La fiscal no ve probado el supuesto espionaje en el PP de Madrid

‘NO HAY NINGUNA PRUEBA QUE ACREDITE LA MALVERSACIÓN Y LOS SEGUIMIENTOS’, AFIRMA LA FISCAL

La fiscal ha invalidado la totalidad de la carga probatoria que existe contra los procesados, subrayando que no ha quedado acreditado nada sobre los seguimientos ni que hayan malversado con el uso de medios del gobierno regional.

Ha destacado que la investigación ha partido de informaciones del diario ‘El País’ sobre unos partes de seguimientos, cuya procedencia se desconoce, y que no hay que descartar que pudieran ser llevados a dicho medio de comunicación con un «móvil espúreo».

La representante del Ministerio Público ha criticado que se haya querido «dar valor probatorio a unas informaciones periodísticas» que no lo son.

También ha echado por tierra la validez de la pruebas periciales, dado que no se tomó la letra a todos los acusados. Este extremo, a su juicio, hace que esta prueba pierda valor porque no se podía contrarrestar.

Además, ha puesto en duda que la cadena de custodia no se hubiera roto en el transcurso en el que los partes llegaron al Juzgado desde la Fiscalía.

La fiscal ha criticado duramente los informes policiales realizados por la Udef en base exclusivamente a las informaciones aportadas por el citado diario y ha afirmado que la investigación policial es «errónea».

También ha hecho alusión a las declaraciones del excomisario Jaime Barrado, que en su testifical denunció que hubo “cortapisas” para llegar “a la verdad” de los hechos y subrayó que advirtió “irregularidades” del exfiscal jefe Manuel Moix, indicando que se quejó al comisario general, pero todo quedó “en un cajón”.

«Esto siembra dudas e infunde sospechas, lo que impide tener los informes en consideración», ha dicho la representante del Ministerio Fiscal, y ha señalado que el exfiscal jefe Manuel Moix tuvo el mismo criterio que ella en la investigación en el hecho de que «no había delito».

«Creemos que no hay ninguna prueba que acredite la malversación y los seguimientos. Yo les digo que dicten un veredicto justo analizando todas las pruebas en su conjunto. Y que se planteen de qué manera se han incorporado al proceso», ha dicho dirigiéndose al jurado popular.

LAS ACUSACIONES

La defensa de Gamón y Castaño solicitan su absolución y pedirán en sus informes la nulidad de todo el procedimiento. Consideran que el proceso está viciado tras la revelación de que varios comisarios de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) podrían haber prevaricado en la investigación.

Los abogados de los otros acusados, Javier Basallo y Ramón González Bosch, reclaman el archivo de la causa con anulación del juicio y disolución del jurado ante las nuevas revelaciones que hizo el excomisario de la UDEF de la Policía Nacional Jaime Barrado el pasado miércoles, y que se abra una investigación para depurar responsabilidades.

La acusación ejercida por el PSOE ha mantenido la solicitud de penas de entre 2 y 4 años de cárcel para los acusados, recalcando que asumieron las órdenes ilegales dadas por el exdirector de Seguridad Sergio Gamón.

Ha reclamado cuatro años de cárcel para el exdirector de Seguridad Sergio Gamón, tres para el exsubdirector Miguel Castaño y dos para los otros cuatro acusados, tres guardias civiles y un técnico de la Administración regional.

Por su parte, el letrado de la Comunidad de Madrid ha pedido diversas penas de multa para los acusados por presunto delito de malversación de fondos públicos para fines ajenos a su función, al estimar acreditados los seguimientos que ha calificado de «desvergüenza total».

Ha mantenido su solicitud para que se inhabilite a los procesados y ha querido dejar patente su «indignación» por el hecho de que se haya querido desviar el juicio a «cuestiones ajenas», en referencia al planteamiento de las defensas de que se anule el proceso por estar contaminado a raíz de las revelaciones sobre la manipulación policial.

El letrado del gobierno regional ha dado validez plena a las pruebas presentadas en el juicio corroboradas por la declaración de los acusados y por uno de los denunciantes, Alfredo Prada.

«Esta operativa funcionó desde un ámbito cerrado. Gamón era el jefe y dio las órdenes. Además, dispuso todo lo necesario para que sus jefes realizaran esas actividades ilegales. Las pruebas están confirmadas policial y judicialmente», ha expresado.

Ha pedido al jurado popular que haga de este caso «un paradigma de la Justicia» y declare la culpabilidad de los acusados en su veredicto.

«Les pido una sentencia condenatoria», ha reclamado.

El abogado Ramón González Bosch considera que «este procedimiento solo beneficia al PSOE y al PP», que a su juicio no han hecho nada para esclarecer la verdad.

Ha señalado que en las guerras mueren los soldados y no los sargentos. «Mis clientes son los soldados», ha dicho.

Ha atribuido «mala fe procesal» a las acusaciones ejercidas por la Comunidad de Madrid y el PSOE.

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