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El consejero de Interior catalán declara hoy como imputado por promover el 1-O entre los alcaldes

TAMBIÉN COMPARECERÁ NEUS LLOVERAS, ALCALDESA DE VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)La plataforma 'Hablamos Español' también se ha querellado contra Miquel Buch por presunta prevaricación./ EP
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El consejero de Interior catalán, Miquel Buch, y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, ambos del PDeCAT, comparecen hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) en calidad de investigados. Buch, por presuntamente haber promovido el referéndum ilegal del 1-O entre los alcaldes y Lloveras, por supuestamente haberles emplazado a facilitar locales para celebrarlo.

Ambos están acusados de presunta desobediencia.

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La primera en declarar ante el juez Jordi Seguí será Lloveras, a las 10.

Los imputados llegarán al tribunal arropados por el presidente autonómico catalán, Quim Torra, y el Govern en pleno, según ha informado la Generalitat en un comunicado, y también por las ejecutivas de ambas entidades municipalistas y varios alcaldes.

El consejero de Interior catalán, Miquel Buch, y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, Neus Llovera./ EP

La alcaldesa de Vilanova i la Geltrú afirma que se trata de una querella “por hacer política, por expresar públicamente el apoyo al referéndum”.

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El consejero dice que el juicio que más le preocupa es el de sus hijos y sus nietos. “Quiero mirarles a los ojos y decirles que hacemos todo lo posible para la libertad de Cataluña”, manifiesta.

Su citación se produce a raíz de una querella que la Fiscalía presentó contra ellos en septiembre de 2017, cuando Buch era presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y alcalde de Premià de Mar (Barcelona) y Llovera de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y diputada en el Parlamento catalán por JxSí..

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El Ministerio Público les atribuía los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos por emplazar a los alcaldes a promover el referéndum y a facilitar locales para celebrar el 1-O.

Considera que hicieron “actos inequívocos de promoción y organización del referéndum”, pese a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, con el envío a los alcaldes catalanes el modelo de decreto de alcaldía a favor del referéndum y de los carteles de promoción de la campaña.

El TSJCat la admitió a trámite, pero sólo por el delito de desobediencia.

Cuando el Tribunal Supremo asumió la causa por presunta rebelión contra los líderes independentistas, el TSJCat remitió la investigación sobre Buch y Lloveras al magistrado Pablo Llarena, para evitar “resoluciones contradictorias” y posibilitar “la investigación y enjuiciamiento conjunto” del caso ‘procés’.

Sin embargo, el juez Llarena la devolvió al TSJCat, “sin perjuicio de que la actuación que se les atribuye pueda ser determinante de una responsabilidad penal distinta a la que aquí se depura”.

La querella se dio a conocer el mismo día que empezó la campaña del 1-O. Llovera denunció en el acto central celebrado aquel día por los independentistas que era un ataque al mundo municipal que demostraba que España es “un Estado en decadencia y sin valores democráticos”.

El magistrado instructor del caso, Jordi Seguí, señala que Buch y Lloveras enviaron el 6 de septiembre de 2017 un correo a alcaldes catalanes indicándoles que “debían proceder a confirmar la disponibilidad de los locales de votación” y se les facilitaban “un modelo de decreto de alcaldía para mostrar su apoyo político al referéndum”.

Dice que el 12 de septiembre volvieron a enviarles otro correo “bajo el rótulo ‘material de campaña para el referéndum del 1 de octubre’, que contenía el modelo de sendos carteles de fomento de la participación y -en el caso de la AMI- de defensa del voto afirmativo”.

Asimismo, Lloveras mandó un tercero el 13 de septiembre, una vez que el Constitucional había difundido que iban a notificar a los alcaldes la suspensión cautelar del 1-O y las consecuencias de su incumplimiento, Neus LLoveras remitió un nuevo correo a los regidores catalanes con un informe jurídico que defiende la legalidad del procés y la inexistencia de delito alguno.

El informe que LLoveras adjuntó fue elaborado por SITxCAT (un grupo integrado por funcionarios públicos partidarios de la independencia, formado secretarios, interventores y tesoreros de la administración local).

“Con esta retorcida tesis se pretende conceder una supuesta cobertura jurídica” a la celebración del referéndum de autodeterminación, destacaba la Fiscalía en su escrito.

Indica que “con estas conductas, los querellados, como responsables públicos municipales y como máximos responsables de sus asociaciones, han puesto de manifiesto su total desprecio a los pronunciamientos del TC”.