El jurado popular encargado de juzgar en la Audiencia Provincial de Madrid el caso del supuesto espionaje político a exaltos cargos del PP de Madrid ha declarado no culpables a los seis acusados de un delito de malversación de caudales públicos.
Se trata del director de Seguridad en la época de Aguirre, Sergio Gamón; su ‘número dos’, Miguel Castaño Grande; el exfuncionario José Manuel Pinto; y los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro.
Estaban acusados de hacer seguimientos entre marzo y mayo de 2008, a cargos políticos del PP enfrentados con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Según ha expuesto el portavoz del tribunal del jurado en la lectura del veredicto, la mayoría han sido exonerados por unanimidad. Gamón y Castaño lo han hecho por mayoría de 5 a 4.
El tribunal ha determinado que no se pueden dar como probados los seguimientos aludiendo a la declaración de Enrique Barón y de Alfredo Prada, entre otros.
Barón afirmó en su testifical que no se pudo determinar tal extremo, mientras que Prada sostuvo que sus escoltas no detectaron nada raro.
Además, no han dado validez a los posicionamientos telefónicos ni tampoco a las pruebas caligráficas de los partes de seguimiento.
Sobre la malversación de causales, el jurado popular ha concluido que no se han detectado «gastos irregulares».
Se pone fin a un procedimiento judicial, sin acusación del fiscal, cuya instrucción se remonta a enero de 2009.
Pese a la retirada de los ‘seguidos’, el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y el exvicealcalde madrileño Manuel Cobo, el juicio siguió adelante con las acusaciones del PSOE y de la Comunidad de Madrid, en cuyas conclusiones afirmaron que los hechos habían quedado acreditados con la práctica de la prueba en la vista ora.
En su alegato final, cuatro de los acusados atribuyeron la acusación a «un sucio montaje político, periodístico y policial» en el que han sido «víctimas de la corrupción política» y «del sistema» al ser vendidos como «carnaza» para «ocultar la verdad» que hay detrás de «detectives» que habrían sido contratos por «los dos grandes partidos políticos».
El PSOE y la Comunidad de Madrid mantuvieron ayer su acusación al considerar que hay pruebas que acreditan los hechos producidos los meses previos al Congreso Nacional que celebró el PP en Valencia en junio de 2008.
La representante del Ministerio Fiscal reclamó la absolución de los acusados. Afirmó que la causa se ha basado en unas informaciones periodísticas que no valen como carga probatoria.
El abogado defensor Javier Vasallo ha anunciado que presentará una querella contra los investigadores de la UDEF que llevaron el atestado y contra el exfiscal Manuel Moix a raíz de las declaraciones del excomisario Jaime Barrado, quien admitió que se prevaricó en la investigación policial.
El excomisario Jaime Barrado, denunció en su testifical que hubo “cortapisas” para llegar “a la verdad” de los hechos y subrayó que advirtió “irregularidades” del exfiscal jefe Manuel Moix, indicando que se quejó al comisario general, pero todo quedó “en un cajón”.
En su comparecencia final, José Oreja, Antonio Coronado, José Manuel Pinto y Luis Caro Vinagre denunciaron que la acusación está relacionada con «el bosque oscuro de la corrupción» implicando a los excomisarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que instruyeron el atestado y el exfiscal jefe Manuel Moix.
La defensa de dos guardias civiles y el técnico de la Administración regional, Ramón González Bosch, ha informado que se querellará contra «aquellos periodistas que durante 10 años y a día de hoy han mantenido una evidente injusticia de una manera torticera y de mala fe».
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