La PAH reclama al Gobierno que la reforma hipotecaria elimine las cláusulas abusivas como exige el TJUE
Señalan que en el estado que se encuentra la reforma podría activar cientos de ejecuciones hipotecarias
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12/11/2018 06:15
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Actualizado: 23/3/2022 11:35
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En este contexto en el que el Gobierno, tras la aprobación del Real Decreto Ley sobre el IAJD, ha pisado el acelerador para aprobar el Proyecto de Ley Regulador de Contratos de Créditos Inmobiliarios, una norma compleja sobre la que no existe acuerdo entre los partidos políticos en lo esencial, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), salió este sábado a la calle respondiendo a la convocatoria de Podemos, para mostrar su preocupación por la situación actual.
Desde la PAH manifiestan a Confilegal su exigencia al Gobierno para que, «en aras de adaptar nuestra legislación a los estándares y derechos europeos, tenga muy presente la Directiva 93/13/CE sobre contratos celebrados entre profesionales y consumidores, así como la jurisprudencia del TJUE que rechaza moderar cláusulas abusivas y exige su eliminación, y que atienda a las enmiendas que van ese sentido”.
Para esta plataforma ciudadana es evidente que la vivienda es un mero bien de consumo, al que se accede sólo en función de la renta, ya que el parque público no alcanza ni el 2%. Además, la cultura preponderante impuesta por los poderes públicos ha sido la de la compra, por lo “que millones de ciudadanos tuvimos que firmar una hipoteca con un banco para poder comprar nuestras casas”, comenta.
También señalan que esas hipotecas siempre han estado llenas de «diferentes estafas»: cláusulas suelo, intereses de demora, IRPH, imposición a los avalistas de la renuncia a sus derechos, cesión y titulización de créditos, vencimiento anticipado…
“Estafas que desconocíamos, entre otras cosas porque la Directiva 93/13/CE no ha sido aún traspuesta a nuestra legislación”.
Y recuerdan que “fue aprobada en el último mandato de Felipe González, pero ni bajo su gobierno ni los de Aznar ni los de Zapatero ni los de Rajoy se ha llegado a hacer. La última condena a España en relación con esta directiva fue en enero de 2017 sobre la cláusula de vencimiento anticipado 23 años después de la directiva”.
Advierten que los poderes políticos mantienen la vigencia de una «legislación décimonónica, inconstitucional, ilegal en relación con las normas europeas, además de irracional, desigual entre las partes y, sobre todo, profundamente injusta».
La falta de parcialidad del Tribunal Supremo
En su opinión, el Poder Judicial, «excepto unas pocas y honrosísimas excepciones, aplica esa legislación de manera rutinaria y acrítica, como en una cadena de montaje de desahucios».
«Esto en lo que a la Justicia de a pie se refiere, porque en sus altas esferas esa súper protección les ha llevado a perder, no sólo la imparcialidad, sino hasta el pudor para, al menos intentar parecerlo», añaden.
Y recuerdan que en 2013 el Supremo dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, declarándolas abusivas, pero limitando los efectos de ese abuso a la fecha de su sentencia. “Tuvo que ser el Tribunal Europeo en 2016 el que le reiterase por enésima vez que las cláusulas abusivas no se moderan, se eliminan”.
En 2017, el Supremo sentenció que el IRPH no implicaba falta de transparencia ni abusividad. «Estamos a la espera de pronunciamiento del TJUE, y todo apunta a que será contrario a esta Suprema Banca que se reúne ahí», dicen desde la PAH.
También en 2017, y tas la sentencia europea que declaraba abusiva, y por tanto nula la cláusula de vencimiento anticipado, sentencia que habría anulado cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, es el Supremo el que plantea a Europa una cuestión prejudicial preguntado si, a pesar de ser abusiva la cláusula, se podía continuar el procedimiento; también preguntaron a Europa si, dado que las cláusulas de intereses de demora eran siempre abusivas, y había que eliminarlas, cómo podrían ser compensados los bancos por las demoras.
Para la PAH “se han producido en nuestro país más de 700.000 desahucios, sin que esto haya provocado a esos jueces la menor alarma social o económica. El Tribunal de Justicia Europeo, ha dictado alrededor de 20 sentencias que han modificado nuestra legislación, la misma que ha provocado esos desahucios, sin que ninguna Sala Judicial haya sido convocada de urgencia para revisarla y dictar doctrina modificándola”.
Bloqueo a propuestas de la PAH
Sobre los derechos de los hipotecados, comentan que «el PSOE, vía ministra Calviño, está bloqueando las enmiendas a la ley de crédito inmobiliario que desde la PAH propusimos a Unidos Podemos en materia de protección de los deudores hipotecarios».
Estas medidas son “la dación en pago, la limitación de la responsabilidad al bien hipotecado, la irrenunciabilidad de los derechos de los avalistas, cesión y titulización del crédito, entre otras”.
Desde la PAH se recuerda que “el proyecto de ley de crédito inmobiliario, fue elaborado por el banquero De Guindos antes de su marcha al BCE, con su táctica ilegal de moderar cláusulas abusivas, en este caso, de nuevo la de vencimiento anticipado”.
Creen que “de salir aprobada la ley en sus términos, se podrían reactivar cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, devolviéndonos a la situación en que los desahucios por impago de hipoteca vuelvan a superar a los de alquiler”.
Por último, denuncian que “la Ley de Vivienda de la PAH está siendo nueva víctima del fraude sistemático de PP y Cs, que van pidiendo prórroga tras prórroga del plazo de enmiendas, impidiendo su normal y rápida tramitación. Para ellos parece más importante el bloqueo en favor de grandes tenedores de vivienda (fondos buitres, bancos y socimis) que frenar los desahucios (más de 33.000 en el primer semestre de este año), o la burbuja de los alquileres o la pobreza energética”.
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