Será el próximo 27 de diciembre en una Asamblea Extraordinaria que convoque la Asociación de Afectados por la Talidomida (Avite) en la capital de España cuando se tome la decisión de aceptar la oferta de Sanidad del pago de las indemnizaciones, descontado IRPF, o seguir reclamando y pedir esos 12.000 puntos por grado de discapacidad que se consensuó en los PGE 2018 con exenciones fiscales.
Diferentes expertos en materia tributaria señalan que en el Real Decreto que se está ultimando por parte del Gobierno para impulsar las indemnizaciones que ya vienen fijadas en la disposición adicional quincuagésima sexta de la la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018, debería ser donde se aprobase una exención fiscal específica.
De lo contrario podrían verse inmersos en pagos que oscilarían entre el 46 al 54% del total de sus ingresos. Porcentaje máximo, según explican, al superar los 180.000 euros y ser algo similar esta ayuda a rendimientos del trabajo.
Los afectados por talidomida pagarían de forma diferente al fisco en función de cada Comunidad Autónoma. En el caso de Madrid, por ejemplo, una indemnización de 600.000 euros se quedaría en 300.000 euros, descontado el gravamen.
En países de nuestro entorno estas indemnizaciones oscilan entre los 3 y 7 millones de euros por afectado. En todos ellos, lo que están percibiendo está exento.
Esta noticia se produjo el mismo día que José Riquelme, presidente de AVITE enviaba una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar la situación del colectivo, mostrado su preocupación por tener que pagar el IRPH de sus indemnizaciones como al parece Sanidad insinuó en una última reunión.
En la tarde de este miércoles aun no se había recibido respuesta de Moncloa.
En dicha carta se indican las gestiones llevadas por la nueva jefatura del Ministerio de Sanidad, y en especial, con el secretario General de Sanidad, Faustino Blanco, con el que hay consenso en algunos aspectos en marcha sobre estas indemnizaciones.
La exención fiscal que pide AVITE se aplica a otros colectivos como los indemnizados como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, los infectados por VIH o las víctimas de actos terroristas.
Falta de control sanitario y cientos de afectados
Riquelme recuerda en su misiva al presidente que el responsable de este asunto es tanto el Estado español como la propia farmacéutica comercializadora Grunenthal. Y recalca que en el margen que va de 1950 a 1985, fechas donde se concentran los afectados españoles, “ hubo un total falta de control sanitario de las autoridades y que allende nuestras fronteras califican de inverosímil”.
La demora prolongada de este asunto en el Congreso ha hecho que alguna fuerza política haya pedido explicaciones al Gobierno. Ese ha sido el caso del portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso, Francisco Igea, que señaló la «intolerable demora» del Gobierno con las víctimas de la talidomida.
Al parecer no se ha acabado con la valoración de todos los afectados y no ha sido capaz de avanzar en las indemnizaciones de los mismos. Sin todas las valoraciones y la posterior evaluación de los casos por el Comité de Médicos del Instituto madrileño Carlos III no es posible que perciban cualquier cantidad en concepto de daños.
Además, Igea mostró su contrariedad ante la decisión del Gobierno socialista de retener el IRPF de las indemnizaciones, tal y como se le comunicó al vicepresidente de Avite, Rafael Basterrechea, en un encuentro que éste mantuvo con la directora general del Imserso, Carmen Orte.
Ante esta situación, la formación ‘naranja’ registró una batería de preguntas en el Congreso con el objetivo de obtener una respuesta inmediata. En el caso de no obtenerla, explicó Igea, pedirán la comparecencia del secretario General de Sanidad para que explique en sede parlamentaria «cuál es el concepto de dignidad en este caso».
Igea dijo que «es absolutamente intolerable y no consentiremos de ninguna de las maneras que se demore más la solución de este asunto y menos que se les trate de esta manera».
