Sobre estas líneas, la magistrada María Victoria Rosell Aguilar, exdiputada de Podemos y posiblemente nueva candidata. Carlos Berbell/Confilegal.
Confilegal.
Victoria Rosell, una candidata a vocal del CGPJ con cuentas pendientes
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12/11/2018 01:00
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Actualizado: 11/11/2018 23:17
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Suena con insistencia el nombre de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria -exdiputada de Podemos-, María Victoria Rosell Aguilar, como candidata a vocal en el próximo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tiene que formarse el próximo mes de diciembre.
Un CGPJ que tiene como principal desafío recuperar la confianza de la ciudadanía en la Justicia tras 5 años de mandato presidencialista bajo la batuta de Carlos Lesmes Serrano.
Rosell Aguilar, sin embargo, no llegaría con el expediente limpio sino con «asignaturas pendientes» que son serias promesas de primeras páginas de periódicos y de apertura de informativos de televisión y radio.
Son tres. Una demanda en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y dos denuncias ante el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde.
En la del Supremo el ponente es el magistrado José Luis Requero, que forma parte de un tribunal conformado por Pablo Lucas Murillo de la Cueva y Jorge Rodríguez-Zapata Pérez -un nombre, este último, que suena como posible presidente del próximo CGPJ-. La sentencia está a punto de conocerse.
El demandante es el abogado Eduardo López Mendoza, que recurrió el archivo del expediente disciplinario abierto a Rosell Aguilar, decidido por la Comisión Disciplinaria en 2017.
El origen del conflicto se remonta a la recusación que el letrado López Mendoza presentó el 26 de noviembre de 2013 contra la magistrada, la cual estaba investigando una supuesta estafa de un cliente del abogado, al que la juez luego también extendió la imputación (el caso fue sobreseido y archivado sin llegar siquiera a juicio).
Como es preceptivo, Rosell envió la recusación a la Audiencia Provincial para que tomara una decisión. Algo que hizo el 11 de mayo de 2015. 18 meses después.
Sin embargo, según el anterior pAD, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, y el teniente fiscal, Luis Navajas, la magistrada Rosell Aguilar, en vez de abstenerse de tomarle declaración durante ese periodo de tiempo -como es obligado y está prohibido-, lo intentó en dos ocasiones. A lo que se negó López Mendoza.
En consecuencia se le abrió expediente disciplinario a Rosell Aguilar.
El promotor propuso a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un mes de suspensión en sus funciones a la magistrada como “autora responsable de una infracción disciplinaria muy grave de desatención en el cumplimiento de los deberes judiciales”, según decía la propuesta, que llevaba por fecha 6 de abril de 2017.
Navajas, en su informe -de 28 de marzo de 2017- afirmaba que los hechos merecían “una corrección terminante, por su gravedad y trascendencia”.
Tanto el pAD como el teniente fiscal proponían un mes de suspensión en sus funciones a Rosell Aguilar.
La decisión que tomó la Comisión Disciplinaria el 16 de mayo de 2017 no fue en absoluto pacífica. Al contrario, fue muy acalorada e intensa, según pudo saber Confilegal.
Finalmente se acordó por 5 votos -los de Vicente Guilarte, Ángeles Carmona, Roser Bach, Victoria Cinto y Enrique Lucas– a 2 –Wenceslao Olea y Carmen Llombart– archivar el expediente disciplinario a la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
Lo que provocó que López Mendoza recurriera esa decisión ante la Sala Tercera del Supremo, que la admitió a trámite. La letrada de la Administración de Justicia de dicha Sala, María Josefa Oliver Sánchez, requirió al CGPJ, mediante la diligencia de ordenación consiguiente de fecha 4 de julio 2017, todo el expediente administrativo de la resolución impugnada.
El magistrado Requero ha desestimado practicar prueba alguna porque todos los elementos que se precisan para tomar una decisión están incluidos.
«MOFA» A UN PERIODISTA
Las otras dos «asignaturas pendientes» corresponden al Promotor de la Acción Disciplinaria.
Una es la denuncia que presentó el 19 de septiembre contra la magistrada el periodista Juan Santana Hernández, director y presentador de «El Pulso», que emite Radio Las Palmas de 6 a 7.30 de la tarde de lunes a jueves.
Santana, en sus programas, es muy crítico con la exdiputada de Podemos. Acusa a Rosell Aguilar de haberse, supuestamente, mofado de él a través de su cuenta de Twitter.
El origen de esta denuncia fue la publicación de una foto de Santana en la cuenta de Twitter de la magistrada Rosell Aguilar, quien cuenta con 37.400 seguidores.
Hasta esta fecha, ha publicado un total de 7.892 mensajes en forma de “tuits”. Es la magistrada más activa en esta red social. Opina sobre todo.
En el mencionado tuit aparece una foto del periodista con la cara deformada, producto de un síncope que sufrió en pleno centro de Madrid; perdió el sentido y cayó de cara contra el suelo, rompiéndose los dientes.
El periodista se hizo un “selfie” y se la envió a su esposa y a dos personas más.
La magistrada Victoria Rosell con el «twit» sobre la persona del periodista Juan Santana Hernández que este considera ofensivo porque lo compara con el monstruo Shrek.
Dicha foto privada, fue modificada y colocada junto a otra de Shrek -comparándolo con el ogro-. Y es el origen de la queja que ahora investiga el CGPJ.
“La foto ha sido publicada por la juez Rosell en tw [Twitter], con el afán de mofarse de mí. Creo que la juez Rosell ha cometido un delito publicando esa foto“, afirmó Santana en la queja “on line” ante el CGPJ.
“Su Señoría lo publicó en su cuenta personal, pero retocada, junto a otra del ogro Shrek. Y una pregunta: ‘Quién es? @JUSANHER? Shrek?’. Es la imagen que capturé con mi móvil y que he adjuntado, junto con otras, en mi denuncia al CGPJ. La mantuvo en Twitter entre el 11 y el 15 de septiembre, que fue cuando la borró“, señala.
De acuerdo con el periodista canario, el 11 de septiembre abordó en su programa de radio la noticia que publicó ese mismo día Confilegal, en la que informábamos de que la Comisión Disciplinaria iba a decidir el 27 de septiembre si sancionar con un mes de suspensión de empleo y sueldo a la magistrada Rosell.
Después de aquel programa, tanto Rosell Aguilar como su pareja, Carlos Sosa Báez, publicaron la mencionada foto, la primera en paralelo con la imagen de Shrek y el segundo con comentarios jocosos.
El tuit de Rosell Aguilar podría encajar en el artículo 418.5, que considera falta grave la desconsideración respecto de los ciudadanos.
PARTICIPACIÓN EN UN ACTO CONMEMORATIVO DEL REFERÉNDUM ILEGAL DEL 1 DE OCTUBRE DE 2017
La tercera asignatura pendiente es una denuncia presentada por su compañero, Salvador Alba, por su participación, el pasado 29 de septiembre, en el acto de conmemoración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, organizado por la asociación separatista, Òmnium Cultural -cuyo presidente, Jordi Cuixart, permanece en prisión preventiva desde hace un año, ahora acusado de sedición- y por el Ayuntamiento de Barcelona en lo que fue la cárcel Modelo.
La magistrada Rosell Aguilar participó en una mesa titulada «Recoser emociones, experiencias y luchas para transformar la historia».
«La intervención, en un acto de naturaleza política y de conmemoración que tuvieron lugar el pasado 1 de octubre en Cataluña [realmente fue el 29 de septiembre, sábado] -por los que se ha iniciado dos procesos penales- está lejos de los deberes judiciales y constitucionales que vinculan a jueces y magistrados», dice la denuncia.
Junto a Rosell Aguilar tomaron parte David Fernàndez, exdiputado de la CUP y periodista, y Jordi Évole, también periodista.
David Fernández, exdiputado de la CUP, la magistrada Victoria Rosell y el periodista Jordi Évole, en una de las mesas conmemorativas del acto sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Foto: Twitter Òmnium Cultural.
La presencia de la magistrada podría ser constitutiva de una falta muy grave del artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) -«La ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales»-, que tiene relación directa con el artículo 395.1 de la misma LOPJ, que prohíbe a jueces y magistrados participar en «cualesquiera actos o reuniones públicos que no tengan carácter judicial, excepto aquéllas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial».
Evidentemente, el acto organizado por Òmnium Cultural no tenía carácter judicial.
Dia intens a la Model de Barcelona amb #1octimés. Demà seguim. Us hi esperem! pic.twitter.com/EAPEEAVDbT
— Òmnium Cultural (@omnium) September 29, 2018
RECIENTEMENTE SE SALVÓ DE UNA SANCIÓN POR LOS PELOS
La magistrada Rosell Aguilar se salvó recientemente de una sanción de un mes de suspensión de empleo y sueldo, por los pelos.
El pasado 27 de septiembre, la Comisión Disciplinaria, decidió no sancionarla porque no actuó con dolo, con intención de hacer daño, cuando publicó un «tuit», el pasado 13 de abril, en su cuenta en el que reproducía fotográficamente la primera página de un atestado de la Guardia Civil en la que aparecían los números profesionales del instructor y del secretario del caso así como la matrícula del coche denunciado.
Para el pAD y el teniente fiscal del Supremo, Rosell Aguilar incurrió en una falta muy grave de «revelación de hechos o datos conocidos por un juez o magistrado en el ejercicio de su función o con ocasión de ella” al publicar en su cuenta de Twitter un documento que formaba parte de un procedimiento judicial al que, por razón de su cargo, tuvo acceso, con del fin de opinar en redes sociales.
La decisión de archivo no fue unánime. 4 votos a favor y 3 en contra.
A favor del archivo han votado las juezas María Victoria Cinto Lapuente y Roser Bach Fabregó [ambas progresistas] y los abogados Enrique Lucas Murillo de la Cueva [elegido por el PNV] y Vicente Guilarte Gutiérrez [propuesto por el PP]; en contra, el presidente de la Comisión Disciplinaria Wenceslao Francisco Olea Godoy, la magistrada Carmen Llombart Pérez, y la letrada de la Administración de Justicia, María Ángeles Carmona Vergara, del “lado conservador”.
Copia del “tuit” publicado por Rosell en su cuenta de Twitter. El Español.
El denunciante, en esta ocasión, fue uno de los tuiteros. Presentó la queja ante el Servicio de Atención al Ciudadano del CGPJ en la que preguntaba si un juez podía difundir datos de un atestado policial; en este caso de una carátula.
Aquello puso en marcha el procedimiento de investigación, por parte del pAD, que ahora desembocó en la propuesta de sanción.
Rosell Aguilar publicó la mencionada carátula en el marco del escándalo que se generó por la supuesta falsificación de firmas de los profesores del master de Cristina Cifuentes, quien después presentó su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Aunque no era una sanción particularmente grave, porque el “correctivo” máximo en esa dirección puede llegar a los 3 años, llegó en un momento particularmente sensible para Rosell porque su nombre había sido propuesto por Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) para ocupar uno de los 12 puestos de vocales jueces en la próxima renovación del CGPJ.
Sin embargo, abre una puerta peligrosa: ¿Los jueces pueden revelar datos si argumentan que lo han hecho sin intención de causar daño?
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