La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha vuelto hoy a advertir que la reforma en 2015 por el PP del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) fijó unos plazos máximos de instrucción de las causas penales que, además de otros defectos, «puede ser una vía de impunidad de graves delitos, particularmente los de corrupción».
Tras conocerse ayer la absolución en un presunto caso de corrupción en Murcia, que afecta al expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez (PP), por haber excedido el plazo de investigación, la UPF ha instado de nuevo al Gobierno y al resto de partidos políticos a que «cumplan su anunciado compromiso contra la corrupción y procedan ya a iniciar, y a no paralizar indebidamente, el procedimiento legislativo oportuno para la derogación de este dislate procesal».
Así lo ha expresado en un comunicado esta asociación que preside Emilio Fernández García, a la que se encuentran adscritas la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la fiscal general del Estado, María José Segarra.
En él manifiesta que «la vigencia de un plazo máximo de investigación en nuestro país acrecienta los espacios de impunidad y, en consecuencia, socava fuertemente los cimientos de la justicia penal».
Recuerda que lleva advirtiendo de ello «de forma insistente y reiretada desde 2015».
Indica que lo ocurrido en Murcia es, quizás, el caso más mediático de archivo por causa de expiración del plazo del 324, «pero ni es el primero producido, ni el último que se producirá».
«Estamos a tiempo de detener este desatino procesal que pone en grave riesgo la justicia penal mediante un Decreto-Ley que derogue los plazos máximos de instrucción», ha emplazado.
Según ha informado hoy Efe, el PP ha presentado hoy en el Congreso una enmienda a la totalidad a la proposición que busca derogar los plazos máximos de instrucción porque, aunque cree que hay que mejorar el sistema diseñado en 2015, considera que la medida ha sido «beneficiosa» para la justicia y para agilizar los procesos.
Todos los grupos, salvo el PP, apuestan por derogar los límites a la instrucción.
El grupo parlamentario socialista presentó el pasado 10 de octubre una Proposición No de Ley (PNL) instando al Gobierno a su “derogación inmediata” para “acabar con una situación que ha provocado importantes disfunciones en nuestra Administración de Justicia y ha multiplicado el riesgo de impunidad sin que se haya podido comprobar una agilización de la justicia penal”.
En un principio trascendió que iba a votarse su derogación el pasado 13 de noviembre, pero no se hizo.
El pasado 30 de noviembre, la UFP también reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la derogación del artículo 324 de la LECrim en una carta firmada junto a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).
En ella recordaban a Pedro Sánchez que el 6 de diciembre vencía el plazo máximo de 36 meses para la instrucción de las causas declaradas complejas a raíz de la entrada en vigor de la reforma del artículo 324 de la LECrim.
En la misiva solicitaron al presidente que utilice un Real Decreto Ley para la derogación.
La Unión Progresista de Fiscales y la Asociación de Fiscales también han avisado de este asunto a los portavoces de Justicia y a los grupos parlamentarios PSOE, PP, CS y Unidos Podemos instándoles a adoptar los acuerdos necesarios o a dirigirse al Ejecutivo para reclamarle su derogación de forma urgente.
Cristina Dexeus, presidenta de Asociación de Fiscales, ha manifestado a Confilegal que la PNL del PSOE “no es más que un brindis al sol” y que “si de verdad hay voluntad política, habida cuenta de las razones de urgencia alegadas, que lo derogue por un Real Decreto Ley, como ha hecho con el impuesto de las hipotecas”.
“Si no lo hace es que no hay voluntad política de derogarlo”, sentencia.
