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Juristas y asociaciones piden al Defensor del Pueblo que recurra ante el Constitucional el tratamiento de datos de los partidos

Un grupo de Juristas y Asociaciones solicitan al Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad contra el tratamiento de datos personales por partidos políticos.En la foto, José Luis Piñar, ex director de la AEPD y catedrático de Derecho Administrativo, Borja Adsuara, abogado y profesor de derecho digital, Víctor Domingo presidente de la Asociación de Internautas, Elena Gil, abogada de Secuoya Group, Carlos Sánchez, director jurídico de la PDLI, Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Internautas, Jorge García abogado de Secuoya Group y Yolanda Quintana, secretaria general y portavoz de la PDLI.
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La norma permite a partidos políticos recopilar, de páginas web y redes sociales, datos personales y opiniones políticas de los ciudadanos. En esta mañana, los juristas registraron su solicitud y mantuvieron con posterioridad una reunión con Francisco Fernández-Marugán,  Defensor del Pueblo en funciones.

Según explico José Luis Piñar, exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y catedrático de Derecho Administrativo,  uno de los firmantes de la solicitud  “la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, mediante su Disposición Final Tercera, apartado Dos, incorpora un artículo 58 bis en la LOREG, sobre utilización de medios tecnológicos y datos personales en actividades electorales, en general, y en la propaganda política, en particular».

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La LOREG es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

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Edificio del Defensor del Pueblo, en pleno centro de Madrid. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Con la lectura de este artículo, los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán recopilar, en páginas web y redes sociales, datos personales vinculados a las opiniones políticas de los ciudadanos para la realización de todo tipo de actividades políticas durante el periodo electoral; en especial, de propaganda.

Creación de ‘perfiles ideológicos’ y personalización de la propaganda electoral

Esta medida posibilita realizar ‘perfiles ideológicos’ y personalizar la propaganda electoral (‘microtargeting’) con tecnologías de ‘big data’ y de inteligencia artificial, no sólo para enviar ‘spam’ por correos electrónicos personalizados, sino también para contratar en las redes sociales mensajes personalizados para cada usuario.

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Entre los firmantes de este escrito: Borja Adsuara abogado y profesor de Derecho Digital, Centro Universitario Villanueva; José Luis Piñar, abogado y catedrático de Derecho Administrativo, Universidad CEU San Pablo; Jorge García, abogado, Secuoya Group; Elena Gil González, abogada, Secuoya Group; Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI); Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet; Virginia Pérez, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).

Otros firmantes del documento son Rodolfo Tesone, presidente de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía Digital (ENATIC); Ofelia Tejerina abogada (AI); Carlos Sánchez Almeida (PDLI); Cecilia Álvarez abogada, delegada de Protección de Datos; y Lorenzo Cotino catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Valencia

Para Borja Adsuara,  esto es lo que ya sucedió en las últimas elecciones de EE.UU., con el escándalo de “Cambridge Analytica”, que utilizó la información obtenida de Facebook y de otras fuentes para enviar mensajes a los usuarios, según sus intereses y miedos, fomentando un discurso del odio con la difusión de noticias falsas (‘fakenews’).

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Creo que hay que pedirle al Tribunal Constitucional su amparo para evitar una situación de este tipo derivada de los comicios electorales pendientes”.

La Agencia Española de Protección de Datos, preocupada por el perfilado de los ciudadanos

A juicio de dichos juristas y organizaciones, esta posibilidad vulnera las medidas garantistas del propio Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y podría conculcar derechos fundamentales, por lo que han solicitado al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad.

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 Los derechos constitucionales afectados serían: muy especialmente, el derecho a la protección de datos personales (artículo 18.4) y, además, el derecho a la libertad ideológica (artículo 16), la libertad de expresión e información (artículo 20) y el derecho a la participación política (artículo 23).

Esta preocupación coincide con la postura de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que en un informe del gabinete jurídico (de 19 de diciembre) considera que “el artículo 58 bis debe ser interpretado conforme a lo establecido en la Constitución, de modo que no conculque derechos fundamentales”.

Con esta finalidad, el pasado 12 de febrero la AEPD inició el trámite de audiencia de una Circular, en la que realiza una interpretación restrictiva de este precepto y establece distintas garantías, “dada la tipología de los datos que se tratarían y que existe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas”.

Al mismo tiempo la directora de la asociación, Mar España ha comentado en últimas comparecencias públicas que este regulador estará vigilante y que habrá tolerancia cero ante este tipo de situaciones. La intervención de este regulador es independiente de las garantías que pidan otros órganos en el ámbito de sus competencias, como la Junta Electoral Central, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio del Interior y, en último término, el Tribunal Constitucional”, por lo que se solicita su intervención.

#NoConMisDatos

Esta solicitud ante el Defensor del Pueblo viene precedida de una campaña de varios juristas y asociaciones, desde los días previos a la aprobación de la nueva LOPD, bajo el ‘hashtag’ #NoConMisDatos, a la que se han ido sumando muchos otros abogados digitales y ciudadanos, preocupados por sus derechos.

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El mismo día que se publicó la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) en el BOE (paradójicamente, el 6 de diciembre, Día de la Constitución), algunos de estos juristas y asociaciones publicaron un formulario para que los ciudadanos se dirigieran a los partidos y se opusieran al tratamiento de sus datos personales y exigieran su supresión.

Recurso de inconstitucionalidad

Asimismo, se ha abierto una petición en change.org, a la que ya se han adherido más de 200 personas, con el fin de apoyar la solicitud al Defensor del Pueblo para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma antes del 6 de marzo (dentro del plazo de tres meses desde la publicación de la Ley).