La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado hoy que de los 491 calabozos que tiene la Guardia Civil, 270 no tienen ventilación, 277 no disponen de climatización, y casi un tercio de ellos, 132, carecen de sistemas de videovigilancia.
Así lo ha advertido en un comunicado, en que explica que estos datos han sido facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita a los diputados de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado y Rafael Mayoral.
Ésta fue la pregunta de los parlamentarios:
Y esto les contestó el Gobierno:
El anexo al que el Ejecutivo hace referencia lo puede conocer pinchando aquí.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil critica que tres años después de ser fijados estos requisitos en el ‘Protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado’ «aún sigan una gran parte de las instalaciones sin adaptarse a la normativa y a las recomendaciones del Defensor del Pueblo».
Recuerda que «ya en 2015 el Ministerio del Interior se comprometió a que progresivamente todos los centros de detención fueran subsanando esas carencias».
En el citado protocolo se dispone que las instalaciones de Guardia Civil y Policía Nacional dedicadas a la custodia de detenidos “dispondrán de sistemas de video-vigilancia y grabación, que permitan el visionado en las condiciones de luz de sus habitáculos, para garantizar la integridad física y la seguridad de las personas privadas de libertad y la de los funcionarios policiales que ejercen su custodia”.
Además, establece que los calabozos deberán contar con “sistemas de ventilación y climatización que funcionen correctamente y que se acomoden a las circunstancias climatológicas”.
Este protocolo fue aprobado el 1 de octubre de 2015 por el Ministerio de Interior, dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz (PP). Lo firmó el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en la actualidad diputado del PP en el Congreso. El pasado mayo fue actualizado.
La AUGC recuerda que la anterior Defensora del Pueblo, Soledad Becerrill, «mostró públicamente su malestar por esta situación».
Desde 2011 venía instando a Interior a instalar mecanismos de videovigilancia y videograbación en las dependencias donde permanecieran personas detenidas para garantizar los derechos de los detenidos y de los propios funcionarios y personal que presta servicio en estas instalaciones.
Esas medidas, entre otras, fueron reclamadas por el Defensor del Pueblo en un informe publicado en enero del citado año, tras realizar 231 visitas preventivas y sin previo aviso a centros privativos de libertad para detectar sus debilidades.
Atendiendo a la petición del Defensor del Pueblo, el Protocolo de la Secretaría de Estado de Seguridad también establece que “el personal encargado de la custodia deberá estar adecuadamente formado en técnicas del empleo de la fuerza para la reducción e inmovilización, cacheos, primeros auxilios, uso de extintores, así como en aquellas otras materias que permitan a este personal cumplir con la obligación de garantizar la integridad física de los detenidos”.
Recoge, además, que “las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil deberán incluir programas de especialización y actualización dirigidos al personal encargado de la custodia de detenidos en los planes de formación profesional, con especial hincapié en la prevención de la comisión de conductas auto-líticas por parte de los detenidos”.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles señala que sobre estas dos últimas cuestiones, el Gobierno «se limita a responder» a la citada formación política que “la Guardia Civil dispone de un sistema de intervención operativa en cuyo marco se aprueba anualmente el Plan de actuación de técnicas de intervención operativa”.
Por su parte, la AUGC afirma que «en la Guardia Civil no se imparte una formación específica adaptada a esos cometidos, ni se tratan cuestiones como los primeros auxilios, el uso de extintores, o la prevención de la comisión de conductas auto-líticas», como establece el protocolo.
Apunta que hace unos meses la asociación reclamó ante el Consejo de la Guardia Civil que se habilitara esa formación específica, y dice que «la respuesta fue idéntica a la que ahora ha dado el Gobierno» a Unidos Podemos.
Además, la AUGC destaca que «mientras el Gobierno responde con una lacónica frase respecto a la formación de la Guardia Civil, ha ofrecido amplia y detallada información sobre las numerosas acciones formativas impartidas por la Policía Nacional a su personal en esta materia», que también fue pedida por los mismos diputados de Unidos Podemos.
La pregunta a la que se refiere:
La respuesta del Gobierno sobre dicha cuestión la puede conocer pinchando aquí.
La AUGC expresa que las respuestas dadas por el Ejecutivo contrastan. Resalta que mientras que da una «escueta información sobre las instalaciones de la Guardia Civil», ofrece «abundantes datos sobre los centros de detención de la Policía Nacional», concretando «incluso la previsión de gasto para las mejoras necesarias».
Esta asociación considera que «una vez más se ponen de manifiesto las diferencias entre los dos Cuerpos estatales», y critica que «hasta en las respuestas parlamentarias se mantenga la opacidad y falta de transparencia de la Guardia Civil».
La AUGC, que nació como un sindicato clandestino, es la decana de las asociaciones profesionales del colectivo. Cuenta con representación en todo el territorio, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo, y tiene más de 31.000 afiliados.
Su lucha por la democratización de la Institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
DESDE INTERIOR AFIRMAN QUE ‘NO SE HA INCUMPLIDO EL PROTOCOLO PORQUE ES DE PROGRESIVO CUMPLIMIENTO’
Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para conocer si se van a subsanar las carencias de esos calabozos.
Fuentes del Ministerio han manifestado a este diario que «el Gobierno no ha incumplido este protocolo porque es de progresivo cumplimiento» y que «se están acondicionando» dichas dependencias.
Han informado que desde la entrada en vigor de esta instrucción en 2015 «se han acometido anualmente obras de acondicionamiento y mejora en las áreas de detención, según las necesidades y la disponibilidad presupuestaria».
