La Audiencia Nacional señala que hay «cierto riesgo» de vulneración de derechos de los detenidos en Venezuela

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado paralizar la extradición de tres venezolanos reclamados por la justicia de aquel país en relación a diversos delitos económicos al entender, basándose en informes de instituciones, organismos y ONG, que existe «riesgo cierto» de que en Venezuela se vulneren los derechos fundamentales de personas en esta situación.

Se trata de tres pronunciamientos en relación a la entrega que reclamaba Venezuela a España del exjefe de seguridad de Hugo Chávez Adrián José Velásquez; la esposa de éste, Claudia Patricia Díaz Guillén -que fue enfermera del fallecido presidente venezolano–; y José Ramón Sánchez Rodríguez, excontable de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Los tres, afines al régimen de Chávez, son ahora reclamados por su sucesor, Nicolás Maduro, acusados de blanqueo y enriquecimiento ilícito y los tres se opusieron a la extradición alegando que serían perseguidos y torturados.

El presidente del Gobierno de España ya reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela

Pedro Sánchez ya aseguró que «España no va a dar un paso atrás en este empeño y va a estar a la altura de lo que se esperas de ella en este conflicto«. Tras el plazo de ocho días que dieron España y otros países de la Unión Europea para convocar elecciones, Sánchez esperaba que fueran «libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones» para que los venezolanos tengan «voz y voto, sin miedo, sin amenazas» y «sin exclusiones» para que Venezuela sea dueña «de su propio destino».

La Audiencia Nacional se basa en informes de organismos internacionales a los que pertenece España, como la Comisión Europea o el Parlamento Europeo y la ONU, de ONG como Amnistía Internacional y de otras instituciones como la Organización de Estados Americanos, cuyas resoluciones arrojan un diagnóstico que funda el temor alegado a sufrir tratos inhumanos y degradantes bajo custodia venezolana. «Consideramos que existen fundamentos suficientemente sólidos como para indicar que el régimen existente en Venezuela no respeta los Derechos Humanos de quienes discrepan de él«.

En cualquier caso, no se trata de tres opositores, sino de personas que trabajaron bajo mandato de Hugo Chávez y a quienes su sucesor, Nicolás Maduro reclama por delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.

El Pleno entiende que «no se debe ignorar la existencia de injerencias gubernamentales en el sistema judicial, en particular en lo que se refiere al nombramiento de los más altos cargos», los mismos que reclamaban a estas personas.

Situaciones de «gravedad y urgencia» de personas bajo custodia

La investigación seguiría a cargo del Servicio de Inteligencia Nacional, «sobre el que pesan multitud de denuncias internacionales sobre sus prácticas de tortura», argumento que el Pleno sustenta en diversos pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertando sobre situaciones de «gravedad y urgencia» de personas bajo custodia de este cuerpo policial.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ya huyó de su país en 2017

Ortega tuvo que salir en lancha a Aruba en 2017 y desde allí voló a Bogotá. Dos semanas después de que la Asamblea Constituyente chavista que gobierna el país en forma interina la destituyera de su cargo y ordenara su enjuiciamiento por supuesta conspiración.

Los fiscales iberoamericanos apoyan a la fiscal general de Venezuela. La AIAMP (Asociación Interamericana de Ministerios Públicos) es una asociación fundada en 1954 que agrupa a los representantes de Ministerios Públicos de 21 países de Iberoamérica, junto a España y Portugal.

Un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela también huyó a EE.UU. para denunciar la corrupción de su país

Christian Tyrone Zerpa, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJV), se marchó con su familia a Florida, Estados Unidos, donde ha denunciado públicamente la muerte de la división de poderes en su país.

«Llegué a la decisión de apartarme del camino que he seguido en estos últimos 18 años justamente al ver que ni siquiera en Venezuela yo podía garantizarle un futuro a mis hijas«, explicó al canal de noticias panamericano NTN24.

Aseguró que «el nivel de colapso, el nivel de deterioro, no solo de la calidad de vida, el colapso institucional que hay en Venezuela, la corrupción, la improvisación, la falta de organización, de planificación me llevó a una gran conclusión, y es que el gobierno de Maduro es el peor gobierno que ha tenido Venezuela en toda su historia republicana».