La acusación ejercida por el PSOE en el juicio de los presuntos ‘espías’ que realizaron vigilancias durante el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2008 mantendrá en su informe final la solicitud de hasta cuatro años de cárcel para los seis acusados por la comisión de un delito de malversación de caudales públicos.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid ha concluido hoy la prueba pericial.
Una perito ha expuesto que de tres partes de seguimientos no pudo concluir que José Manuel Pinto fuera el autor. En dos de los documentos lo descartó y en otro no era concluyente su cuerpo caligráfico.
El próximo lunes, las partes expondrán sus informes finales.
Los acusados son el director de Seguridad en la época de Aguirre, Sergio Gamón; su ‘número dos’, Miguel Castaño Grande; el exfuncionario José Manuel Pinto; y los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro.
La Fiscalía de Madrid pide su absolución al considerar que no existe ninguna infracción penal en los supuestos seguimientos a distintos políticos de la Comunidad de Madrid.
El PSOE prevé mantener su acusación en la que piden entre dos y cuatro años de prisión.
La mayor pena la reclama para el exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón. También solicita que se le inhabilite ocho años para ejercer como cargo público.
Pide tres años prisión y seis de inhabilitación para Miguel Castaño por presunta malversación de caudales públicos, y para los otros cuatro acusados dos años de prisión por el mismo delito.
Además el PSOE estima que todos los acusados deben indemnizar a la Comunidad de Madrid en la cantidad presuntamente malversada, que inicialmente cuantificó en unos 160.000 euros.
El letrado de la Comunidad de Madrid anunciará el lunes si mantiene las multas hasta 18.000 euros e inhabilitación.
En sus conclusiones provisionales reclama multas de 18.000 y de 9.000 euros para Sergio Gamón y Miguel Castaño, respectivamente, además de tres años de suspensión de cargo público, como cooperadores necesarios del supuesto delito de malversación de caudales públicos.
Para los otros cuatro acusados solicita 1.800 euros de multa y la suspensión de cargo público durante un año como autores materiales de dicho delito.
Enrique Molina, defensa de Gamón y Castaño, pedirá la absolución por la nulidad de la prueba obtenida en este procedimiento.
Los abogados de los otros acusados, Javier Basallo y Ramón González Bosch, han anunciado que solicitarán el archivo de la causa con anulación del juicio y disolución del jurado ante las nuevas revelaciones que hizo el excomisario de la UDEF de la Policía Nacional Jaime Barrado el pasado miércoles.
El guardia civil José Oreja sostuvo en su declaración ante el juez que «los verdades responsables eran los detectives», afirmando que todo era «un montaje» de las cloacas policiales.
LOS TESTIGOS APUNTAN A OTROS
El excomisario Jaime Barrado afirmó que se negó a rectificar un informe repleto de «falsedades» a instancias al jefe de la Unidad de a Udef, Juan Luis Olivera.
«No me fiaba ni de Moix ni de Olivera», afirmó.
Barrado denunció que hubo “cortapisas” para llegar “a la verdad” de los hechos y subrayó que advirtió “irregularidades” del exfiscal jefe Manuel Moix, indicando que se quejó al comisario general, pero todo quedó “en un cajón”.
Tras los nuevos datos, el abogado Javier Basallo anunció que deducirá testimonio contra Barrado y los demás comisarios implicados y que instruyeron el atestado, así como Manuel Moix.
Se adhirió el letrado Ramón González Bosch, que defiende a José Oreja, José Manuel Pinto y a José Antonio Coronado.
El tribunal anunció que en la sentencia deducirá testimonio por estos datos para que se abra una nueva investigación que depure responsabilidades en esta presunta prevaricación de exaltos mandos policiales.
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