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La sala de vistas donde se celebrará el juicio del «procés», escenario de juicios históricos

El Salón de Plenos del Tribunal Supremo será, con toda probabilidad, donde se celebrará el juicio.
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El Salón de Plenos del Tribunal Supremo es, sin duda, la sala de vistas más grandiosa de todos los órganos judiciales españoles. Es el lugar donde se celebrará el juicio del «procés», en el que 18 procesados -la mayor parte del gobierno autonómico que presidió Carles Puigdemont, la presidenta y la mesa del Parlament que permitió que se celebrará el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y los líderes de las asociaciones separatistas, ANC y Omnium Cultural- tienen que responder de delitos que van desde la rebelión, pasando por la malversación de fondos públicos hasta la desobediencia.

El Salón de Plenos es el lugar donde se celebra el «solemne acto de apertura de tribunales». Tiene lugar un día de la primera quincena de cada mes de septiembre, que depende de la disponibilidad de Su Majestad el Rey, que lo preside.

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También es el escenario en el que se celebran todos los actos de juramento y promesa y toma de posesión de los magistrados y fiscales del Tribunal Supremo así como el lugar de reunión de plenos de salas, como el que tuvo lugar el pasado 2 de noviembre, en el que la Sala Tercera se partió en dos sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

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El lugar apabulla por su grandiosidad. Porque es, de hecho, una burbuja de la historia.

Ha sido el escenario de juicios que han marcado nuestro devenir histórico, algunos de los cuales son protagonistas de éste artículo.

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Lo primero que choca siempre a los que no conocen el lugar es el escudo de España que preside el lugar, situado sobre el sillón que ocupará Felipe VI. 

Una pieza espectacular, obra del escultor valenciano Mariano Benlliure, en el que se representa a dos ángelitos sosteniendo cada uno una corona sobre una espada, a modo de balanza. Debajo, el escudo nacional.

Muy pocos saben que ese escudo no siempre estuvo ahí.

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Antes, el paramento con los dos angelitos contenía un busto en mármol del rey Alfonso XIII, quien había ordenado la reconstrucción del edificio tras el incendio de 1915.

Es el escudo que tuvieron que contemplar los acusados que habían suscrito el llamado Pacto de San Sebastián, el 17 de agosto y que dio pie al «manifiesto de 1930».

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A esa reunión conspirativa contra la monarquía de entonces asistieron Alejandro Lerroux, del Partido Republicano Radical, Manuel Azaña, del Grupo de Acción Republicana, Niceto Alcalá Zamora, por la Derecha Nacional Republicana, Indalecio Prieto, del PSOE -a título personal- y Ángel GalarzaÁlvaro de Albornoz, por el Partido Radical Socialista, entre otros.

Apenas un mes y medio antes de la proclamación de la República, en marzo de 1931 se celebró el juicio en ese Salón de Plenos.

Fueron acusados de conspiración. La mayor parte de ellos fueron condenados a 6 meses de prisión suspendida y puestos en libertad de inmediato.

El Salón de Plenos en 1931; al fondo se puede ver el escudo original, que contenía una efigie de Alfonso XIII en mármol blanco. Plortis/Crónica.
El Salón de Plenos en 1931; al fondo se puede ver el escudo original, que contenía una efigie de Alfonso XIII en mármol blanco. Plortis/Crónica.

A Álvaro de Albornoz no le dejó buen sabor de boca su paso por el banquillo de ese Salón de Plenos, en un juicio en el que tuvo como defensora a Victoria Kent -la primera mujer abogada de la historia de España-, aunque salió absuelto.

Por eso, cuando fue nombrado ministro de Justicia, en diciembre de 1931, lo primero que ordenó fue que quitaran el busto de Alfonso XIII y que lo sustituyeran por el escudo de España que hoy conocemos. «Esto ya no es una monarquía sino una República», dijo Albornoz.

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Un trabajo que también realizó Benlluire y que explica que, en el centro, no figuren las tres flores de lys de la Casa Borbón, como sucede en los escudos actuales.

Este escudo, obra de Mariano Benlluire, no es el original; antes había un busto de Alfonso XIII que el ministro republicano, Álvaro de Albornoz, ordenó quitar y sustituir por el actual. Confilegal.
El escudo actual, obra de Mariano Benlluire, que sustituyó al anterior; los dos son obra del escultor valenciano. Confilegal. Confilegal.

GOLPISTAS

En esos mismos sillones centrales en los que se sentarán hoy el secretario de Gobierno, Tomás Sanz, los letrados de la Administración de Justicia de las diferentes Salas del Supremo y los presidentes y decanos de los diferentes consejos generales y colegios de las profesiones de la ley, en 1932 lo hicieron el entonces teniente general, y director general del Cuerpo de Carabineros, José Sanjurjo, y tres oficiales más, por el golpe de estado fallido.

Fue el primer juicio con el nuevo escudo. Benlluire se dio prisa.

Sanjurjo fue finalmente condenado a cadena perpetua.

En 1934 fue amnistiado. Se marchó a Portugal y desde allí estuvo presente en todas las conspiraciones contra la República, incluyendo la de 1936. Iba a ser el líder máximo, pero su muerte, en un accidente de aviación, le dejó el camino libre al general Francisco Franco.

El teniente general José Sanjurjo, el primero por la izquierda, en el banquillo de los acusados junto a los tres imputados más, en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, donde tuvo lugar la vista pública.
El teniente general José Sanjurjo, el primero por la izquierda, en el banquillo de los acusados junto a los tres imputados más, en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, donde tuvo lugar la vista pública.

51 años más tarde, en 1983, se celebró también en ese Salón de Plenos el juicio, en casación, contra 24 de los implicados en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Entre los acusados se encontraban el teniente general Jaime Milans del Bosch, los generales de División, Alfonso Armada y Luis Torres Rojas, y el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, quien asaltó el Congreso de los Diputados.

CASO FILESA

El lugar también fue el escenario, en 1997, de uno de los juicios más mediáticos de la historia del tribunal: el proceso por el caso Filesa, sobre la financiación ilegal del PSOE.

En el banquillo se sentaron el diputado Carlos Navarro Gómez, el senador Josep María Sala, Luis Oliveró, tío del diputado, Alberto Flores, y los «conseguidores» Aida Álvarez, Guillermo Molledo, Luis Sánchez, Francisco Javier Iglesias, Julio Calleja, Juan Antonio Molina, Eugenio García y Diego Ramos, para responder por los delitos de falsedad en documentos mercantil, asociación ilícita, fiscal y apropiación indebida, entre otros.

La instrucción, en un principio, la llevó el magistrado -y catedrático de Derecho Penal- Marino Barbero, quien luego se retiró y pasó a manos de su compañero, Enrique Bacigalupo.

En el juicio quedó probado que el PSOE había montado una red de empresas -Filesa, Malesa y Time Export- a través de las cuales canalizaba el dinero de las comisiones recibidas por adjudicaciones públicas.

El diputado y el senador fueron condenados a tres años de prisión.

El diputado, Carlos Navarro, y el senador, Josep María Sala, los dos por el PSOE, en el banquillo de los acusados del Salón de Plenos, en el caso Filesa.
El diputado, Carlos Navarro, y el senador, Josep María Sala, los dos por el PSOE, en el banquillo de los acusados del Salón de Plenos, en el caso Filesa.

CASO SEGUNDO MAREY

En 1998 el Salón de Plenos volvió a articularse como sala de vistas. La Sala de lo Penal celebró allí el proceso contra el exministro del Interior, José Barrionuevo, el exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, el exdirector general de Seguridad, Julián Sancristóbal, los policías Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, José Amedo, Julio Hierro, Francisco Saiz Ojeda y Michel Domínguez, los exagentes José Ramón Corujo y Luis Hens y el político del PSOE, Ricardo García Damborenea. 

Todos ellos fueron juzgados por el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano que fue confundido en Santander con un etarra.

El exministro, su segundo y su tercero fueron condenados a diez años de cárcel. El resto recibieron diferentes penas de nueve a dos años de cárcel.

El juicio estuvo marcado por una fotografía. Una instantánea tomada secretamente por Fernando Quintela, fotógrafo de El Mundo, en la que se ve al ya expresidente del Gobierno, Felipe González, caminando, desde el tribunal hacia la salida, después de declarar.

Eran tiempos en los que las cámaras de fotos y las de televisión estaban estrictamente prohibidas en todas las salas de vistas, salvo en actos como de hoy.

Foto de Fernando Quintela, de El Mundo: Felipe González saliendo hacia la puerta después de declarar en el Salón de Plenos.
Foto de Fernando Quintela, de El Mundo: Felipe González saliendo hacia la puerta después de declarar en el Salón de Plenos.

GÓMEZ DE LIAÑO, CONDENADO

El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, también fue juzgado, y condenado, tras una vista pública llevada a cabo en el Salón de Plenos.

El tribunal le impuso 15 años de 15 años de inhabilitación especial para cargo público, con la pérdida definitiva de su cargo de juez y los honores que le eran anejos, así como a 18 meses de multa, a razón de 1.000 pesetas diarias (540.000 pesetas), por un delito continuado de prevaricación judicial (dictar una resolución injusta a sabiendas).

El tribunal consideró prevaricadoras la decisiones adoptadas por Gómez de Liaño en el llamado caso Sogecable, del que fue instructor.

«Lo que no es discutible es que las decisiones basadas en la propia convicción empecinada del juez, sin fundamento racional en la ley, son incompatibles con el Estado democrático de derecho», decía la sentencia.

Fue el segundo exvocal del CGPJ condenado por prevaricación, tras su compañero, Lluis Pascual Estevill. 

Gómez de Liaño, que hoy ejerce la abogacía, fue después indultado por el Gobierno de José María Aznar.

Pro ahí no terminó la cosa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el que recurrió contra la resolución condenatoria, le dio la razón y condenó a España, por unanimidad a pagar a Gómez de Liaño 5.000 euros por los «daños morales» al considerar que no tuvo un juicio independiente e imparcial y que se  había violado el artículo 6.1 (derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

11-M

Las paredes del Salón de Plenos del Supremo también fueron testigos del recurso de casación contra la sentencia del juicio del 11-M, que se celebró en la Audiencia Nacional. Fue en 2008.

En general, el Supremo mantuvo las condenas establecidas por el tribunal que presidió Javier Gómez Bermúdez, absolviendo a tres condenados y condenando a uno de los juzgados exonerados.

Los principales condenados fueron Hamd Ahmidan, a 23 años de prisión, Rachid Aglif y Abdelmajid Bouchad, a 18 años de prisión, Hassan El Haski, a 15 años de prisión, Basel Ghalyoun, Mohamed Bouharrat, Fouad El Morabit Amghar, Mouhannad Almallah, Saed el Harrak, Youssef Belhadj Mohamed Larbi Ben Sellam, a 12 años de prisión cada uno.

Rafa Zouhier, por su parte, recibió 10 años de prisión, Abdellah Fadual El Akil, 9 años de cárcel, y Raúl González, 5 años de prisión.

ANV y PCTV

En ese lugar también se celebraron las vistas públicas de la Sala del 61 del Tribunal Supremo -formada por un tribunal de 16 magistrados- que debía decidir la legalización de los partidos Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) por su relación con la desaparecida Herri Batasuna.

Fue en septiembre de 2008. El entonces presidente del Tribunal Supremo y de la mencionada Sala del 61, Francisco Hernando, explicó que ambas formaciones, suspendidas de sus actividades desde febrero por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, suponía «la liquidación y puesta a disposición de lo que establece la Ley de Partidos Políticos de todos los bienes y efectos que pertenecían a esos partidos».

Plano general del Salón de Plenos en 2008, con un juego de biombos, a la derecha, para que pudieran declarar los testigos protegidos. Carlos Berbell.
Plano general del Salón de Plenos en 2008, con un juego de biombos, a la derecha, para que pudieran declarar los testigos protegidos. Carlos Berbell.

Durante dos días, 125 testigos protegidos -policías nacionales y guardias civiles que prestaban sus servicios de forma encubierta en el País Vasco, jugándose la vida- declararon ante el tribunal, tras un biombo, facilitando las pruebas que facilitaron la ilegalización de ambas formaciones.

Su ausencia, en las elecciones autonómicas, posibilitó, por primera vez en la historia de Euskadi, que hubiera un lehendakari socialista, Patxi López, que consiguió la Lehendakaritza gracias al apoyo del Partido Popular.

DOS JUICIOS CONTRA BALTASAR GARZÓN

Paradójicamente, el siguiente imputado en sentarse en el banquillo de los acusados en ese Salón de Plenos fue el hombre que había conseguido poner de rodillas a ETA: el juez Baltasar Garzón. 

Fue juzgado en dos procesos diferentes en ese mismo entorno. El primero, por el caso de las escuchas a los abogados y a sus clientes, en el caso Gürtel, por el que fue condenado a 11 años de inhabilitación. Y el segundo, por el caso de la Memoria Histórica, por el que fue absuelto.

Baltasar Garzón declarando ante el tribunal en el juicio por las escuchas ilegales. Carlos Berbell.
Baltasar Garzón declarando ante el tribunal en el juicio por las escuchas ilegales. Carlos Berbell.