Los digitales 'Moncloa' y 'El Confidencial' publican hoy que "el BBVA compró a Villarejo conversaciones de Moncloa" entre De la Vega y Miguel Sebastián, y "controló teléfonos del Congreso, la sede del PSOE de Ferraz y de varios ministerios, como el de Asuntos Exteriores o el de Economía".
La AN vuelve a negar la libertad a Villarejo por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas
SEÑALA QUE NO PUEDE DESCARTARSE QUE TENGA PATRIMONIO AÚN OCULTO
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20/11/2018 16:05
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Actualizado: 27/11/2018 11:00
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La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha vuelto a negar hoy la puesta en libertad al comisario jubilado José Manuel Villarejo porque entiende que persisten tanto el riesgo de fuga como de destrucción de pruebas relevantes para la instrucción del caso Tándem’, al irse «desvelando más indicios» contra él desde que ingresó en la cárcel.
Villarejo, que el pasado 5 de noviembre cumplió un año en prisión, está investigado por los presuntos delitos de blanqueo, organización criminal y cohecho.
El tribunal que preside el magistrado Alfonso Guevara, rechaza el recurso interpuesto por la defensa de Villarejo contra la decisión del magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Diego de Egea y Torrón, que instruye el ‘Caso Tándem’, que el pasado 13 de agosto decidió mantenerle en prisión.
Villarejo alegó que no existe riesgo de ocultación de pruebas ni tampoco de reiteración delictiva «dado que ha sido destruido su bien nombre y honor» y «nadie se en atrevería a contratarle».
Además, descartó riesgo de fuga porque tiene «todo su patrimonio embargado», arraigo en España y es «conocido públicamente, lo que dificultaría su ocultación».
En su recurso afirmaba también que está «recibiendo un trato desigual respecto de otros imputados cuya libertad provisional se ha decretado precisamente porque el paso del tiempo debilitaba el riesgo de fuga».
Tanto su socio, el también comisario Enrique García Castaño, como el que fue su abogado, Nicolás Redondo, han salido bajo fianza.
Asimismo, alegaba que los indicios contra él se habían debilitado con el archivo parcial de varias de las piezas, un argumento que utilizó precisamente la Seción Tercera para avalar que García Castaño hubiese quedado en libertad tras depositar 100.000 euros de fianza.
El mismo tribunal expone el auto que ese sobreseimiento «no debilita los indicios racionales de criminalidad» frente a Villarejo, pues «afectan a terceros distintos» de él.
Considera que no puede alegar un trato desigual con Redondo y García Castaño «pues no hay constancia de que sus circunstancias sean las mismas».
La Sección Tercera, recuerda su auto que Villarejo estaba investigado al inicio por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo, pero a lo largo de la instrucción y con el «análisis más exhaustivo de la documentación» intervenida «se han venido consolidando» indicios de su participación también en los presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.
«La investigación ha ido desvelando más indicios de la implicación del apelante en los hechos inicialmente investigados y en otros nuevos que, al suponer un incremento de la eventual condena, también lo es de fuga«, manifiesta el tribunal.
Rechaza, además, que este riesgo se vea minimizado por el hecho de que se le hayan embargado los bienes, ya que «a falta del análisis de la documentación intervenida, no pueden descartarse que existan más cuya existencia ahora se desconoce y que podrían servirle para mantenerse fuera del país si decidiera sustraerse a la acción de la justicia o retomar las actividades indiciariamente delictivas a las que aparentemente se ha estado dedicando».
Asimismo, afirma que es necesario mantenerle en prisión «para evitar la destrucción o manipulación de pruebas al existir material intervenido pendiente de analizar del que puedan derivar más líneas de investigación».
Descarta, además, que se estén produciendo investigaciones prospectivas en su caso, por lo que rechaza que se esté viendo afectado por ello.
EN OCTUBRE, EL JUEZ DE EGEA TAMBIÉN RECHAZÓ DEJARLO EN LIBERTAD Y VILLAREJO CAMBIÓ DE ABOGADO
El pasado octubre, el juez de Egea y Torrón también volvió a rechazar dejar en libertad al excomisario por riesgo de fuga y reprochó a Villarejo su “absoluta falta de colaboración” con la investigación.
El auto del magistrado trascendió el 5 de octubre, 10 días después se conoció que el comisario había cambiado de abogado.
Fichó a Antonio José García Cabrera, presidente ejecutivo del despacho Lemat Abogados de Granada, en sustitución de Ernesto Díaz-Bastien, del bufete Ernesto Díaz-Bastien & Asociados.
El propio García Cabrera fue quien informó en un comunicado que ejercerá su defensa “en todos los procesos en los que, ante los órganos jurisdiccionales, se le investiga y se le reclama su colaboración”.
EL EXCOMISARIO ASEGURA QUE SI LO PONEN EN LIBERTAD CONTARÁ QUÉ SUPERIORES LO APOYABAN
Recientemente, el letrado ha asegurado que si a su cliente le ponen en libertad, éste “detallará” por qué sus actividades “de Inteligencia” y sus métodos “heterodoxos” eran “no sólo consentidas y aprobadas, sino aplaudidas y premiadas por todos sus superiores operativos y políticos”.
Aseguró que “cuando las inmotivadas razones que le obligan a permanecer encarcelado cedan ante un escenario de libertad, D. José Manuel Villarejo Pérez detallará -jamás poniendo en riesgo fuentes y métodos- por qué sus actividades de Inteligencia eran no sólo consentidas y aprobadas sino aplaudidas y premiadas por todos sus superiores operativos y políticos”.
Además, afirmó que “de la misma manera, probará y concretará, colaborando con la administración de Justicia, por qué causas determinadas personas en los aparatos del Estado deciden injustificadamente no sólo interrumpir, sino intentar destruir una trayectoria de servicio público entregada a dar seguridad a los españoles”.
Por otra parte, García Cabrera criticó “las ininterrumpidas y sesgadas filtraciones a los medios de comunicación” que se perpetran “con total impunidad” e insistió en que el material que se intervino a su cliente debió ser enviado “exclusivamente al CNI”, como solicitó Villarejo desde un principio, para salvaguardar la información sensible y aquella no relacionada con el procedimiento.
Por último, calificó de “altamente sospechoso” que las filtraciones se refieran a “actividades privadas irrelevantes desde el punto de vista penal” y “con una clara intencionalidad de atacar a contrincantes políticos”.
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