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¿Qué propone Ciudadanos sobre los plazos máximos de instrucción penal?

¿Qué propone Ciudadanos sobre los plazos máximos de instrucción penal?
Ignacio Prendes, vicepresidente del Congreso de los Diputados y portavoz de Justicia de Ciudadanos. Amapola Producciones.
17/11/2018 06:15
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Actualizado: 07/6/2022 16:06
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Durante los últimos días, he podido comprobar con cierto asombro cómo algunas asociaciones y colectivos aseguraban públicamente que Ciudadanos estaba bloqueando en el Congreso una reforma clave para investigar los casos de corrupción. Nada más lejos de la realidad, como trataré de explicar a continuación.

La introducción en 2015 de los plazos máximos de instrucción

Nueve meses antes de terminar la X Legislatura (2011-2015), el Gobierno de Mariano Rajoy registró en el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

Una de las reformas que se proponían consistía en la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los efectos de, entre otras medidas, limitar a 6 meses los plazos máximos de instrucción de las causas penales, aunque con ciertas excepciones.

El artículo 324, de ahora en adelante, comenzaría de la siguiente manera: «Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas». Dos meses antes de terminar la Legislatura, se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el texto definitivo de la Ley 41/2015.

Esta reforma ha sido profundamente criticada porque, aunque aparentemente pretendía agilizar la justicia, lo cierto es que abre la posibilidad a que diversas causas judiciales penales sean sobveseídas cuando haya transcurrido el citado plazo de 6 meses sin que existan indicios racionales sobre la comisión de delitos.

Sucede, además, que lo anterior a menudo ocurre precisamente en las causas que entrañan mayor complejidad (porque, aunque el artículo prevé la posibilidad de prorrogar el plazo inicial de 6 meses, sólo puede ocurrir si el juez instructor declara antes que la instrucción es “compleja”), como pueden ser las grandes tramas de corrupción–en algunas de las cuales, como bien saben, estaba involucrado el propio Partido Popular, autor de la reforma.

Tres reformas pendientes en el Congreso de los Diputados

Es por ese motivo que, en la actual XII Legislatura, se han presentado tres iniciativas legislativas que contemplan la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que resumo a continuación, en orden de mayor a menor, según lo avanzada que se encuentra la iniciativa en el Congreso.

Como puede comprobarse en la web del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó hace dos años su Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, con el objeto de abordar de manera integral todas aquellas medidas que resultan más urgentes para combatir definitivamente el fenómeno de la corrupción. De entre éstas, son de destacar la aprobación de un Estatuto del Denunciante; la creación de una Autoridad Independientede Integridad Pública y de un Registro de lobistas; la reforma de la Ley de Transparenciaa fin de reforzar las obligaciones de la Administración Pública para con la ciudadanía; la prohibición de concurrir en listas electoralesa los políticos a los que les haya abierto juicio oral; la obligación de losaltos cargos de dimitircuando se les haya abierto juicio oral; la regulación del delito de enriquecimiento ilícito, por el responderían las autoridades y funcionarios que experimenten un incremento de su patrimonio cuyo origen no puedan acreditar; la regulación de la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticospor los delitos que cometan sus gestores y representantes públicos; la prohibición de conceder indultos por corrupción; y, por supuesto, la derogación del artículo 324de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevista en la disposición final séptimade la Proposición de Ley.

Permítanme que mencione que registramos esta iniciativa hace más de dos años (el 15 de septiembre de 2016), que el plazo para presentar enmiendas se amplió 25 veces, que dicho plazo terminó hace un año y que todavía no se ha cerrado la Ponencia, nada de lo cual, obviamente, ha sido en interés de Ciudadanos.

Pero no pondremos el grito en el cielo, como otros: sólo esperamos que su tramitación pueda acelerarse en las próximas semanas para lograr un texto definitivo y así aprobar esta reforma que tanto urge para la política y la ciudadanía española.

Resulta que, seis meses después de Ciudadanos presentara su iniciativa, el 13 de marzo de 2017, Unidos Podemos registró su Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Al contrario que la iniciativa de Ciudadanos, que pretendía una reforma de carácter integral, la proposición de Unidos Podemos tan sólo propone la derogación del citado artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Desde entonces, es cierto, el plazo para presentar enmiendas a esta iniciativa se ha ampliado en varias ocasiones.

Sin embargo, y en primer lugar, es bastante habitual acordar estas ampliaciones de plazos (de hecho, a nosotros nos ha ocurrido con nuestra iniciativa), lo cual es realizado mediante acuerdo.

Por otra parte, tal reforma ya estaba debatiéndose en el marco de nuestra Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción, por lo que era innecesaria.

Por último, aunque la primera iniciativa legislativa que se registró para la reforma de los plazos máximos de instrucción fue la Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal del PSOE, lo cierto es que ésta se encuentra todavía parada, exclusivamente por voluntad del propio PSOE: la iniciativa sigue pendiente del debate de toma en consideración en el Pleno del Congreso (el primer trámite parlamentario que ha de cumplirse antes de que comience a correr el plazo para presentación de enmiendas), cuya decisión solamente puede acordar el autor de la propuesta.

Otros debates políticos sobre el artículo 324

Al margen de lo anterior, en el Congreso de los Diputados se han debatido dos iniciativas de carácter no legislativo que proponían la reforma de los plazos máximos de instrucción, una de ellos en el Pleno, presentada por el PSOE. Recibió 206 votos a favor (incluidos los de Ciudadanos, Unidos Podemos y el PSOE), contando únicamente con la oposición del PP.

Por tanto, a día de hoy todos los partidos han manifestado ya su voluntad no dereformar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y, como he trato de evidenciar en este artículo, Ciudadanos se muestra totalmente favorable, al contrario de lo que han dicho algunos.

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