El juicio contra los 18 políticos separatistas arrancará entre mediados y finales de enero y se prolongará durante, al menos tres meses, a la vista de los 90 testigos propuestos por el Ministerio Fiscal y de los 300 que han solicitado que depongan los abogados de las defensas.
Las sesiones previsiblemente serán de 10 a 18 horas, con un breve receso para almorzar.
Durante ese tiempo, los 9 políticos separatistas en prisión preventiva regresarán, desde la prisión de Lledoners, en Barcelona, a los diferentes centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, desde donde serán trasladados cada día al Palacio de Justicia de la Plaza de la Villa de París, en Madrid, sede del Tribunal Supremo.
El lugar en el que tendrá lugar el juicio será el Salón de Plenos del Alto Tribunal, el único que reúne las condiciones para un proceso de estas características, y estará presidido por Manuel Marchena Gómez y formado por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Luciano Varela Castro, Antonio del Moral García, Ana Ferrer y Andrés Palomo.
No se prevé que el proceso coincida con ninguno de los periodos electorales previstos.
La sentencia, por su complejidad, tampoco se cree que podrá estar hasta septiembre u octubre.
EL ANTECEDENTE
Es la primera vez, desde el 24 de agosto de 1932, que en esa Salón de Plenos tendrá lugar un juicio por rebelión.
En aquel entonces, el pleno periodo republicano, el tribunal de la entonces Sala Sexta juzgó al teniente general del Ejército, José Sanjurjo Sacanell, de 60 años, al general de Brigada, Miguel García de la Herrán, de 52 años, al teniente coronel de Estado Mayor, Emilio Esteban Infantes Martín, de 40 años, y al capitán de infantería, Justo Sanjurjo y Jiménez Peña, de 30 años, por ese delito; el fallido golpe de Estado de 10 de agosto de 1932, conocido popularmente como «la sanjurjada».
El juicio sumarísimo duró un solo día.
El tribunal condenó a la pena de muerte a Sanjurjo y a cadena perpetua a García de la Herrán. A Esteban Infantes le cayeron 12 años de prisión; el hijo del teniente general fue absuelto.
Los magistrados –Mariano Gómez González, Fernando Abarrategui Pintes, José María Álvarez Martín, Isidro Romero Cianatos, Ángel Ruiz de la Fuente, Emilio de la Cerda y L. Moliendo y José Antón Oneca, se quedaron hasta la madrugada deliberando. La sentencia fue emitida al día siguiente.
Y al día siguiente, el presidente del Consejo de Ministros -como se llamaba entonces al presidente del Gobierno-, Manuel Azaña, conmutó la pena de muerte por la de reclusión perpetua.
Apenas dos años más tarde, en aplicación de la Ley de Amnistía de 24 de abril de 1934, Sanjurjo fue puesto en libertad.
