El edificio del Tribunal Constitucional es un tronco de pirámide; se halla al oeste de Madrid. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El Constitucional excluye el uso de la cámara oculta en los reportajes periodísticos, con excepciones
El Tribunal afirma que constituye una grave intromisión ilegítima en los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen
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02/3/2019 06:15
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Actualizado: 01/3/2019 22:44
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El Tribunal Constitucional, en una sentencia cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido, ha vetado el uso de la cámara oculta en los reportajes de investigación por constituir «una grave intromisión ilegítima en los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen”.
Sin embargo, “su utilización podrá excepcionalmente ser legítima cuando no existan medios menos intrusivos para obtener la información”.
Con esta argumentación la Sala Primera del máximo tribunal de garantías, ha estimado parcialmente el recurso de amparo de un particular al considerar que una cadena televisiva ha vulnerado sus derechos a la intimidad personal, la propia imagen y el honor por emitir un reportaje grabado con cámara oculta.
Asimismo, se declara la nulidad parcial de la sentencia 634/2017, de la Sala Civil del Tribunal Supremo, de 23 de diciembre de 2017, que dio prevalencia a la libertad de información porque el reportaje emitido tenía por finalidad esencial denunciar una actividad de licitud dudosa del demandante de amparo y de su empresa que podía entrañar riesgos para la salud pública.
Cándido Conde-Pumpido, el ponente, en una foto tomada en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la que formó parte durante más de un cuarto de siglo. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
CASOS PREVIOS
El caso estudiado sobre el que ha versado la sentencia tuvo lugar en 2010. Dos periodistas, Ana Regalado y Enrique Campo, acudieron al despacho de Thomas Erich Hertlein -«coach, mentor, consultor personal, director ejecutivo y propietario de la empresa Homo Simples, S.L.- haciéndose pasar por clientes y fingiendo que uno de ellos padecía cáncer.
Grabaron la visita con cámara oculta.
«Al día siguiente, los periodistas regresaron al mismo despacho para recoger la grabación de la visita ya que el Sr. Hertlein grababa a su vez todas las visitas y proporcionaba una copia a sus clientes: los periodistas también grabaron esa nueva visita con cámara oculta», dice la sentencia.
El 15 de diciembre de 2010, emitieron fragmentos de las grabaciones de las vistas obtenidas con cámara oculta en «Espejo Público», programa de Antena 3 de Televisión, S.A.
El debate televisivo se centró en mostrarle cómo un “sanador” que no teniendo titulación alguna relacionada con la salud se atribuía aptitud para curar todo tipo de enfermedades.
Asimismo, se le calificó de “mujeriego” y se le imputó incluir en las terapias “algo más que caricias”.
En otro programa de la cadena de televisión, «3D», también se emitió un reportaje titulado «¿Un falso gurú de la felicidad?».
La controversia central planteada en el presente recurso de amparo, que ha articulado el abogado Jaime Campaner en representación de Hertlein versa sobre el conflicto entre el derecho a comunicar libremente información veraz de un medio de comunicación y los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen del demandante de amparo, sobre el cual una cadena televisiva emitió diversos programas que combinaban el reportaje, el debate y la voz en off y que utilizaban imágenes captadas mediante cámara oculta en su consulta profesional por unos periodistas que se hicieron pasar por clientes interesados en sus servicios.
SENTENCIA PARA DESCARGAR 2018-169STC
RESALTA LA NECESIDAD DE «REFORZAR LA VIGILANCIA EN LA PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA»
El tribunal sentenciador, formado por los magistrados Juan José González Rivas -presidente del órgano-, Andrés Ollero Tassara, Santiago Martínez Vares García, Alfredo Montoya Melgar, Cándido Conde-Pumpido Tourón y María Luisa Balaguer Callejón, recuerda su doctrina sobre el uso de la cámara oculta plasmada en la STC 12/2012 en la que resalta la necesidad de “reforzar la vigilancia en la protección de la vida privada para luchar contra los peligros derivados de un uso invasivo de las nuevas tecnologías de la comunicación, las cuales, entre otras cosas, facilitan la toma sistemática de imágenes sin que la persona afectada pueda percatarse de ello, así como su difusión a amplios segmentos del público”.
Ahora bien, como ocurre con otros conflictos entre derechos, la ponderación es también la forma de resolver lo que suscita la técnica periodística de la cámara oculta.
Porque ninguno de los derechos reconocidos en el artículo 18.1 de la Constitución Española es absoluto o incondicionado.
De ahí, que la libertad de información puede llegar a ser considerada prevalente sobre los derechos de la personalidad analizados caso por caso, en tanto la información se estime veraz y relevante para la formación de la opinión pública y verse sobre asuntos de interés general.
La sentencia, que recoge la abundante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), subraya que “la legitimidad del uso de la cámara oculta como método periodístico de obtención de la información está sometida a unos criterios estrictos de ponderación dirigidos a evitar una intromisión desproporcionada y, por tanto, innecesaria en la vida privada de las personas”.
Por esta razón, el uso de la cámara oculta constituye una técnica tan intrusiva y tan lesiva para la vida privada que su utilización, en principio, “debe ser restrictiva, como último recurso y conforme con las normas deontológicos”, concluye el TEDH.
EL CONSTITUCIONAL NO COMPARTE LA DECISION DE LA SALA DE LO CIVIL DEL SUPREMO
El Tribunal Constitucional no comparte la decisión adoptada por la Sala Civil del Tribunal Supremo -que dio prevalencia de la libertad de información- porque “el método utilizado para obtener la captación intrusiva (cámara oculta) no fue necesario y proporcionado para el objetivo de averiguación de la actividad desarrollada por el demandante de amparo en su consulta profesional y para la realización constitucional del derecho a la libertad de información, ya que hubiera bastado con realizar entrevistas a sus clientes”.
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