ERC y Bildu castigan al Gobierno permitiendo la reprobación de la ministra de Justicia
Dolores Delgado durante su intervención en los Segundos Premios Confilegal. Foto: Amapola.

ERC y Bildu castigan al Gobierno permitiendo la reprobación de la ministra de Justicia

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23/11/2018 06:15
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Actualizado: 22/11/2018 23:43
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Los independentistas de ERC y sus homónimos de Bildu permitieron ayer, con su abstención, que prosperara en el Congreso de los Diputados la reprobación contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, auspiciada por el Partido Popular  por haber instado a la Abogacía General del Estado a descartar el delito de rebelión en el escrito de acusación contra los líderes separatistas encarcelados.

De esta forma, ambas formaciones independentistas -una catalana y otra vasca- han enviado un mensaje claro y diáfano al Gobierno sobre el daño que podrían hacer en un futuro si siguen absteniéndose con sus 11 votos; un músculo pequeño pero muy poderoso que pude hacer ganar o perder votaciones.

El texto de los populares salió adelante con los 167 votos sumados de PP Ciudadanos, UPN y Foro Asturias.

PSOE, Unidos Podemos, PNV, PdeCat y Compromís reunieron 162 diputados, seis por debajo de la mayoría.

Esta operación de castigo contra Delgado, reprobada por segunda vez, se produjo después del rifi rafe del martes entre el ministro de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, que acusó a Jordi Salvador, diputado de ERC, de haberle escupido cuando dejaba el hemiciclo.

En su moción, los ‘populares’ incluyeron como primer punto «reprobar la actuación de Delgado» por lo que consideran su «triste trayectoria» al frente del Ministerio de Justicia.

En la iniciativa se expresa «el reconocimiento y respeto del Congreso hacia el trabajo de todos los funcionarios» de Justicia y se insta al Gobierno a que «profundice en el funcionamiento transparente de la Administración y especialmente en la motivación de sus decisiones».

La reprobación fue debatida el martes en el Pleno y fue votada ayer, en el calor de dos acontecimientos: la renuncia del magistrado Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y la destitución de Edmundo Bal, jefe del Departamento Penal de la Abogacía del Estado, quien se negó a firmar el escrito de acusación contra los dirigentes separatistas presos rebajándolo de rebelión a sedición. 

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, exigió en los pasillos de la Cámara el cese o la dimisión de Delgado y criticó la destitución del abogado del Estado, lo que demuestra que el Gobierno de Sánchez está «arrodillado» ante el independentismo.

La renuncia de Marchena condujo al PP a anunciar que rompía el pacto para la renovación del CGPJ, que había llevado a cabo Dolores Delgado con su antecesor en el Ministerio, Rafael Catalá.

De acuerdo con declaraciones del líder del PP a la Cadena SER, Pablo Casado, la renovación del órgano de gobierno de los jueces ha salido mal por culpa de las «rivalidades internas» dentro del Gobierno en lo referido al poder judicial.

DELGADO HABÍA SIDO CENSURADA POR EL CONGRESO EL  9 DE OCTUBRE

Desde su punto de vista, fue el Gobierno quien filtró el nombre de Marchena e «hirió de muerte» un acuerdo que comenzó a fraguarse antes de que él asumiera las riendas del PP y que había aceptado asumiendo el «desgaste electoral y de partido» que podía conllevar. 

La titular de Justicia ya fue censurada por el Congreso, también a instancias del PP, el pasado 9 de octubre.

Ese día la Cámara pidió su dimisión o, en su caso, su destitución por sus dudas al respaldar al juez Pablo Llarena frente a la demanda presentada en Bélgica por Carles Puigdemont y otros encausados, por no salir al paso de las sugerencias de retirar la acusación y de indultar a los presos del ‘procés’, y por su conversación con el excomisario José Manuel Villarejo. 

Esa primera reprobación de la Cámara Baja salió adelante gracias a la abstención del grupo parlamentario de Unidos Podemos.

Una semana antes y por el mismo motivo Delgado ya había sido reprobada en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

A raíz de la decisión de Marchena, el PP ha vuelto a su posición de 2011, defendiendo que sea la carrera judicial -5.500 hombres y mujeres- los que elijan mediante voto secreto y directo a sus 12 representantes en el CGPJ, algo que propugnaba Ciudadanos.

Una giro de 180 grados que el PSOE no está dispuesto a dar.

Sigue defendiendo la elección de esos 12 vocales por el Parlamento y por una mayoría de tres quintos, o 209 diputados.

El magistrado en servicios especiales, y ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska se posicionó ayer a favor de este sistema, dándole más transparencia al proceso. Pero lo dejó muy claro: no puede entender que «un órgano de gobierno de uno de los tres poderes del Estado no esté sustentado en la soberanía popular».

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