Francisco Fernández Marugán, el defensor del Pueblo en funciones, durante una comparecencia ante el Congreso de los Diputados.
El Defensor del Pueblo mantiene abierta una investigación sobre vivienda social y desahucios en España
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03/1/2019 06:15
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Actualizado: 03/1/2019 00:26
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Ciudadanos y ciudadanas residentes en las comunidades autónomas de Madrid (4.380), Andalucía (2.907) y Cataluña (1.624) son los que más quejas han presentado ante el Defensor del Pueblo en 2018. Cuestiones relacionadas sobre el acceso a la vivienda, a la sanidad universal y los fallos en el sistema de primera acogida y en las demandas de protección internacional y asilo por parte de las personas migrantes que llegan a España son algunas de las quejas que recibidas en esta institución
Acceso a la Vivienda
En 2018 el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha insistido en varias ocasiones en que los poderes públicos deben formular de manera urgente una oferta pública a favor del alquiler social para que los colectivos más vulnerables, así como los jóvenes, puedan emanciparse y construir un proyecto de vida propio y autónomo.
En España existen todavía muchos hogares para quienes el alquiler no es una opción sino una necesidad y la única vía posible para acceder a una vivienda. Sin embargo, la subida experimentada por el precio de los arrendamientos y la precariedad laboral, sobre todo entre los jóvenes, hacen que la vivienda sea inaccesible para muchas personas.
A la Institución le sigue preocupando mucho la situación en la que quedan las personas que sufren un desahucio. En este sentido, el pasado mes de mayo inició una investigación con los ministerios de Fomento y de Justicia por el incumplimiento de las recomendaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de vivienda social y desahucios.
El Defensor mantiene abierta esta actuación y, de momento, ha instado a que ambos departamentos analicen en profundidad y de manera coordinada el Dictamen del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité Desc) de la ONU, que en 2017 determinó que España violó el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores que fue desahuciada en 2013 sin que se le proporcionara una vivienda alternativa.
Hacia la sanidad universal
Respecto a la Sanidad varias resoluciones realizadas por el Defensor del Pueblo en materia sanitaria fueron finalmente aceptadas en 2018. Con la relación a la sanidad universal, la Institución siempre ha defendido la extensión del derecho a la asistencia sanitaria como un derecho público subjetivo, personal y no contributivo.
Por otra parte, el año pasado también se volvió a insistir en la necesidad de revisar el actual modelo de copago farmacéutico para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizarque estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan.
La Institución ha recibido recientemente un informe del Ministerio de Sanidad del que se desprende una aceptación parcial de recomendaciones realizadas por la Institución, ya que propone la exención en la aportación farmacéutica de determinados grupos de pensionistas y de las personas con rentas inferiores a 9.000 euros, con un hijo o más a cargo..
Asimismo, la Institución mantiene abierto un expediente para averiguar por qué hay demoras en la implantación de la interoperabilidad de las historias clínicas en el Sistema Nacional de Salud y también investiga si la oferta de atención psicológica clínica existente en la sanidad pública se adecúa a las verdaderas necesidades de la población.
Llegada de personas en patera
El Defensor del Pueblo lleva años denunciando los fallos y las carencias del sistema de primera acogida. Fernández Marugán alertó en una comparecencia el pasado mes de febrero que, a pesar de los más de 30 años transcurridos desde la primera llegada de una patera, la respuesta que está dando España es insuficiente.
En 2018, según la Organización Internacional para las Migraciones, 57.250 personas llegaron a España en patera.
La Institución, en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), realizó 11 visitas este verano a las provincias de Cádiz, Málaga y Granada para comprobar cómo se estaba realizando la atención humanitaria y jurídica a las personas que accedían por la costa de manera irregular.
Protección internacional y asilo
Durante 2018 el Defensor del Pueblo ha continuado advirtiendo sobre la “insostenible” situación en la que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio (OAR). En su Informe de 2017 ya denunciaba que el sistema de acogida para los solicitantes de protección internacional no ha sido capaz de planificar las medidas de choque necesarias ante el aumento de solicitudes que se estaba produciendo.
En opinión del Defensor, el sistema utilizado hasta el momento para facilitar el acceso al procedimiento de protección internacional ha de ser revisado de inmediato. Así, considera que se debe arbitrar un sistema eficaz de cita previa y se tiene que garantizar que las personas con necesidades de protección internacional, que estén en una situación de especial vulnerabilidad, tengan acceso a los servicios sociales y de acogida necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.
Fernández Marugán ha reiterado su apoyo incondicional a las víctimas de violencia machista y a sus hijas e hijos. El Defensor, convencido de que “un maltratador nunca puede ser un buen padre” ha abogado por un cambio legislativo en dos cuestiones.
Ha pedido que cuando se dicte una orden de alejamiento a un hombre, respecto de una mujer, se suspenda también el régimen de visitas de los hijos e hijas.
Además, en su opinión, también es necesario que la valoración del riesgo que realiza la policía, cuando una mujer denuncia maltrato, lleve aparejada una valoración específica de la situación de riesgo de sus hijas e hijos.
Consumidores de energía eléctrica y telefonía
El Defensor ha reiterado la necesidad de proteger a los consumidores, especialmente los vulnerables, ante las continuas y recientes subidas que ha registrado el precio de la electricidad, uno de los más elevados de Europa.
En opinión de la institución, la energía eléctrica es un bien de primera necesidad y esencial para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación, la salud o una vivienda digna. Por ello, considera necesario que la regulación del sector eléctrico se marque el objetivo de lograr una energía más asequible y que por tanto, resulte más beneficiosa para los consumidores.
Por otra parte, esta institución también inició actuaciones de oficio sobre la subida simultánea de tarifas de telecomunicaciones por las principales compañías que prestan el servicio en el mercado español y sobre la ampliación de los beneficiarios de la cobertura de Internet con redes ultrarrápidas ya que, a pesar de que existen ayudas para acelerar la extensión de la cobertura, actualmente más de un 20% de la población no dispone de cobertura a más de 100 Mbps.
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