La ruptura del PP de Guadarrama, localidad del noroeste de la Comunidad de Madrid, influyó directamente en la ausencia de compensación a la familia Álvarez de una valiosa parcela en el centro del pueblo que el Ayuntamiento viene explotando desde hace 11 años.
Fiscalía y acusación particular piden 10 años de inhabilitación para el exalcalde de Guadarrama por supuesta prevaricación
LA FALLIDA PERMUTA DE UNA PARCELA EN EL CENTRO DEL PUEBLO Y LA ESCISIÓN DEL PP, EN EL MARCO DEL PROBLEMA, EN UN JUICIO QUE COMIENZA EL LUNES
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08/3/2019 06:15
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Actualizado: 01/4/2019 12:36
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El Ayuntamiento de Guadarrama, localidad a 41,2 kilómetros al noroeste de Madrid, en cuyo término municipal se halla el Valle de los Caídos, lleva catorce años explotando, y beneficiándose, de una parcela de 9.228 metros cuadrados en el centro del pueblo por la que sus dueños no han recibido ninguna compensación.
El supuesto responsable de este «desaguisado» es el exalcalde de Guadarrama, exviceconsejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Las Rozas -por el PP- José Ignacio Fernández Rubio.
Tanto el Ministerio Fiscal como el abogado de la acusación particular, José María Garzón, solicitan 10 años de inhabilitación por prevaricación en el juicio que comienza el lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.
Garzón, que representa a los damnificados, los hermanos Jorge, Javier y Virginia Álvarez, pide, además, 1.769.399,60 euros, como indemnización, y 7.200.000 euros, en concepto de lucro cesante por las cantidades que los dueños dejaron de percibir por el contrato que tenían con Supercor, a razón de 288.000 euros anuales, durante 25 años. Más 250.641,59 euros, por los costes de acondicionamiento de las parcelas 80 y 82, que fueron posteriormente recuperadas por el Ayuntamiento.
PARA LA DEFENSA, NO HAY CASO
La defensa legal de Fernández Rubio, asumida por Adolfo Prego, magistrado retirado del Tribunal Supremo, por su parte, afirma que no hay caso.
«Lo que se dirime es un proyecto de permuta entre dos partes cuyo acuerdo queda sometido a la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid, que al no prosperar no se puede ejecutar. Es un negocio frustrado sin más», explica.
«El acuerdo con la familia fue aprobado por unanimidad por la sociedad. No hubo ninguna irregularidad y eso espero que lo vea el tribunal. Porque no hay prevaricación absoluta alguna. Era una operación jurídicamente imposible», añade Prego.
LA FAMILIA, AFECTADA
Para la familia lo peor no es el dinero sino los disgustos.
“Mi padre y mi madre fallecieron por los continuos disgustos que sufrieron. Todo esto ha sido, es una tortura. No pudieron resistir lo que nos han hecho. Mis hermanos y yo hemos tenido que recibir atención médica también», explica Virginia Álvarez.
En 2014 la magistrada Sara Rodríguez Huertas, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Collado Villalba, impuso al exalcalde Fernández Rubio una fianza millonaria, 9,2 millones de euros.
Una de las más altas impuestas en un caso de esta naturaleza en España.
Fue destinada a asegurar la compensación a los herederos del empresario fallecido Luis Álvarez García, propietario del Grupo Canta, que ahora llevan los tres hermanos.
Aquella decisión judicial truncó definitivamente la carrera política de Fernández Rubio quien, después de 10 años como alcalde de Guadarrama, había conseguido la alcaldía de Las Rozas, una localidad mayor y más poblada, más cercana a Madrid, a la que no se pudo presentar para un segundo mandato.
Un caso que ha tenido como fondo un enfrentamiento fratricida dentro del PP de Guadarrama.
LOS HECHOS
El empresario Luis Álvarez García tenía el mencionado solar en pleno centro del pueblo de Guadarrama de 9.228 metros cuadrados. Dentro del mismo tenía una nave desde la que operaba con su empresa de construcción.
En 2004 Álvarez García recibió una notificación de la Comunidad de Madrid en la que se le informaba que le iba a ser expropiada la parcela, porque no podía destinarse a uso industrial.
Asimismo, se le comunicaba que la nave sería demolida en un plazo de 15 días.
De acuerdo con la familia, el padre se puso rápidamente en contacto con el entonces alcalde de Guadarrama, Fernández Rubio, del PP, formación que tenía una mayoría holgada de 11 concejales para ver qué se podía hacer. El Consistorio está formado por 17 ediles.
Ambas partes llegaron a un acuerdo dos veces: Una en 2004 y otra en 2006. En el primero, el de 2004, se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Guadarrama.
Consistía en una permuta de uso de los terrenos de referencia, que estaban muy cerca del centro del pueblo, por el uso de una parcela en los terrenos del futuro polígono industrial que próximamente se iba a construir a las afueras y la futura explotación comercial de un espacio en los mencionados terrenos.
La segunda vez el Ayuntamiento suscribió un contrato a través de la Sociedad Municipal de Vivienda de Guadarrama, contemplando las mismas condiciones, porque al consistorio no le había dado tiempo a recalificar.
El objetivo del Ayuntamiento del PP, entonces presidido por Fernández Rubio, era desarrollar urbanísticamente la parcela de la familia Álvarez de una forma muy similar a cómo se había hecho en Moralzarzal, con la construcción de una plaza de toros, locales comerciales en torno a la misma.
Así como la edificación de un local comercial Supercor, que quedaría en propiedad de la mencionada familia, junto con una pequeña parte de los 9.228 metros cuadrados de aparcamientos subterráneos que presumiblemente se construirían.
Fernández Rubio llegó, asimismo, al acuerdo con la familia Álvarez de venderle dos parcelas, propiedad del Ayuntamiento, en el polígono industrial, cuando se le entregara el local comercial citado.
Ambas parcelas tendrían un precio final de 484.000 €.
La empresa de la familia Álvarez, en el entendimiento de que se cumpliría el convenio, se instaló en las mismas y acondicionó las dos parcelas haciendo una inversión de 250.652 €.
El convenio primigenio fue firmado por Fernández Rubio como alcalde de Guadarrama.
Posteriormente suscribió el contrato, en representación, y como máxima autoridad de la mencionada Sociedad Municipal de la Vivienda.
Dicha Sociedad, en el momento de la firma del convenio, no estaba registrada y, por lo tanto, no tenía poderes para suscribirlo.
La parcela que les fue expropiada a la familia Álvarez vista desde el cielo. Google Maps.
UNA GUERRA INTERNA PERSONAL EN EL PP: EL ORIGEN DEL CONFLICTO
La “popular” Carmen María Pérez del Molino sucedió, en agosto de 2008, a José Ignacio Fernández Rubio, que acababa de ser nombrado viceconsejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de Esperanza Aguirre.
Fernández Rubio había sido alcalde de Guadarrama durante 11 años.
El sucesor natural de Fernández Rubio en el Ayuntamiento de Guadarrama hubiera sido Miguel Rodríguez Bonilla, su mano derecha, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo.
No lo fue.
Declinó la responsabilidad argumentando que su trabajo como empresario le impedía dedicar a la Alcaldía todo el tiempo que requería.
La opción siguiente fue Pérez del Molino, que no formaba parte del círculo de confianza de Fernández Rubio.
La nueva alcaldesa no tardó en colisionar con su antecesor.
Confesó públicamente que no se hablaba con el ex alcalde (y presidente del PP de Guadarrama) desde hacía un año y medio.
LA NUEVA ALCALDESA ANULÓ EL CONVENIO CON LA FAMILIA ÁLVAREZ
El enfrentamiento llegó a su punto más caliente cuando la regidora se negó, a prorrogar el convenio que Fernández Rubio había suscrito con la familia Álvarez y que vencía en febrero de 2009.
Pérez del Molino adujo, para ello, que existían “ciertas irregularidades”.
Según declaró públicamente la alcaldesa “ese contrato está firmado por una sociedad municipal de la vivienda. Sin registrar. Y en ese contrato se venden dos parcelas del polígono industrial, que son patrimonio del Ayuntamiento de Guadarrama. Nunca fueron cedidas a la sociedad municipal de la vivienda”.
Y este era un requisito necesario para que después la sociedad pudiera venderlas: “Antes tendría que haberlo aprobado la mayoría absoluta del pleno, que tendría que haber autorizado la donación de las parcelas a la sociedad municipal”.
Pérez del Molino tomó la decisión de anular el convenio acogiéndose a una condición legal que podía suponer su suspensión: que no se hubiera aprobado el Plan General de Ordenación Urbana.
Así lo reconoció el propio Fernández Rubio en 2014, a través de un comunicado que publicó en Facebook.
«En 2006, la Sociedad Municipal de la Vivienda de Guadarrama, que yo presidía en calidad de alcalde del municipio, firmó un contrato de permuta de parcelas con el Grupo Canta, dedicado a la venta de materiales de construcción. El contrato establecía una serie de obligaciones para ambas partes, todas ellas supeditadas a una cláusula suspensiva aceptada libremente por los firmantes y que, como su nombre indica, caso de no cumplirse anulaba el mencionado contrato: la aprobación del Plan General de Urbanismo de Guadarrama por parte de la Comunidad de Madrid», escribió.
«En 2009, y en vista de que el Plan General todavía no se había aprobado –a día de hoy aún no lo está- mi sucesora en el Consistorio decidió invocar esa cláusula y anular el contrato, una anulación que no supuso ningún perjuicio económico para ninguna de las partes por cuanto lo previsto en el contrato nunca se llevó a efecto», añadió.
El Ayuntamiento de Pérez del Molino anuló, en consecuencia, los acuerdos con la familia Álvarez, suscritos por el regidor anterior.
Y todo voló por los aires.
Según la familia Álvarez, fueron desahuciados de las dos parcelas que habían recibido del Ayuntamiento, y que habían ocupado y acondicionado.
No se les compensó por el dinero que habían invertido (250.642 €) en acondicionar esas dos parcelas. No les devolvieron los terrenos del centro del pueblo ni les compensaron por ello.
Tampoco les indemnizaron tampoco por la explotación del local comercial contemplado en el futuro desarrollo urbanístico de los terrenos del centro del pueblo.
En consecuencia interpusieron la querella.
Y EL PARTIDO POPULAR DE GUADARRAMA SE ROMPIÓ POR LA MITAD
Pérez del Molino definió la situación como “una guerra de José Ignacio Fernández Rubio contra la alcaldesa de Guadarrama” en “El Faro de Guadarrama” del 25 de febrero de 2011.
Pocos días después, la alcaldesa del PP descubrió que la Ejecutiva Local del Partido Popular de Guadarrama, con el visto bueno de Esperanza Aguirre, la iba a dejar fuera de las listas en las elecciones municipales que se avecinaban.
Descubrió, además, que “el elegido” era Miguel Rodríguez Bonilla –el que había sido número 2 de Fernández Rubio en el Ayuntamiento- como su candidato a alcalde por la localidad.
Lo vio claro, para el PP ella estaba “amortizada”.
La alcaldesa se revolvió entonces contra su partido y, con la mitad de los concejales que tenía el PP en Guadarrama montó la Agrupación Popular por Guadarrama (APPG) y se presentó a las elecciones municipales de 2011 como una nueva formación.
La APPG fue el partido político más votado: 2.250 votos. Si bien su mayoría fue exigua: 17 votos más que el Partido Popular.
Ambos, la APPG y el PP obtuvieron los mismos concejales cada uno: 6. El PSOE consiguió 3. Izquierda Unida, 1. Y UPYD 1, también.
Los 17 votos de diferencia de la APPG sobre el PP le permitieron asumir de nuevo la Alcaldía de Guadarrama.
Un cargo que, a día de hoy, sigue ostentando, con 6 concejales, después de las últimas elecciones.
El PP bajó a 4. El Grupo Sí se puede Guadarrama emergió con 3. El PSOE bajó a 2. Izquierda Unida Los Verdes revalidó con 1 y el Grupo Mixto, 1.
EL CONFLICTO SE TRASLADÓ A LA JUSTICIA
La familia Álvarez recurrió a la Justicia para obtener la compensación económica que estimaba que le correspondía.
Se presentó una querella contra la regidora, Carmen María Pérez del Molino y contra parte del equipo de gobierno, que fue archivada.
Fue entonces cuando la juez de instrucción llamó, a petición del Ministerio Fiscal, a Fernández Rubio a declarar.
Según la magistrada Rodríguez Huertas, y basándose en la declaración del interventor municipal de Guadarrama, Fernández Rubio había firmado dos convenios que “no cumplían con las formalidades administrativas requeridas”.
Y añadió que “resultó arbitraria su formalización a sabiendas de su injusticia”.
“Los anteriores hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación comprendido en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, dice la juez en su auto.
Del estudio de los documentos se desprendió, además, que cuando Fernández Rubio firmó el convenio con la familia Álvarez en representación de la Sociedad Municipal de Vivienda de Guadarrama, cuando esta sociedad no estaba registrada y, en consecuencia, no tenía poder para ello.
Esta es la base de la acusación por prevaricación contra el ex alcalde que ha promovido el Ministerio Fiscal y que ha secundado la acusación particular de la familia.
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