La titular del Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel Vega Serrano, ha admitido a trámite una querella contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, el empresario Miguel Ángel Ramírez, y ocho personas de su confianza -su padre, algunos primos y su hombre de confianza, Héctor de Armas– por los supuestos delitos de insolvencia unible y contra el derecho de los trabajadores.
La querella, presentada por la fiscal anticorrupción Evangelina Ríos, tiene su origen en las investigaciones llevadas a cabo por Vigilancia Aduanera sobre los querellados.
De acuerdo con la fiscal, Ramírez ha tratado de despatrimonializar Seguridad Integral Canaria (SIC), que está en concurso de acreedores, desviando fondos a otras empresas supuestamente controladas por él, con el fin de no pagar las deudas contraídas con Hacienda y la Seguridad Social.
Entre ellas Sinergias de Vigilancia y Seguridad, MAR Asesores, Novo Segur Seguridad Privada, Transportes Depósitos y Manipulados y Gestiones y Asesoramiento 3.000.
El empresario canario niega todo y asegura sentirse «acosado» por la Fiscalía.
SIC, por una parte, debe 7.060.169,55 euros a la Hacienda Pública, por no haber abonado las retenciones practicadas a los trabajadores, así como el IVA repercutido a sus clientes.
Por otra parte, también adeuda a la Seguridad Social 1.466.914,85 euros, por «infracotización», por un lado, y otro 1.300.000, por lo mismo, en otro periodo diferente.
Como consecuencia de todo ello, la Agencia Tributaria embargó todas las cuentas bancarias, los cae´ditos comerciales, los créditos arrendatarios, dos coches BMW modelo 520D, bienes inmuebles, títulos no cotizados, y ocho fincas registrases.
SUPUESTAMENTE VENDIÓ LAS ACCIONES DE LA U.D. LAS PALMAS
Ramírez, según la querella de la Fiscalía, vendió las acciones del equipo de fútbol de Segunda División, que ostentaba a través de SCI, «en fraude de ley».
El embargo de las acciones de la UD Las Palmas se acordó el 9 de noviembre de 2017, pero no pudo realizarse al haberlas vendido el empresario.
«Pese a esa venta SIC no percibió enero alguno como prestación, y para ello se recurrió a intentar justificar un crédito a favor de Miguel Ángel Ramírez con SIC de algo más de 200.000 euros que había prestado a la tesorería», dice la querella.
«Esa transferencia de fondos se omitió», prosigue.
Porque «Ramírez adeudaba a la sociedad SIC unos dos millones de euros», que no figuraban, a efectos contables en los balances como deuda por se había aplazado el abono de la cantidad hasta 2035.
A pesar de ello, «Ramírez adquirió de SIC unas participaciones en la UD, justificando la contraprestación d ellas mismas de las mismas con ese dinero transferido a la empresa cuando ese dinero debía ser a cuenta de la deuda que él mismo tenía con SIC, obteniéndose con esa actuación contable lograr evitar que se descubriera tal deuda».
