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El defensor del Pueblo en funciones pide a la CAM más viviendas sociales para familias desahuciadas

Pisos de alquiler en la zona de Hortaleza, Madrid, que en su dia la CAM puso en marcha. Foto: D.Sinova/Comunidad de Madrid.
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El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado esta semana a la Comunidad de Madrid que, a la hora de adjudicar una vivienda de emergencia social, priorice a las familias desahuciadas con menores de edad que no dispongan de una alternativa habitacional.

La Institución ha constatado en la mayoría de las quejas tramitadas sobre este asunto que la Administración autonómica madrileña no inicia el procedimiento de emergencia social para ofrecer alojamiento temporal a las familias con menores desalojadas de sus hogares, al considerar que no reúnen los requisitos necesarios.

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La falta de una vivienda social que solucione la situación de personas en bordes de exclusión es uno de los temas en los últimos años que preocupa a esta institución.

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En opinión del defensor, las medidas de austeridad adoptadas a partir de 2010 han provocado una notoria falta de respuesta ante una demanda social muy anterior a la crisis económica.

Así, puso como ejemplo que en 2017 solo se entregaron 4.938 pisos sociales en toda España, el 9,2% de todas las viviendas construidas.

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También destacó que hace 15 años se construía 10 veces más vivienda protegida que hoy.

Urge por tanto incrementar dichas viviendas sociales para hacer frente a las situaciones que surjan con familias implicadas.

En la última Memoria presentada hace seis meses, se volvió señalar el grave problema existente ante una oferta muy reducida de vivienda y alquileres sociales. Este es un problema para muchos familias con recursos económicos muy reducidos e impide que muchos jóvenes puedan emanciparse

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Criterios restrictivos

En opinión del defensor del Pueblo, las limitadas situaciones de emergencia social reflejadas en la norma autonómica y la interpretación que efectúa de la misma la Comunidad de Madrid, hacen que sean muy pocas las familias que pueden optar a estas viviendas.

De hecho, el Decreto 52/2016 que regula el proceso de adjudicación de viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid establece que para que se inicie el proceso de adjudicación de una vivienda de emergencia social, el desahucio de la vivienda se tiene que producir como consecuencia de una disminución de ingresos y que debe existir un acontecimiento extraordinario sobrevenido.

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Sin embargo, la Institución recuerda que el desahucio constituye en sí mismo una situación de emergencia social y, aunque comprende que la Administración no puede ofrecer soluciones a todos los casos de desahucios que se dan en la región, sí considera necesario que se redefina en la norma, a fin de salvaguardar los principios generales de protección al menor y a la familia. 

Así las cosas, la institución ha recomendado modificar el artículo 18 del Decreto 52/2016 para que se priorice  el acceso a una vivienda de emergencia social a las familias con menores de edad desahuciadas de su residencia habitual y que no dispongan de una alternativa habitacional.

Asimismo, el Defensor cree que la norma debería ampliar los supuestos en los que se produce una falta de pago y que se valore la situación económica real del solicitante de una vivienda de emergencia social, con independencia de que sea sobrevenida o no.

Por otra parte, la Institución también ha comprobado en las quejas recibidas que los solicitantes de adjudicación de vivienda por el procedimiento de emergencia social no reciben notificación de la resolución por la que la Administración finaliza y archiva sus actuaciones, una vez comprueba que no reúnen los requisitos necesarios.

Para el defensor del Pueblo, la falta de resolución expresa por parte de la Consejería de Vivienda impide la impugnación de dicha decisión y deja en absoluta indefensión a los solicitantes.

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Por ello, y en el marco de una actuación de oficio, ha pedido a la Comunidad de Madrid que informe sobre si está cumpliendo con lo establecido por el Decreto 52/2016, que afirma que “la resolución que se dicte al efecto deberá ser notificada al interesado”.

Por último, también ha requerido el número de viviendas que han sido adjudicadas por el procedimiento de emergencia social desde su creación. Ç

Incrementar la oferta de viviendas sociales

En los últimos meses muchas manifestaciones públicas del defensor del Pueblo en funciones han ido en la dirección formular una oferta pública a favor del alquiler social para que los colectivos más vulnerables, así como los jóvenes, puedan emanciparse y construir un proyecto de vida propio y autónomo.

Según ha explicado, existen muchos hogares en España para quienes “el alquiler no es una opción sino una necesidad y la única vía posible para acceder a una vivienda”. Sin embargo, la subida experimentada por el precio de los arrendamientos y la precariedad laboral, sobre todo entre los jóvenes, hacen que la vivienda sea inaccesible para muchas personas.

Así lo aseguraba  en el XXIII Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), que se ha celebrado hace unos días en  Andorra La Vella y donde defensores de derechos humanos de 22 países ha debatido sobre vivienda digna.

Para Fernández Marugán, la mayor oferta de viviendas sociales de alquiler debería destinarse a los grupos que más han podido sufrir los efectos de la crisis económica, como son las familias con menores a cargo o con personas con discapacidad; mujeres solas con cargas familiares; familias constituidas por personas en situación de desempleo o que perciben una baja retribución; jóvenes que no han podido alcanzar la emancipación residencial y mujeres víctimas de violencia de género.