Delgado en el servicio del tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Madrid, con la ciudad al fondo. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Joaquín Delgado Martín, el juez que estuvo «en el km cero» de la lucha contra la violencia de género
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02/12/2018 00:15
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Actualizado: 02/12/2018 09:40
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Tiene 52 años y lleva 27 en la carrera judicial. Actualmente está destinado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid.
A lo largo de esos años de ejercicio profesional, Joaquín Delgado Martín ha sido, no solo testigo, sino que asumió el papel de uno de esos actores secundarios cuyo trabajo resulta decisivo y determinante para el éxito, marcando un antes y un después en acontecimientos que han trazado la historia reciente de nuestro país.
Uno de ellos es la lucha contra la violencia doméstica y de género, otro la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia o la gestación de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, por citar los tres más relevantes.
Sus aportaciones se produjeron siendo asesor en el Ministerio de Justicia y como letrado del Consejo General del Poder Judicial.
A Delgado le cuesta hablar de sí mismo y de lo que ha hecho, pero es un hombre abierto, con una mirada limpia, muy positivo, cercano, resolutivo, con una mente muy bien amueblada y muy organizado, capaz de haber encontrado un tiempo imposible para practicar el triatlon.
Usted estuvo en la gestación de la Ley reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, que vio la luz en 2003. Casi nada, si me lo permite. Eso es el «km cero» en la lucha contra esta lacra.
Sí, pero esto hay que explicarlo. A mí siempre me ha interesado la lucha contra la violencia doméstica y de género y la protección de sus víctimas. De siempre.
¿Por qué?
Porque estando en mi primer destino, en Tarancón, Cuenca, me encontré con un caso que nunca olvidaré. Era un joven karateka que le había pegado una paliza a su novia, embarazada. Me acuerdo perfectamente. Pegó a su novia para provocarle el aborto.
Le dijo, «si tú no tienes hijos conmigo, no los tienes con nadie».
Tuve que plantearme qué tipos de lesiones le podía imputar. El tipo era una mala bestia. Entonces no existía la legislación que tenemos hoy. Había sólo un artículo, que creo que era el 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permitía a los jueces “adoptar cualesquiera medidas en protección de los perjudicados”.
Yo le puse un alejamiento y me quedé tan a gusto. Luego, al poco tiempo, vine a un curso de jueces de Madrid. Salió este tema y yo lo expliqué a mis compañeros con absoluta buena fe. Pues yo he hecho esto, les conté.
Se me levantó un sesudo juez, de muchos años, llamándome prevaricador porque esa medida no estaba expresamente prevista por la LECRIM y, por lo tanto, estaba prohibida.
«A las víctimas de violencia doméstica no se les hacía ni puñetero caso. Ese fue el principio de trabajar sobre estos temas»
Ya, pero supongo que usted aplicó el principio general del derecho que dice que lo que no está prohibido está permitido, ¿no?
Yo me quedé impactado. Y me dio mucho que pensar, pero tiré para adelante. Y seguí aplicándolo. Porque a las víctimas de violencia doméstica no se les hacía ni puñetero caso.
Ese fue el principio de trabajar sobre estos temas.
Luego estuve destinado en Tarragona y después en Fuenlabrada, una ciudad del sur de Madrid. Allí pusimos en marcha el primer registro de víctimas de violencia de género de la historia.
Hasta ese momento, las denuncias que las víctimas realizaban iban a diferentes juzgados. Hicimos que se concentraran en uno solo. Tomamos medidas para protegerlas.
En eso, la Policía Local jugó un papel fundamental. Todas aquellas experiencias pioneras se materializaron en un libro que publiqué en el año 2000, titulado “La violencia doméstica. Tratamiento jurídico: problemas penales y procesales; la jurisdicción civil”, y que me prologó Manuela Carmena, que entonces era vocal del Consejo General del Poder Judicial.
El tema era muy novedoso. Di innumerables conferencias sobre el asunto, que ya preocupaba, y participé en varias ponencias. En una de ellas una asesora del Ministerio de Justicia me escuchó y, después de entrar en contacto, me ofreció trabajar sobre el tema como asesor. Acepté.
Trabajamos sobre la ley de orden de protección, que luego aprobó el Parlamento.
Delgado sentado en las sillas del público de la Sala de Vistas del tribunal del jurado, en la planta baja. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
En 2002 se marchó al Consejo General del Poder Judicial, donde se convirtió en director del Servicio de Modernización Judicial y actuó de secretario general en funciones determinadas veces.
En el CGPJ montamos el Observatorio contra la violencia doméstica y de género en 2002, sí. Y elaboramos, después, la Guía práctica de la Ley Integral, que resultó fundamental para que pudiera aplicarse con toda la eficacia prevista.
Guía que lleva su marca.
[Se ríe] Éramos un equipo. Lo importante era que la Ley funcionara porque las vidas de mucha gente dependían de ello.
Yo solo era un técnico.
En su primer paso por el Ministerio, también fue redactor de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.
Me va a sacar los colores. Sí, fue aprobada por el Parlamento por unanimidad el 16 de abril de 2002. Y fue la consecuencia de la firma del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia.
La Carta de Derechos tenía dos objetivos claros: Por una parte, conseguir una Administración de Justicia moderna y abierta, que sea responsable ante los ciudadanos y ciudadanas, a quienes se dé la posibilidad de formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en su caso, las reparaciones a que hubiere lugar; y por otra prestar atención a aquellas personas más desprotegidas, como víctimas de violencia doméstica, menores de edad, personas con discapacidad o inmigrantes.
Se llevó a la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque esta ley dice que la oficina judicial tiene que trabajar de conformidad con los principios de la Carta de Derechos.
Después se llevó a Iberoamérica, en el marco de Cumbre Judicial Iberoamericana, donde elaboraron una Carta de Derechos de los Ciudadanos basada en la española.
Usted también tuvo mucho que ver con las Reglas de Brasilia, sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Fue la consecuencia de haber trabajado en su redacción. Después fui el coordinador de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia que se creó después, dentro de Cumbre Judicial Iberoamericana.
Fue su autor intelectual…
Lo fui. Fue un paso muy importante para tutelar los derechos de las personas vulnerables. La verdad es que es una satisfacción muy grande ver que cosas en las que uno ha trabajado hayan salido en letra de molde y que se estén aplicando.
Pero todavía queda mucho por hacer.
Madrid al fondo, desde la planta 11, donde encuentra la Biblioteca de la Audiencia Provincial. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
¿Se ha planteado lo que quiere, de verdad, el ciudadano?
El ciudadano quiere que la justicia funcione bien. No solo que se resuelva su conflicto sino que se haga en tiempo. Y para que se resuelva en tiempo y con eficacia hay que trabajar con medios materiales y personales.
Usted es una de las personas que mejor conoce la Justicia por dentro. Durante un año y medio, hasta el pasado mes de mayo, ha sido director general de la Administración de Justicia. ¿El problema de la Justicia es de organización o de medios?
Es un problema de organización de medios. No es solamente una cuestión de dotar de más medios sino de organizar mejor los medios que tenemos. Organizándolos tendríamos una respuesta más eficaz.
Cuando digo organizar mejor me refiero a implantar la nueva oficina judicial, con las adaptaciones que sean necesarias. Me refiero a implantar el expediente judicial electrónico, con las modificaciones que sean necesarias. Y también habría que implantar los tribunales de instancia. Que es llevar la forma de trabajar de los órganos colegiados a los juzgados.
Que dejen de ser reinos de Taifas.
Exacto. Que compartan medios personales y materiales.
«El ciudadano quiere que la justicia funcione bien. No solo que se resuelva su conflicto sino que se haga en tiempo»
¿No conlleva eso la pérdida de independencia por parte de los jueces?
En absoluto. Cada juez de primera instancia seguiría conociendo de forma independiente y unipersonal del asunto. Pero todos los medios serán compartidos con el tribunal de instancia.
Eso permite mucha más flexibilidad de trabajo.
Desde el punto de vista de eficacia, el sistema de juzgados unipersonales que tenemos hoy en día es obsoleta.
¿Cómo se puede cambiar la mentalidad de los funcionarios?
Para ese cambio organizativo hacen falta dos cosas: primero, diseñar bien el sistema, y segundo, gestionar bien la cultura del cambio.
En la Administración de Justicia estamos acostumbrados a trabajar de determinada manera. Además está muy consolidado ese trabajo, lo cual es muy difícil romper por esas sinergias.
Hay que ser capaz de gestionar bien ese cambio de cultura. El proceso de implantación de nueva solución organizativa o tecnológica necesariamente tiene que ir acompañada de afrontar con seriedad ese cambio cultural
¿Por qué? Para que los que tengan que aplicarlo lo sientan como propio. Para sentirlo como propio tienen que participar en el proceso de diseño de implantación.
Que sean capaces de comprender los beneficios que esa nueva solución les va a llevar consigo.
Y además, respecto a los fallos que tenga, que sean capaces de participar para subsanar los fallos.
Y todo eso hay que planificarlo, gestionarlo, hay que destinar medios y dedicar tiempo. Ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenidos con las implantaciones en España.
Hay algún país donde se haya implantado un sistema similar al español?
Los chilenos se inspiraron en la organización que se introdujo en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003, pero que ya estaba en el 2001.
¿Nosotros los tenemos implantados? No. Tenemos cachitos de oficina judicial en algunos sitios. Cachitos de expediente judicial en otros.
O sea, habría que irse a Chile para ver cómo funciona el sistema judicial que ideamos en España, ¿no?
Claro, y funcionan perfectamente la nueva oficina judicial, el expediente judicial electrónico, sin papel, y tribunales de instancia. Te vas a la ciudad de la justicia de Santiago de Chile y funciona exactamente así. Estupendamente.
¿Por qué aceptó en su momento el puesto de director general de la Administración de Justicia?
Porque soy un culo de mal asiento [se ríe].
El magistrado Joaquín Delgado con la Audiencia Provincial de Madrid, a sus espaldas, donde actualmente tiene destino. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
¿Cuánta gente gestionó desde ese puesto?
¿Gestión directa? Unos 10.000 funcionarios. El 30 por ciento de la Administración de Justicia, que no ha sido transferida, además de las relaciones con jueces, fiscales, abogados y procuradores. Creo que tengo una experiencia probada en la gestión, tanto formando parte de tribunales colegiados como en lo gubernativo. La Audiencia Provincial de Madrid la conforman 900 funcionarios.
En los cinco años años y medio que ha servido en la Audiencia Provincial de Madrid ha llevado su Sección y otra Sección, al mismo tiempo.
Sí, casi siempre estaba o en sustitución o en comisión de servicio sin relevación de funciones en otras secciones.
¿Y eso como se hace? Porque hay muchos jueces que no llegan con lo suyo propio.
No tiene ningún misterio. Primero, te organizas bien tu tiempo. Y segundo, renuncias a otras cosas. Eso lo puedes hacer durante un tiempo. Porque estar años así es imposible. Estas seis meses. Descansas dos o tres meses. Luego vuelves otros seis meses, que es como estaba haciéndolo yo.
Pero lo hacía porque me gustaba mucho la violencia de género y estaba destinado en la Sección especializada en ello. Pero es que no quería dejar otras cosas.
«Los jueces estamos al servicio de los ciudadanos y se lo digo con absoluto convencimiento. Estamos para resolver sus conflictos»
¿Sabe usted una cosa, señor magistrado? No he encontrado a nadie que hable mal de usted. Ni funcionarios, ni letrados de la Administración de Justicia, ni magistrados, ni fiscales, ni abogados. Nadie. Y mire que he preguntado con intención, ya me entiende. Explíqueme por qué.
Quizá porque soy un «currante». Me gusta mucho lo que hago. Sigo manteniendo mi ilusión porque esto funcione bien y por intentar hacer buenas sentencias. Pero le voy a contar una cosa que jamás he contado a nadie. Cuando, con 23 años, me dieron mi primer destino, le pregunté a mi padre, que era magistrado.
«Papá, ¿cómo debo relacionarme con los funcionarios? Me contestó: «Mira, hijo, tú tienes que quererles mucho».
Quizá sea muy simple la idea, pero donde he ido me la he llevado y la he aplicado.
Me pongo en el lugar de la función que está desarrollando esa persona e intento entenderla con cariño.
¿Y funciona?
Unas veces sí y otras veces, no.
En ese sentido, usted es un «antijuez». Y no me entienda mal. Porque la imagen que tiene mucha gente de ustedes es que son gente distante, arrogante, cerrada.
Los jueces estamos al servicio de los ciudadanos y se lo digo con absoluto convencimiento. Estamos para resolver sus conflictos. No estamos para otra cosa. Y añado: para pacificar los problemas que tienen las personas.
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