sensación que no es un tema prioritario para ellos, cuando todos los días tenemos una llamada de algún compañero ante la reclamación de las entidades bancarias de dicho préstamo. La situación de incertidumbre y precariedad de este colectivo de afectados es importante y requiere una solución ya rápida”.

“Las malas prácticas bancarias están ahí. Estamos planteando reclamaciones cada vez que nos llega una, pero echamos en falta sanciones o requerimientos a dichas entidades bancarias para que dejen de actuar de esta forma”, comenta Llamas.

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Nuestro interlocutor recuerda que en la Ley General de Subvenciones que afecta a las entidades bancarias en este tipo de situaciones, ya existe un régimen de sanciones que se debería haber puesto en acción.

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Denegar la información

En esta situación, esta plataforma de afectados recibió, además, la notificación de que el propio Gobierno acordó denegar el acceso a la información solicitada en el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado en relación con los convenios suscritos entre el ICO, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía y Empresa, y las entidades financieras colaboradoras en el programa público de préstamos universitarios.

El rechazo de esta petición, acordado mediante resolución del ICO, se justifica por que la entrega de los contratos socavaría los intereses económicos y comerciales de las entidades financieras al resultar de aplicación la Directiva de Secretos Comerciales: “Facilitar tales contratos vulneraría los intereses económicos y comerciales del ICO y entidades firmantes (tal y como se definen en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas)”.

Además, la resolución denegatoria afirma que “dichos contratos están protegidos por la confidencialidad, por lo que no disponiendo de la autorización de las entidades firmantes, al ICO no le resulta legalmente posible su divulgación.

La Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad, a través de su abogado, presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya que considera que la denegación de la información “vulnera de manera flagrante el derecho de acceso a la información establecido en la Ley de Transparencia”.

“Ni siquiera sabemos qué criterios se tomaron en consideración para elegir las entidades financieras que iban a dar estos préstamos. No sabemos el tipo de contrato que es. Y hablar de confidencialidad en este tipo de contratos causa bochorno. No es justificación clara”, apunta Llamas.

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Para este jurista, “la denegación de la información supone una irregularidad más que se une a la larga lista de tropelías cometidas por las entidades financieras y el propio Gobierno. No parece muy coherente que el ministro Pedro Duque se comprometa públicamente a solucionar el problema y que, a día de hoy, no haya dado ningún paso salvo el de declarar secretos comerciales unos contratos públicos que afectan a miles de personas”.

Un préstamo que tiene endeudados a miles de jóvenes

El programa Préstamos Renta Universidad se creó el 2007 por el Gobierno socialista para financiar mediante préstamos públicos los estudios de máster y doctorado. A partir de la segunda convocatoria, el Gobierno eliminó el umbral de devolución de 22.000 euros anuales y continuó ofreciendo estos instrumentos bajo denominación de “préstamo renta”.

A raíz de este cambio sustancial, miles de personas que hoy se encuentran en paro o con trabajos precarios no pueden hacer frente al pago de las cuotas.

Las entidades financieras colaboradoras están cobrando a las personas afectadas comisiones e intereses de demora a pesar de que los préstamos fueron concedidos con dinero público, e incluso un Juzgado acordó embargar los escasos ahorros de una joven tras la demanda de una entidad financiera.

La propuesta que se está tramitando en el Congreso de los Diputados a partir de la proposición de Ley presentada por Unidos Podemos solucionaría la difícil situación de miles de jóvenes que suscribieron préstamos universitarios para realizar sus estudios de posgrados, ya que sólo tendrían que reembolsar los préstamos si superan el umbral de renta previsto en la primera convocatoria.

Los contratos solicitados por la Asociación de Afectados regulan las condiciones y beneficios que obtienen las entidades financieras por colaborar en el programa de préstamos universitarios. Los préstamos fueron concedidos con fondos públicos, por lo que las entidades financieras no han asumido ningún riesgo. Los bancos ofrecían su red de oficinas para formalizar las operaciones a cambio de captar miles de clientes.

“No podemos esperar a la tramitación parlamentaria que es muy lenta. Hay que buscar otra solución”, finaliza Llamas.