El extesorero del PP Luis Bárcenas fue condenado a 33 años por blanqueo de capitales, falsedad continuada, apropiación indebida, contra la Hacienda Pública, estafa en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil. Foto: EP
El juez del caso Villarejo llama a declarar a Bárcenas y a su esposa como perjudicados en la operación Kitchen
LOS HA CITADO PARA EL PRÓXIMO 12 DE DICIEMBRE
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27/11/2018 10:52
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Actualizado: 27/11/2018 16:09
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El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha citado a declarar el próximo 12 de diciembre al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, en el marco de la ‘operación Kitchen’.
El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 está investigando un supuesto operativo policial que se habría puesto en marcha en 2013 y en la que estaría involucrado el comisario jubilad José Villarejo, por el que se habría pagado con fondos reservados al chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, para que sustrajera documentación sensible que el extesorero habría sustraído del partido cuando le despidieron.
Bárcenas y su esposa pueden acudir acompañados de sus abogados, pues de sus declaraciones o del contenido de la documentación sustraída podría derivarse algún tipo de consecuencia en otras causas que tienen abiertas, como la investigación de la presunta financiación irregular del PP o la trama Gürtel, por la que Bárcenas cumple 33 años de condena.
‘Kitchen’ es la séptima pieza del ‘caso Tándem’, por el que el excomisario Villarejo lleva un año en prisión preventiva, investigado por los presuntos delitos de blanqueo, organización criminal y cohecho.
La pieza ‘Kitchen’ se abrió a principios de mes, tras un atestado policial que apuntaba a la existencia de ese supuesto operativo que buscaba entrar hasta ‘la cocina’ de los Bárcenas utilizando a una persona de su confianza, para conseguir cualquier documentación comprometedora para el PP que se hubiera podido llevar. De ahí su nombre.
La operación habría consistido en convertir al chófer en confidente de la policía a cambio de una mensualidad de 2.000 euros con cargo a los fondos reservados para que se encargase de recavar esa documentación que tanto el extesorero del PP como su mujer mientras él estuvo en prisión, habrían estado trasladando.
Otro juez de la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata, que investiga la presunta caja B del PP, se ha interesado por este presunto operativo. De la Mata ha pedido a la Secretaría de Estado de Interior que remita informe urgente con todos los datos de aquel despliegue, así como que entregue la documentación que se pudiera haber intervenido, pues podría ser relevante para la causa.
De existir dicho operativo, se habría desarrollado en la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que depende de la Comisaría General de Información, y se habría sufragado con fondos reservados, y por tanto, sería materia de secretos oficiales.
Por ello, el juez De Egea pidió el pasado viernes al Consejo de Ministros que desclasifique toda la información relativa a este asunto, para que cualquier individuo que tenga información sobre él, sea investigado o testigo, pueda exponerla libremente en sede judicial, sin las limitaciones de las leyes de secretos oficiales y fondos reservados.
Además, el magistrado acordó la semana pasada imputar en esa pieza, también a petición de la Fiscalía, al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y al antiguo chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.
LA AN HA NIEGA LA LIBERTAD DE VILLAREJO POR RIESGO DE FUGA Y DE DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volvió a negar el pasado 20 de noviembre la puesta en libertad al comisario jubilado porque entiende que persisten tanto el riesgo de fuga como de destrucción de pruebasrelevantes para la instrucción del caso Tándem’, al irse “desvelando más indicios” contra él desde que ingresó en la cárcel. Además, señala que no puede descartarse que tenga patrimonio aún oculto.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo cumplió un año en prisión el pasado 5 de noviembre.
Por su parte, el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, presidente ejecutivo del despacho Lemat Abogados de Granada, ha asegurado recientemente que si a su cliente le ponen en libertad, éste “detallará” por qué sus actividades “de Inteligencia” y sus métodos “heterodoxos” eran “no sólo consentidas y aprobadas, sino aplaudidas y premiadas por todos sus superiores operativos y políticos”.
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