Imagen de la presentación del informe “Los costes de la violencia contra la infancia. Impacto económico y social”, llevado a cabo por la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas y la Fundación Educo.
Los costes de la violencia contra menores alcanzan los mil millones de euros, el 0,1% del PIB español
Casi 4.000 niños y niñas denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual, solo un 4% de los 97.000 menores que se estima que la sufren
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01/12/2018 06:15
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Actualizado: 01/12/2018 00:05
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El abuso y violencia sexual hacia los menores cuesta a las arcas del Estado 979 millones de euros al año. De los 97.000 menores que se estima que sufren violencia sexual, los que denunciaron se rebajan a los 3.919, según el anuario de criminalidad del Ministerio del Interior, lo que supone un 4%.
Son datos ofrecidos el pasado viernes, durante la presentación del informe “Los costes de la violencia contra la infancia. Impacto económico y social”, llevado a cabo por la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas y la Fundación Educo.
El estudio alerta sobre las consecuencias de la violencia contra la infancia que, además de devastar a sus víctimas, repercute en el país y en la economía. En él se revela el incremento del gasto público en los costes sanitarios, sociales, judiciales, como consecuencia de la violencia sexual contra la infancia.
Aun así, “no existen cifras oficiales exactas del número de niñas y niños que padecen violencia, aunque las estimaciones globales hablan de que uno de cada dos menores experimenta algún tipo de violencia antes de cumplir ocho años”, dice Macarena Céspedes, directora de Educo España.
Los autores advierten también de que solo se está valorando una parte muy pequeña, ya que es prácticamente imposible cuantificar el dolor, el sufrimiento y la pérdida de capacidades en los niños que la sufren. Una gran merma nacional en capital humano y social.
Para Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño, “si cogemos todas las recomendaciones que presenta el estudio, el coste que supondría implementar estos cambios sería inferior al que ya está suponiendo la violencia contra la infancia.
Los investigadores denuncian la gran dificultad para hallar datos oficiales completos y precisos, tanto del número de casos como de los costes económicos derivados de cada uno de ellos. Por esto, ante la imposibilidad de abarcar todos los tipos de violencia los autores del informe decidieron centrarla en la de carácter sexual, que es la violencia que, una vez se produce, más se reitera.
Las fuentes utilizadas para la simulación económica son oficiales (Ministerio de Interior, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Justicia, Consejo de Europa y oficinas adscritas a ellas), así como fuentes oficiosas de diferentes organismos y fundaciones.
Aun con ellas, se constata que el cálculo del coste de la violencia contra la infancia resulta una tarea complicada debido a las dificultades para cuantificarla desde el ocultamiento social, la vergüenza o los pocos casos denunciados, a protocolos no adaptados, distintas clasificaciones de datos, falta de homogeneidad y segregación del sistema.
“Es preciso que se articulen mecanismos de recolección de datos con fines estadísticos y de formulación de políticas”, asegura Adam Dubin, profesor de Derecho Internacional de Comillas ICADE.
La metodología utilizada no ofrece únicamente el coste de las víctimas de un año, sino que hace uso de la prevalencia para calcular el impacto de las víctimas de años anteriores al 2015.
El estudio concluye que la prevención de la violencia contra la infancia debe ser calificada como inversión ya que su retorno revierte no sólo en la persona, sino en toda la sociedad. «Es necesario hacer efectiva la coordinación y armonización de las distintas administraciones para una recogida de datos acertada, acorde con los estándares internacionales», afirman.
La violencia contra la infancia constituye un grave problema, de alcance desconocido, que debe tener cabida en la agenda política de nuestro país a través de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral frente a la violencia contra la Infancia y Adolescencia.
Esta futura norma, según ha podido saber Confilegal, ya cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, que deberá estar acompañada por el desarrollo de una estrategia integral para erradicar la violencia y contar con suficientes recursos y dotación presupuestaria.
“Es necesario un marco legal que responda a una idea común de la violencia contra la infancia”, recalcó Dubin.
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