Antonio José García Cabrera, el nuevo abogado del excomisario José Manuel Villarejo, ha asegurado hoy que si a su cliente le ponen en libertad éste «detallará» por qué sus actividades «de Inteligencia» y sus métodos «heterodoxos» eran «no sólo consentidas y aprobadas, sino aplaudidas y premiadas por todos sus superiores operativos y políticos».
Así lo ha manifestado Cabrera en un comunicado, que dice textualmente: «Cuando las inmotivadas razones que le obligan a permanecer encarcelado cedan ante un escenario de libertad, D. José Manuel Villarejo Pérez detallará -jamás poniendo en riesgo fuentes y métodos- por qué sus actividades de Inteligencia eran no sólo consentidas y aprobadas sino aplaudidas y premiadas por todos sus superiores operativos y políticos».
Además, el letrado afirma que «de la misma manera, probará y concretará, colaborando con la administración de Justicia, por qué causas determinadas personas en los aparatos del Estado deciden injustificadamente no sólo interrumpir, sino intentar destruir una trayectoria de servicio público entregada a dar seguridad a los españoles».
Cabrera critica «las ininterrumpidas y sesgadas filtraciones a los medios de comunicación» que se perpetran «con total impunidad».
Además, dice que «esas filtraciones coincidan con hitos decisivos en los que se evalúa la concesión de la libertad» a Villarejo.
A su juicio, los audios filtrados lo que evidencian es que el comisario jubilado «ha dedicado buena parte de su vida profesional, como agente encubierto, a dirigir acciones de Inteligencia».
«A obtener, procesar, analizar y explotar información de interés judicial-policial por procedimientos heterodoxos, utilizados, por otra parte y de forma común, por los aparatos de seguridad de Estados de nuestro entorno», prosigue su relato.
‘LAS FILTRACIONES CAUSAN UN IRREPARABLE DAÑO AL INTERÉS NACIONAL’
Por otra parte, tacha de «temerario» que «al calor» de las filtraciones «se esté dejando o pudiendo dejar al descubierto la seguridad de informadores, procedimientos o infraestructuras que deberían mantenerse en secreto a riesgo de causar un daño irreparable al interés nacional».
Vuelve a insistir en que el material que se intervino a su cliente debió ser enviado «exclusivamente al CNI», como solicitó Villarejo desde un principio, para salvaguardar la información sensible y aquella no relacionada con el procedimiento.
Y, por último, señala como «altamente sospechoso» que las filtraciones se refieran a «actividades privadas irrelevantes desde el punto de vista penal» y «con una clara intencionalidad de atacar a contrincantes políticos».
Los últimos audios que han trascendido son los de una reunión mantenida por la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, con Villarejo.
Tuvo lugar el 21 de julio de 2009, en plena instrucción del caso Gürtel, en la sede nacional del PP.
En la reunión, Cospedal y su marido propusieron a Villarejo «trabajos puntuales» y le prometieron pagos y discreción.
Anteriormente, salieron a la luz los audios de la comida de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el excomisario jubilado, el los que la ésta contó que en un viaje de trabajo a Cartagena de Indias, en Colombia, había visto a jueces y fiscales estar con menores de edad, se refirió al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska calificándolo de “maricón”, y dijo que ella prefiere “tribunales de tíos” a los de “tías”.
La defensa de Villarejo se ha desmarcado en varias ocasiones de las «lamentables» filtraciones y ha exigido al juez del caso Tándem, Diego de Egea, que las investigue, ya que supone un “quebrantamiento” y “violación” del secreto sumarial y lleva a realizar “juicios paralelos”.
El excomisario Villarejo se encuentra en prisión provisional incondicional desde el 5 de noviembre de 2017. Está investigado por los supuestos delitos de blanqueo, organización criminal y cohecho.
A principios de octubre, el juez De Egea volvió a rechazar dejarlo en libertad porque el riesgo de fuga no se ha reducido pese al tiempo transcurrido de instrucción, unido a la gravedad de la pena que podría imponérsele y a que las líneas de investigación siguen abiertas, que deben ser aseguradas con la medida de prisión.
