Covite pide que se exija el repudio a ETA como condición para el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas
Consuelo Ordóñez también ha solicitado al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz los datos de los presos de ETA a los que se les podría aplicar este protocolo, así como un diagnóstico detallado de la enfermedad que padecen para poder comprobar que se ajusta a dicho protocolo. Foto: Covite

Covite pide que se exija el repudio a ETA como condición para el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas

Reclama al Gobierno que aclare cuáles son las condiciones que va a pedirles para el traslado
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18/1/2019 16:58
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Actualizado: 18/1/2019 21:09
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La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha pedido que el repudio a ETA debe ser una condición fundamental para el acercamiento de los presos etarras a cárceles en el País Vasco.

Ordóñez ha señalado que «tiene que ser un repudio individual a todo lo que ha supuesto ETA». «En ningún caso  debe hacerse de forma colectiva», ha precisado.

Subraya que «es importante lograr que los presos de ETA repudien a la banda terrorista para ser acercados a cárceles en el País Vasco, porque ETA ejerció una violencia política, y el proyecto político totalitario y excluyente por el que asesinaron lo defiende ahora la izquierda abertzale desde las instituciones”.

Consuelo Ordóñez ha lanzado un comunicado a raíz de las declaraciones hechas ayer por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que afirmó que no se puede mantener la política de dispersión de los presos de ETA «en el momento actual», tras la «disolución» de la banda, aunque rechazó que ello signifique que vaya a haber acercamientos «indiscriminados». Además, Marlaska defendió que los traslados se realicen siempre «en los términos que la Ley establece».

Covite reclama al Gobierno que «aclare cuáles son las condiciones» que va a pedir a los reclusos para su acercamiento, y ha recordado que la izquierda abertzale, «con sus líneas rojas de no arrepentimiento y no delación, es la verdadera responsable» de que éstos cumplan condena en prisiones lejanas a Euskadi.

‘TODAVÍA ESTÁ PENDIENTE LA VERDADERA FOTO DE LA DISOLUCIÓN DE ETA, LA DE LA DETENCIÓN DE TODOS LOS ETARAS’

El ministro también aseguró que la banda asesina ha sido «disuelta y derrotada por el Estado de Derecho, por la sociedad democrática, no por ellos, que solo han hecho el acto formal de disolución». Al respecto, Consuelo Ordóñez ha manifestado que «los herederos políticos e ideólogos de ETA están hoy en las instituciones y que la desactivación de las siglas de ETA no implica la desaparición de sus objetivos políticos».

«Si el proyecto político totalitario y excluyente que ETA quería imponer por la violencia se impone desde las instituciones, se estará legitimando su trayectoria criminal», ha destacado.

En este sentido, ha afirmado que es «indigno» que un Gobierno democrático «dé por válido el acto de disolución de ETA protagonizado por los propios terroristas, y no por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

«Todavía está pendiente la verdadera foto de la disolución de ETA, la de la detención de todos los etarras», ha apuntado.

Asimismo, Covite ha afirmado que «la verdadera responsable de que siga habiendo una política de dispersión de los presos de ETA es la izquierda abertzale, y no el Estado de derecho.

Ha indicado que la izquierda abertzale «solo tiene que levantar sus líneas rojas de no arrepentimiento y no delación a los presos para que estos puedan acogerse a las vías de reinserción».

«La izquierda abertzale siempre ha tenido en su mano el fin de la dispersión, pero prefiere seguir sacando rédito político culpando a las víctimas de que haya una u otra política penitenciaria, en vez de permitir a los presos de ETA que puedan desvincularse de la banda terrorista», ha manifestado Ordóñez.

La presidenta de Covite también se ha referido a la posible cesión al Gobierno vasco de la competencia de prisiones, a lo que «se opone de forma contundente, porque los nacionalistas nunca han querido ser carceleros y gestionar la competencia de prisiones».

Por ello, cree que «si ahora quieren serlo, es para abrir las puertas de las cárceles».

«Su preocupación es buscar la vía para ayudar a los etarras encarcelados a salir, es decir, la impunidad. Si se transfieren las competencias de prisiones al Gobierno vasco, se estarían transfiriendo los derechos de las víctimas a la justicia a los nacionalistas», ha sentenciado.

VIGILARÁ QUE NO HAYA ‘TRATO DE FAVOR’ AL APLICARSE A LOS PRESOS DE ETA EL ‘PROTOCOLO MARLASKA’

Covite ya anunció la semana pasada que vigilará que no haya “trato de favor” a los presos de ETA al aplicárseles el denominado ‘protocolo Marlaska’ que el Ministerio del Interior ha puesto en marcha para facilitar la excarcelación de reclusos “con enfermedades muy graves con pronóstico incurable”, y que podría permitir la puesta en libertad de una docena de etarras.

Reclamó al Ejecutivo que excarcele primero a los presos comunes para demostrar que no ha hecho el protocolo para favorecer a los de la banda asesina.

Covite informó de que ha demandado el acceso a este protocolo y ha enviado una carta al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en la que le solicita los datos de los presos de ETA a los que se les podría aplicar esta medida, así como un diagnóstico detallado de la enfermedad que padecen “para poder comprobar que se ajusta” a lo establecido.

Hizo hincapié en que hasta ahora, todos los etarras que fueron excarcelados por “enfermedad muy grave con pronóstico incurable” superaron el tiempo de esperanza de vida que se les dio al salir de prisión”, por lo que considera que los reclusos de la banda enfermos “han recibido hasta ahora un trato de favor”, algo que califica de “inadmisible e indigno”.

Recordó  los presos de ETA excarcelados por enfermedades terminales.

Los primeros fueron Josu Retolaza, puesto en libertad el 14 de octubre de 1986 y que falleció a los siete meses, el 19 de mayo de 1987; Javier Gorostiza, excarcelado el 16 de julio de 1994, que falleció a los 11 meses, el 17 de junio de 1995; y Santiago Díaz Uriarte, en libertad el 27 de octubre de 1995 y que falleció el 25 de marzo de 1997, al año y cinco meses de su puesta en libertad.

A ellos se suman Esteban Esteban Nieto, en libertad el 7 de abril de 1994 y fallecido el 26 de septiembre de 1999, a los cuatro años y cinco meses; Kepa Miner, excarcelado el 2 de julio de 1999 y que murió a los cuatro años y nueve meses, el 26 de abril de 2004; y Mikel Ibáñez, puesto en libertad desde el 8 de agosto de 2008 y fallecido el 7 de abril de 2011.

Entre ellos también está Josu Uribetxeberria Bolinaga, que quedó en libertad el 16 de septiembre del 2012 y falleció el 16 de enero de 2015 y, por último, se refiere al “caso más alarmante de todos”, el de Belén González Peñalva, que fue excarcelada en 2009 y murió el 16 de noviembre de 2017.

Bolinaga cumplía la pena máxima, 30 años, por varios delitos, entre ellos los asesinatos de tres guardias civiles, y por ser el carcelero del exfuncionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, el más largo de la historia de la banda terrorista.

En esta lista, Covite no incluyó a los reclusos de la banda “que fueron puestos en libertad hace años por padecer una enfermedad terminal, pero que todavía no han fallecido”.

20 AÑOS DE ACTIVISMO COMBATIENDO EL TERRORISMO CON LA PALABRA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco cumplió el pasado noviembre 20 años de activismo contra ETA y su entorno, y de defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo: Memoria, Verdad, Dignidad y Justicia.

Teresa Díaz Bada, Cristina Cuesta y Consuelo Ordóñez, unieron sus fuerzas en 1998 para poner voz a las víctimas del terrorismo en Euskadi por primera vez como colectivo: a través de COVITE. Lo constituyeron el 28 de noviembre de 1998 .

Gestaron Covite durante la tregua de 1998 de ETA, “en un momento en el que muchos sectores sociales y políticos hablaban en nombre de las víctimas para negociar las condiciones para la paz”, recuerda Ordóñez.

Con motivo de su conmemoración se ha creado un documental, ‘Las heridas luminosas’, que recoge su historia, narrada por quienes integran el colectivo.

Puede verlo pinchando aquí.

Las tres son víctimas del terrorismo. Teresa Díaz Bada, hija del teniente coronel de Infantería y superintendente de la Ertzaintza Carlos Díaz Arcocha, asesinado por ETA el 7 de marzo de 1985; Cristina Cuesta es hija del delegado de Telefónica en Guipúzcoa Enrique Cuesta, asesinado el 26 de marzo de 1982 en un atentado perpetrado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas; y Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP vasco Gregorio Ordóñez asesinado por ETA el 23 de enero de 1995, en San Sebastián, de un tiro en la cabeza, por la espalda.

24 AÑOS YA DEL ASESINATO DE GREGORIO ORDÓÑEZ

El próximo 23 de enero hará 24 años cuando ETA asesinó a Gregorio Ordóñez en San Sebastián.

Un encapuchado se acercó por detrás mientras almorzaba en un bar de la capital donostiarra (La Cepa) con varios compañeros del partido, María San Gil, Enrique Villar e Iciar Urtasun. El asesino le atravesó la cabeza de un disparo.

Gregorio Ordóñez era teniente de alcalde del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, tenía 36 años, estaba casado con Ana Iríbar y tenía un hijo de 14 meses.

Los etarras Francisco Javier García Gaztelu, Juan Ramón Carasatorre Aldaz y Valentín Lasarte Oliden, del llamado Comando Donosti, fueron condenados por su asesinato. En marzo de 2015 quedó libre Lasarte, tras cumplir 18 años.

El cineasta Iñaki Arteta hizo un documental sobre la vida política y personal de Gregorio Ordóñez, en el que  Javier Ordóñez, único hijo del político asesinado, narra en voz en off cómo fue su padre y la influencia que sigue teniendo sobre él, pese a que la banda terrorista ETA le privó de su presencia y de la posibilidad de “tener recuerdos de una vida con él”.

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