José María Alonso: «Necesitamos una Ley del Derecho de Defensa que proteja el secreto profesional de todos los abogados, externos y de empresa”
Tiempo de hacer balance tras un año al frente, como decano del Colegio de Abogados de Madrid, de José María Alonso; en la foto en su despacho. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

José María Alonso: «Necesitamos una Ley del Derecho de Defensa que proteja el secreto profesional de todos los abogados, externos y de empresa”

EL DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID HACE BALANCE TRAS SU PRIMER AÑO
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13/1/2019 00:15
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Actualizado: 13/1/2019 00:24
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El despacho de José María Alonso, en el Colegio de Abogados de Madrid, del que es decano, es una burbuja en el tiempo.

Es un despacho del siglo XIX, pero muy cómodo. Recuerda los salones del Palacio Real o del Palacio de Aranjuez.

De sus paredes cuelgan los retratos de cinco antecesores suyos, que dejaron huella en la mayor corporación profesional de Europa.

A su izquierda, Melquiades Álvarez González-Posada (1932-1936), conocido en su tiempo de diputado de Las Cortes como «piquito de oro» o «el tribuno», por su posesión del don de la palabra;  fue asesinado en la desaparecida cárcel modelo de Moncloa en agosto de 1936 por una turba de milicianos, cosa que lamentó profundamente el entonces presidente de la República, Manuel Azaña, del que era amigo personal.

A su derecha, el retrato de Juan de la Cierva y Peñafiel (1923-1930), antecesor de Álvarez. Un poco más allá, en el mismo lado, Manuel Cortina Arenzana, quien fue decano durante 30 años, entre 1848 y 1878, elegido 31 veces.

En la pared frente a su mesa, a ambos lados de las puertas de espejo que comunican con la Sala de Juntas, a la derecha, José Canalejas Méndez (1901-1906), que fue asesinado a tiros por el anarquista Manuel Pardiñas Serrano siendo presidente del Gobierno (o del Consejo de Ministros, como se definía entonces) la mañana del 12 de noviembre de 1912, en plena Puerta del Sol de Madrid, cuando estaba mirando el escaparate de la librería San Martín.

Y a la izquierda, Ángel Ossorio y Gallardo, decano entre 1930 y 1932; el decano de la proclamación de la República.

Sobre la repisa, una balanza, símbolo de la Justicia.

Alonso conoce bien sus respectivas historias y los tiempos en los que sucedieron. Se le iluminan los ojos cuando habla de cada uno de ellos. Y de otros muchos, antecesores suyos que, desde hace 421 años, han venido defendiendo los intereses de la abogacía madrileña en el Foro, en la capital de España. 

Él lleva ahora, exactamente un año al frente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el ICAM, como lo conocen los suyos, para acortar. Es un año de gestión como decano y tiempo para hacer un balance para Confilegal.

Reconoce que el problema con IBM, por la digitalización del Colegio es el más importante de su gestión hasta el momento.

Ahora mismo no descarta que pueda acabar en los tribunales.

El ICAM con un presupuesto de 30 millones de euros va a impulsar un espacio de coworking cerca de los juzgados de Plaza Castilla para los abogados con menos recursos. Se trata de ser realmente un Colegio útil, lema de su campaña electoral. Alonso ha reducido las diecinueve direcciones del Colegio madrileño en cinco e implementado métodos de gestión de empresas de primera línea en la institución colegial.

Ahora el país dentro de unas semanas entrará en la vorágine electoral que conducirán a las elecciones del 26 de mayo autonómicas y municipales y a las europeas. Un entorno del que ya en la Comunidad de Madrid han avisado que puede frenar las mejoras de honorarios en el Turno de Oficio, todavía muy lejos de su real valor.

El ICAM trabaja para modificar sus estatutos y estudia en estos momentos si habrá una subida de las cuotas de sus colegiados, al menos en función del IPC.

El decano del Colegio de Abogados de Madrid considera que sobre el secreto profesional de los abogados tanto el CGAE como los 84 colegios tienen que tener una opinión firme. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Antes de que entremos en materia y hablemos del Colegio, me gustaría saber su valoración sobre la propuesta de Hacienda de suprimir  el secreto profesional de los abogados de empresa, los internos. 

Lo hemos comentado en la última reunión reciente en el Consejo General de la Abogacía Española. Ahora es más necesaria que nunca una Ley Orgánica del Derecho a la Defensa donde se proteja de forma clara el secreto profesional de todos los abogados, externos y de empresa.

Esta Ley está informada por todo el mundo pero no acaba de salir. Es una reivindicación histórica de nuestra profesión desde hace años.

Al final parece un problema político, donde un partido quiere evitar que el otro pueda aprobarla y se le atribuya ese mérito. Todos están de acuerdo en que es una ley buena y necesaria pero no acaba de salir.

Tanto la Ley de Acceso a la Abogacía como esta Ley Orgánica del Derecho a la Defensa son indispensable para la abogacía y su ejercicio profesional con garantías.

¿Hay que reformular el secreto profesional del abogado, como quiere el Ministerio de Hacienda?

No creo que haya que cambiar nada. El secreto profesional es fundamental para ejercer de forma independiente el derecho a la defensa. Lo tenemos regulado en el proyecto del nuevo Estatuto de la Abogacía donde hay un artículo específico que dice que los abogados internos tienen el mismo derecho al secreto profesional que el externo.

El vigente Estatuto no distingue donde prestes tus servicios jurídicos.

Sus ultimas modificaciones se han hecho a principios del 2018. Personalmente incluí ese articulo sobre el secreto profesional de los abogados de empresa. Lo que ha aparecido en prensa es una mera intención, pero nos preocupa y mucho.

No hay ninguna Directiva que hable de ello. El CGAE y los 84 colegios de abogados españoles debemos tener una opinión firme sobre este tema.

Volviendo al ICAM, este Colegio creó una Comisión para la reforma de sus Estatutos. ¿En qué estado se encuentra esa iniciativa?

Dicha Comisión se reúne todas las semanas está integrada por abogados de despachos grandes, de empresa, del Turno de Oficio, representantes de otros colectivos y van avanzando en la elaboración de dichos Estatutos.

Queremos que estén en consonancia con esta nueva gestión. Estamos ultimando el cambio de denominación social del Colegio a Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Esta modificación se hará cuando ultimemos los nuevos Estatutos.

Creemos que estará listo en el segundo semestre del 2020. Ya avanzo que se someterá a información pública de todos los colegiados antes de su aprobación definitiva.

El cambio de nombre de Colegio de Abogados de Madrid a Colegio de la Abogacía de Madrid se producirá en 2020. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

«Vamos a impulsar el voto electrónico para hacer más partícipes a los colegiados y colegiadas» 

¿Qué es lo que van a aportar esos nuevos Estatutos?

En primer lugar, vamos a impulsar el voto electrónico para hacer más participes a los colegiados y colegiadas  en todos los procesos electorales que se organicen. No puede ser que un decano  y su Junta de Gobierno le elijan menos de un 10% del total.

Al mismo tiempo va a ayudar a sostener la nueva estructura organizativa del Colegio e impulsar protocolos y reglamentos de actuación que sean públicos para que nadie pueda hacer lo que le dé la gana. Así, si cambia la Junta de Gobierno no cambien las políticas establecidas.

También queremos revisar todo lo relacionado a la deontología y las sanciones a abogados que emplean malas praxis. Hay una grave preocupación sobre la publicidad de esos hechos, pero hay actuaciones que no son de recibo.

De la última reunión mantenida con el CGAE también le puedo adelantar que se va a elaborar un Código de Buenas Prácticas en materia de publicidad.

Pensamos que hay algunas prácticas en el mercado que no son recomendables y que pueden vulnerar valores de nuestra profesión que no se deben traspasar.

De cara a este 2019 nos gustaría saber qué presupuesto dispone el Colegio de Abogados y cuáles van a ser sus principales inversiones.

El presupuesto se ha situado en 30 millones de euros, el mismo que viene de los años anteriores. El Colegio se alimenta en la inmensa mayoría de las cuotas de sus abogados. Ahora analizamos si habrá una subida de cuotas.

Un abogado de Madrid paga la mitad que otro de Barcelona. No se han subido las cuotas durante años y la anterior Junta las bajó en su mandato. Por lo menos deberíamos ver la forma de actualizar al IPC para evitar comernos el patrimonio del Colegio. Suben honorarios de proveedores y trabajadores y hay que ver como hacemos frente a ello, sin perder de vista que tenemos que seguir dando nuevos servicios.

Estamos avanzando en cerrar acuerdos de patrocinios con grandes entidades, gestionar subvenciones. El Centro de Estudios debe ser una fuente de generación de ingresos. La posible subida de cuotas tendría en cuenta la situación de los abogados jóvenes y de aquellos con menos recursos.

No sería una subida indiscriminada. Aún lo estamos analizando sin haber tomado una decisión.

El Colegio ha destinado una partida de su presupuesto para ayudar a aquellos colegiados que no puedan pagarse su seguro médico privado. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

En ese presupuesto está contemplado crear unos espacios de «coworking» cerca de los juzgados de Plaza Castilla, ¿qué utilidad van a tener realmente?

Lo tenemos muy avanzado el proyecto y creo que podrá estar en marcha este primer trimestre de año. Vamos a dotar de espacios, salas de juntas, sistemas informáticos para aquellos abogados que no tengan la posibilidad de recibir a sus clientes en un despacho particular. Estamos ahora valorando un pequeño coste para su mantenimiento.

Ese espacio tendrá una parte dedicada a los abogados seniors. Se trata de que puedan ayudar a abogados más jóvenes y orientarles.

Ahí vamos a trasladar nuestra Corte de Arbitraje a la que queremos dotar de una sala de vistas y su espacio. También estará operativo en dicho espacio el Defensor del Abogado y el Observatorio de la Justicia, zona de consultas procesales.

«Ahora analizamos si habrá una subida de cuotas. Un abogado de Madrid paga la mitad que otro de Barcelona. No se han subido las cuotas durante años y la anterior Junta las bajó en su mandato»

¿En que estado se encuentra MUSA, mutua del Colegio de Abogados en estos momentos?

Estamos trabajando duro para que sea posible su viabilidad. Hemos incorporado dos miembros de la Junta de este Colegio a su Consejo de Administración. La asociación de afectados constituida en MUSA nos explicó la falta de transparencia de la entidad y eso no lo podemos permitir.

Junto a ello, estamos ofreciendo estamos ofreciendo el servicio de MUSA a muchos colegiados. Queremos promocionarla a los nuevos colegiados para que se incrementen sus ingresos. Si logramos aumentar la base, el problema que es de subir la prima a mayores de 65 años podríamos reconsiderarlo y bajar esas primas.

¿Muchos abogados madrileños han sentido en sus carnes la crisis económica y lo han pasado mal. ¿Qué está haciendo el Colegio para ayudarles? 

Claro que hay muchos abogados y abogadas con situación económica en precario. Queremos ayudarles desde nuestra área social. Por eso hemos creado el espacio de «coworking» y la Fundación Cortina ha revisado  ahora las prestaciones para que las reciban aquellos que más lo necesitan.

La depuración hecha por el equipo que apoya a la diputada Angela Cerrillos ha sido notable.

Al mismo tiempo, hemos destinado una partida para ayudar a aquellos compañeros que no puedan pagarse su seguro médico. No podemos consentir que un compañero o compañera se quede sin un seguro médico privado.

La rescisión definitiva del contrato con IBM depende de una reunión que el decano va a tener con la presidenta de la multinacional estadounidense próximamente. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

A nivel tecnológico, el Colegio de Abogados tenía un proyecto ambicioso de digitalización plena de la mano de la multinacional estadounidense IBM, por el que han hecho un fuerte desembolso. Sin embargo, las cosas no han salido bien y han resuelto el contrato, anunciando que tomarían medidas. ¿En qué punto se encuentra el asunto en estos momentos?

En esta área tecnológica, la inversión ha sido importante. De un lado a nivel de gestión del conocimiento con la creación de bases de datos sofisticadas para que cualquier abogado que no esté en un despacho grande lo pueda utilizar desde nuestro Colegio de Abogados.

Sobre nuestra relación con IBM puedo adelantarle que finalmente hemos resuelto el contrato que nos unía con esta multinacional. Se ha resuelto porque en nuestra opinión IBM ha incumplido sus obligaciones para con el Colegio. Hemos invertido ya cinco millones de euros para un sistema que no funciona. A día de hoy no está operativo.

IBM entregó el hardware en un plazo razonable pero en cuanto al software no funciona. Desde IBM señalan falta de colaboración por parte del Colegio. Nosotros hemos encargado un informe pericial a una entidad que ha determinado que eso no es así.

He mandado una carta a la presidenta de IBM Mundial recordando que aquí hay un problema que afecta a 78.000 Colegiados. En los próximos días me reuniré con ella para encontrar una solución definitiva al problema, preservando, por encima de todo, los derechos de los colegiados.

«He mandado una carta a la presidenta de IBM Mundial recordando que aquí hay un problema que afecta a 78.000 Colegiados. En los próximos días me reuniré con ella para encontrar una solución definitiva al problema»

¿Qué desenlace espera de este tema? ¿Puede acabar en los tribunales?

Vamos a intentar, si es posible, lograr una solución amistosa a este asunto. Si no lo logramos tendremos que ejercitar nuestros derechos en la manera que corresponda. Lo primero que queremos es ver si se puede resolver este asunto y luego analizaremos, en función de los costes, si otro proveedor puede finalizar este trabajo.

Queremos plantear a IBM que reconozca que el trabajo hecho no está en plazo ni con el nivel de calidad exigible, según los términos contractuales previstos, y que no soluciona las carencias que llevó al Colegio a afrontar esta transformación tecnológica. Si no fuera así tendríamos que buscar otro proveedor y repercutirles el coste extraordinario de tener otro proveedor.

¿Cómo está el proceso de digitalización de este Colegio, entonces?

Tanto nuestros técnicos como expertos independientes destacan que el sistema implantado tecnológico no funciona. En la actualidad, el proceso de digitalización del Colegio se encuentra detenido por este asunto. Seguimos trabajando con los sistemas informáticos que tenemos. La idea del proyecto era una digitalización global y uniforme del mismo.

En cuestiones como el Turno de Oficio, hemos logrado que la Comunidad de Madrid pague a vencido, un hito importante, eso significa una modificación tecnológica en los pagos a través de un programa informático que pueda certificar y factura mensualmente. Esa es una novedad que hemos pagado porque es muy necesaria.

Respecto al Turno de Oficio, una vez logrado el pago mensual, frente a los 3-4 meses del pasado, ¿se podrán conseguir más ajustes en los baremos de los abogados adscritos al mismo en este año?

Los baremos deben mejorar bastante. En las conversaciones mantenidas con la consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid subyace esa necesidad de que es necesaria una revisión al alza. Ahora nos dicen que no será posible por el proceso electoral que está a punto de arrancar y que culminará las elecciones de mayo.

Pese a ese comentario, esperamos que la Comunidad mantenga sus compromisos de pago mensuales. En relación con los baremos, esperamos que haya sensibilidad en ese sentido y se mejoren. Ahora sí puedo decir que las relaciones con la Comunidad de Madrid son excelentes y creo que su presidente, como Consejera de Justicia son conscientes de lo que les pedimos.

En cuanto a la Ley de Acceso a la Abogacía, convocadas ahora las pruebas, ¿está usted de acuerdo en reformarlas?  

Las pruebas de acceso hay que mejorarlas para saber realmente si ese futuro abogado reúne las condiciones que le va a requerir el mercado. En mi opinión, no es suficiente un examen tipo test. Es necesario modificarlo. Considero necesario ver cómo el aspirante a abogado se expresa oralmente, cómo escribe, cómo discurre mentalmente.

Ese examen tipo test es lo que ha hecho que este Colegio tenga tantos colegiados italianos. Esto hay que cambiarlo. En Estados Unidos cuando un abogado aprueba el examen de acceso a la abogacía en el bufete le hacen una fiesta. ¿Por qué? Porque es difícil, es duro. Aprueban los mejores. Se apuesta por la excelencia. Aquí aprueban casi todos.

Y lo mismo ocurre en Alemania, en Francia o en Italia. Es lo que hace que estén orgulloso de ser abogados. Nuestra Ley de Acceso es una prolongación de la Universidad con todas sus carencias a través de preguntas tests. Hay que cambiarla.

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