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La Fiscalía pide al TSJIB el archivo de la querella contra el juez Florit de Europa Press, Diario de Mallorca y AMI

EL FISCAL JEFE, BARTOMEU BARCELÓ, DECLARÓ EN DICIEMBRE QUE NO ERA UN PRECEDENTE PELIGROSO INCAUTAR MATERIAL A PERIODISTAS José Francisco "Kiko" Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, a los que el magistrado Florit ordenó incautar sus útiles de trabajo para saber quién está filtrando información sobre el caso Cursach. Foto: EP
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La Fiscalía de Baleares, con el visto bueno de su fiscal jefe, Bartomeu Barceló, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) el archivo de la querella por prevaricación contra el juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit, interpuesta por Europa Press, Diario de Mallorca y la Asociación de Medios de Información (AMI) -la patronal de las empresas de comunicación de España- tras la incautación de móviles a periodistas de los dos medios citados, que informan sobre el ‘caso Cursach’.

Barceló manifestó el pasado mes de diciembre que no consideraba un precedente peligroso que el juez instructor del caso Cursach emitiera una orden para requisar material a dos periodistas por publicar un informe relacionado con la investigación judicial de dicho caso. 

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Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, después de que el TSJIB admitiera a trámite el pasado la querella presentada por los tres medios en la que se investigan un presunto delito de prevaricación judicial, un delito contra la inviolabilidad del domicilio y otro contra el ejercicio del derecho al secreto profesional.

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Cabe recordar que el juez Florit ya dejó sin efecto la resolución que dictó para requisar los teléfonos móviles, ordenadores y documentación de dos periodistas.

Precisamente, el magistrado anulaba su auto ocho días después de que los medios presentaran dicha querella en la que también se personó la AMI debido a la «gravedad» de los hechos acontecidos en estos dos medios.

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En el caso de Europa Press, el pasado día 11 de diciembre tres agentes de la Policía Nacional y una funcionaria judicial se presentaron en la sede de la Delegación de Baleares con una orden judicial y tras pedir a la delegada que abandonara su propio despacho, se quedaron con la periodista Blanca Pou, encargada de la información de tribunales, quien ha seguido durante meses el conocido como caso Cursach.

Los policías exigieron a la periodista toda la documentación relacionada con el caso que estuviera en su poder. Blanca Pou se negó a entregarla, apeló reiteradamente a su derecho profesional a no revelar las fuentes y pidió contactar con los servicios jurídicos de Europa Press. Los policías le negaron esta posibilidad y, amparándose en el mandato judicial, se llevaron el teléfono personal de la periodista, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel.

Por tanto, Europa Press insiste en que su periodista Blanca Pou no entregó voluntariamente el material que se le exigía y que en todo momento expresó su rechazo a la medida, así como su deseo de recibir asistencia jurídica.

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No obstante, la decisión de Florit motivó la concentración de más de 200 personas el pasado 13 de diciembre en la Plaza de Cort de Palma por la libertad de prensa y de información así como movilizaciones en Madrid y muestras de solidaridad con los afectados por parte de la AMI, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) o el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB).

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