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La entrada del público al juicio de la causa del «procés», en el Tribunal Supremo, es libre

Todos y cada uno de los 12 acusados tendrán derecho a la última palabra cuando el juicio del Tribunal Supremo llegue a su fin.
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Cualquiera puede asistir como público a la sala de vistas donde se va a celebrar el juicio contra los 12 procesados, por la causa del «procés», acusados de delitos que van desde la rebelión, pasando por la malversación de fondos públicos y la desobediencia.

Y presenciar en vivo y en directo el desarrollo del juicio.

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A pocos metros de los 12 acusados: Oriol Junqueras Víes, Jordi Turull Negre, Raül Romeva Rueda, Joaquim Forn Chiarello, Josep Rull Andreu, Dolors Bassa Coll, Carles Mundó Blanch, Meritell Borrás Solé, Santiago Vila Vicente, Carme Forcadell Lluis, Jordi Sànchez  Picanyol y Jordi Cuixart Navarro.

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No se necesita más que llevar el carnet de identidad y estar lo más temprano posible en la puerta lateral de la Plaza de la Villa de París -la entrada de funcionarios-, en Madrid. 

La única restricción es el aforo.

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De los 150 asientos disponibles de público, la organización del Tribunal Supremo ha reservado 100 para periodistas, familiares y dos delegaciones, de dos personas, del parlamento vasco y del parlamento catalán.

Los 50 asientos restantes son para las primeras personas del público que hagan cola, entre ellos los «observadores» de la organización ‘International Trial Watch-Catalan Referendum Case’ (ITW), de la que forman parte asociaciones próximas al independentismo la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, el Centro Iridia, la Asociación Novact, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona y el Colectivo Praga.

ITW ha anunciado que los observadores Dominique Nogueres, Claire Dujardin, Fabio Marcelli, Frederic Ureel y Javier Pérez Royo estarán a las puertas del Supremo el 12 de febrero, fecha en la que arrancará el juicio, para hacer “su trabajo”.

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O los 4 abogados diarios que pretende enviar el Consejo de la Abogacía Catalana, para verificar la limpieza del proceso. Una decisión que ha sido duramente criticada por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y los decanos de los Colegios de Abogados de Madrid, José María Alonso, y Málaga, Francisco Javier Lara. 

Todos ellos tendrán que competir con los ciudadanos que quieran asistir como público. El que llegue antes, entra. Porque no hay preferencias de ningún tipo.

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El horario previsto de comienzo es a las 10 de la mañana cada martes, miércoles y jueves de juicio. Por lo tanto, para tener posibilidades de entrar, toca madrugar. 

LA JUSTICIA EMANA DEL PUEBLO

El derecho de los ciudadanos a asistir a los juicios tiene su clave de bóveda en dos artículos de la Constitución. Uno, el 117 dice que «La Justicia emana del pueblo y se administra el nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».

Dicho de otro modo, la Justicia tiene su razón de ser en el servicio a los ciudadanos.

En el segundo artículo, el 120, se dice claramente, en su punto 1, que «Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento», que en este caso no afectan porque no hay ninguna circunstancia restrictiva especial, como puede ser que la víctima sea menor de edad, por ejemplo.

En su punto 2 se afirma, «El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal», que es el caso.

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Y el artículo 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el código procesal penal español, dice que «Los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente».

¿Por qué es esto así?

Porque la publicidad supone una garantía del proceso para los acusados y un derecho fundamental. El derecho a un proceso público, contemplado en el artículo 24.2 de la Carta Magna.

VOZ DE AUDIENCIA PÚBLICA

A diferencia de la mayor parte de los sistemas judiciales de nuestro entorno, el público no puede entrar a la sala hasta que el agente -en algunos países recibe el nombre de alguacil- sale de su interior y da la voz de «Audiencia Pública».

En ese momento se abren las puertas y el público entra a su interior.

La norma es que el tribunal de 7 magistrados, en este caso, estén ya sentados, aunque cabe la posibilidad de que se haga «a la europea». Es decir, que el presidente del tribunal, al que le corresponde ejercer la llamada «policía de estrados», la autoridad suprema dentro de la sala, decida que entre el público y luego, una vez todos sentados, penetren los miembros del tribunal.

Antecedentes de esa costumbre, que no es alienígena, hay en el Tribunal Supremo.

El magistrado Enrique Bacigalupo, ya jubilado, solía preferir esa modalidad porque consideraba que le daba al tribunal más autoridad y prestancia.

«No es lo mismo que los ciudadanos entren en la sala estando ya tú y tus compañeros sentados, que permitir que al revés. La autoridad y el respeto del tribunal se ve aumentada cuando, estando todos sentados, escuchan la voz ‘¡en pié!’ y entonces entramos nosotros», relató al autor de este artículo antes de retirarse de la vida profesional.

Sea como fuere, depende de lo que diga el presidente del tribunal, en este caso el magistrado Manuel Marchena Gómez. 

También cabe la posibilidad de verlo en directo, por «streaming», a través del teléfono móvil, una tableta o un ordenador portátil o de mesa en el portal del Consejo General del Poder Judicial: www.poderjudicial.es.