Los 15 jueces que han conformado la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han celebrado la vista pública para dirimir las cuestiones prejudiciales sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), interpuestas por el titular del Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, Francisco Gonzalez de Audicana.
En la misma, que ha durado casi tres horas, han intervenido el abogado José María Erausquin, a quien el Supremo revocó una sentencia de IRPH avalada por la Audiencia Provincial de Álava, en la que se anulaba dicho índice.
Como se esperaba, Erausquin ha defendido de manera clara y contundente la falta de transparencia en la comercialización del IRPH en los préstamos españoles ante el tribunal, conformado por los jueces Koen Lenaerts, presidente, belga; Rosario Silva de Lapuerta, vicepresidenta, española; Eugene Regan, irlandés; Jean Claude Bonichot, francés; Alexander Arabadjiev, búlgaro; Constantinos Lycourgos, griego; Lars Bay Larsen, danés; Küllike Jürimäe, estonia; Thomas von Danwitz, alemán; François Bilgen, francés; Camelia Toader, rumana; Marek Safjan, polaco; Christopher Vajda, inglés; Daniel Šváby, eslovaca, y Sinisa Rodin, croata, que es la ponente.
La abogada del Estado, por su parte, ha defendido el «statu quo» actual, pidiendo la no retroactividad de los efectos en caso de que la sentencia fuera favorable al consumidor.
Napoleón Ruiz, abogado de la Comisión Europea, ha mantenido la postura de defensa de la transparencia que debe presidir la comercialización de los préstamos hipotecarios.
La Comisión Europea, en su informe de observaciones escritas al TJUE del 17 de septiembre del 2018, se alineó a favor de los clientes afectados por el IRPH, que en España pasan del millón, situándose en sentido contrario a la sentencia del Tribunal Supremo.
Durante la vista, los 15 magistrados han hecho preguntas relacionadas con la transparencia, la información que debe darse al consumidor y las consecuencias de la nulidad.
Por su parte, el abogado general del TJUE para este caso, el polaco, ha anunciado que publicará sus conclusiones el 24 de junio.
La figura del abogado general del TJUE –son 9, en total, de otros tantos países– no tiene nada que ver con los abogados, fiscales o abogados del Estado.
Desempeña un papel especial en el Tribunal de Justicia, aportando a los jueces su opinión con total imparcialidad e independencia.
No forman parte de las deliberaciones del Tribunal, cuyos jueces son los que finalmente aportan la decisión final.
Las conclusiones del abogado general no se presentan en todos los supuestos, sino solo “cuando el asunto lo merece. Cada vez que hay un elemento de novedad, de falta de claridad, se piden conclusiones”.
Estadísticamente, en el 67 por ciento de las sentencias los magistrados del TJUE siguen los dictámenes de los abogados generales.
Tras las conclusiones del abogado general de este caso, la Gran Sala emitirá sentencia definitiva. Será entre julio y octubre de este año.
Para Patricia Suárez, presidenta de Asufín, presente en vista, «Hoy ha sido un día muy importante en la defensa de los afectados por IRPH, estamos convencidos de que las conclusiones del abogado general serán favorables a los consumidores y que la sentencia será un antes y un después, como lo fue la de las cláusulas suelos».
