PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

El magistrado Florit da orden de devolver el material incautado a los periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press

José Francisco "Kiko" Mestre, del Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, a los que el magistrado Florit ordenó incautar sus útiles de trabajo para saber quién está filtrando información sobre el caso Cursach. EP.
|

El magistrado Miguel Jesús Florit Mullet, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Palma de Mallorca, ha ordenado devolver los móviles, ordenadores y documentación que les fuera incautada por la Policía Nacional a los periodistas José Francisco «Kiko» Mestre, del Diario de Mallorca, y a Blanca Pou, de Europa Press, para conocer quién les estaba pasando información desde el Juzgado y su entorno en el llamado caso Cursach.

El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha citado para este viernes a las 10.00 horas a ambos para tal fin, según una diligencia que les fue notificada ayer ambos informadores.

PUBLICIDAD

De este modo, el magistrado Florit ha respondido al escrito presentado por los periodistas, con el que solicitaban que se les citara formalmente para la devolución de los objetos incautados -dos teléfonos móviles, dos ordenadores corporativos y diversa documentación en papel-.

PUBLICIDAD

Los medios de comunicación afectados también pedían que se les notificara en debida forma la resolución por la que Florit acordaba la devolución de los móviles; y que se les informase por escrito sobre «el lugar o lugares» donde han estado los dispositivos, «las personas que han tenido acceso a los mismos» y sobre la «realización o no» de cualquier «apertura, examen, inspección, registro, copia o manipulación» de los mismos.

Asimismo, reclamaban que en el caso de que se hayan extraído, copiado o examinados datos, se les informe por escrito acerca de qué datos han sido y en qué lugar se han almacenado.

PUBLICIDAD

Europa Press y Diario de Mallorca, junto a los dos periodistas afectados, presentaron una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra Florit por presunta prevaricación al ordenar la incautación de teléfonos móviles de estos profesionales, en el marco de una investigación relacionada con el caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística.

En la querella argumentaban que el auto de Florit constituye «un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia» y que se ha producido una conculcación del secreto profesional del periodista «disparatada e insólita».

PUBLICIDAD