Rosa María Seoane, actual secretaria general de Adif, será la nueva jefa de lo Penal de los servicios jurídicos del Estado, en sustitución de Edmundo Bal, el abogado del Estado que defendió acusar por el delito de rebelión a los líderes independentistas.
La jefa de la Abogacía del Estado, Consuelo Castro, ha acordado su nombramiento, según ha confirmado el Ministerio de Justicia.
Ahora se deberá decidir si lleva directamente el ‘caso procés’ o lo hará un subordinado suyo bajo su dirección y coordinación.
Rosa María Seoane López es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, y secretaria general de Adif desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
Cuenta con 17 años de experiencia en la Abogacía del Estado.
Entre 2000 y 2003 ha sido abogada del Estado-jefe en Huesca; de 2003 y 2005, coordinadora en la Abogacía del Estado de la Comunidad de Madrid; de 2012 a 2015 trabajó en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria como subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico; y de 2015 a 2017, volvió como responsable de los servicios jurídicos del Estado en la Comunidad de Madrid.
También ha sido coordinadora de convenios de asistencia jurídica con Acuamed y la Comisión Nacional de la Energía.
Edmundo Bal fue relevado del puesto el pasado 21 de noviembre por Consuelo Castro, por pérdida de confianza el pasado, al oponerse al criterio de acusar a los líderes del proceso separatista por el delito de sedición.
Bal, que fue el encargado de defender al Estado en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo, no impugnó durante todo el procedimiento el criterio de la Fiscalía de que se pudo cometer un delito de rebelión, si bien en el escrito de acusación de la Abogacía del Estado presentado el pasado 2 de noviembre se optó finalmente por acusar por el delito de sedición.
Castro, que fue quien lo firmó, optó por rebajar la acusación a penas inferiores. Por ejemplo, en el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras, que es el principal acusado, la Fiscalía pide 25 años de prisión y la Abogacía del Estado, 12.
