La Fiscalía de Madrid ha pedido el sobreseimiento provisional del caso ‘pendrive’ con información de Jordi Pujol Ferrusola al no ver acreditado los delitos que imputa el magistrado Juan Javier Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y a su entonces subordinado Bonifacio Díez Sevillano en lo relativo a la obtención de la memoria USB y la custodia de la misma.
El juez les imputa la comisión de los presuntos delitos de falso testimonio, fraude procesal y descubrimiento o revelación de secretos por funcionario público.
El Ministerio Público cree que «no queda suficientemente justificada» la comisión de tales delitos, «sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias para quien siga en el servicio activo o para quien se encuentre suspendido en funciones en tanto se sustancia la presente causa».
Pino, que fueDAO de la Policía Nacional con Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, está jubilado. Díez Sevillano es inspector jefe de Policía.
La defensa de Pujol Ferrusola ha presentado un recurso de apelación contra el auto del juez que mantiene al margen de la causa al policía Álvaro Ibáñez Alfaro, firmante del informe remitido en abril de 2016 a la Audiencia Nacional.
Podemos, que está personado como acusación popular, ha pedido 10 años y medio de prisión para Pino. Le atribuye los presuntos delitos de estafa procesal, falso testimonio y descubrimiento y revelación de secretos, los mismos que al que fuera mano derecha de éste, el inspector Bonifacio Díaz Sevillano, para quien pide la misma pena y, además, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años.
Según relata Podemos en su escrito, Pino y Díaz Sevillano actuaron “de forma concertada y prevaliéndose de su posición jerárquica y organizativa” en la DAO para facilitar a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) “un dispositivo electrónico ‘pendrive’ con documentación propiedad de Jordi Pujol Ferrusola indicando un origen de la documentación falso, desconociéndose en la actualidad el origen real de dicho ‘pendrive’”.
EL FISCAL DESCONFÍA DE LOS TESTIMONIOS POR LA ENEMISTAD EN LA LLAMADA ‘GUERRA DE COMISARIOS’
«Es claro pues que no se conoce a ciencia cierta el origen de dicho USB, ni de dónde se obtuvo, y menos cualquier participación en ello de los investigados», señala el fiscal en su escrito, de 14 páginas, fechado a 22 de febrero
En él alude a la ‘guerra de comisarios’ en la etapa de Fernández Díaz en Interior para poner en duda las versiones contrapuestas de diferentes mandos.
«No hay credibilidad subjetiva, la misma desaparece ante la enemistad y rivalidad existente entre los mismos», dice sobre los diferentes testimonios en sede judicial de los responsables de la cúpula policial, con Pino a la cabeza.
Cita la enemistad de Pino con el que fue su jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas -cuyo testimonio ve «totalmente mediatizado y sin valor»-, y otras causas en las que están enfrentados como la del ‘pequeño Nicolás’, y concluye que «aun adoleciendo la conducta de los investigados de corrección, seriedad y profesionalidad, no existen indicios fundados de haberse cometido hechos con relevancia penal».
El caso del ‘pendrive’ fue derivado a Plaza de Castilla por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, donde se sigue investigando derivadas de las operaciones de la etapa de Eugenio Pino como ‘Kitchen’ -la sustracción de documentos del extesorero del PP Luis Bárcenas-, que instruye el juez Manuel García Castellón en el marco del ‘caso Tándem’ por el que está en prisión preventiva el excomisario José Manuel Villarejo.
En la pieza ‘Kitchen’ están imputados Pino y Díez Sevillano, además de Marcelino Martín-Blas, entre otros.
El juez Juan Javier Pérez señaló en su auto de procesamiento que no consideraba creíble la argumentación esgrimida por Eugenio Pino, quien aseguró que el ‘pendrive’ le llegó al que fuera jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas.
El exDAO apuntó que, previamente, el dispositivo de memoria se lo había ofrecido Villarejo, pero a cambio de que se le pagara medio millón de euros, cantidad que luego rebajaría a 200.000 euros.
El fiscal del caso ‘pendrive’ rechaza que Pino y Bonifacio Díez Sevillano se concertaran para hacer llegar la memoria con información obtenida de forma irregular al Juzgado Central de Instrucción número 5, que investigaba el blanqueo de capitales de Jordi Pujol Ferrusola, lo que hubiera supuesto una «prueba ilegal».
Según el fiscal, únicamente queda acreditado que Pino, «DAO en el Ministerio del Interior en marzo de 2015», entregó a su subordinado el inspector Bonifacio Díez Sevillano una memoria USB «sin que conste fehacientemente ni su contenido ni cómo la misma había llegado a su poder».
Este dispositivo se remitió a Manuel Vázquez López, comisario jefe de la UDEF, quien a su vez se lo entregó a José Manuel Álvarez Luna, inspector-jefe de la UDEF.
El fiscal relata que Álvarez Luna entregó el ‘pendrive’ al Grupo 12 de la UDEF para que trabajara con él,» extraviándose dicho USB y permaneciendo así hasta que en febrero de 2017, cuando organizaba su mesa, lo encontró en un cajón».
Fue entonces cuando, por iniciativa propia, el 6 de febrero de 2017 se lo entregó al comisario José Manuel García Catalá, para remitirlo al Juzgado Central de Instrucción número 5, «sin que en esta entrega tuviera participación alguna los citados señores Pino y Díez».
Para el fiscal, «no queda acreditado que el USB presentado en el órgano judicial fuera el mismo que el que supuestamente fuera detentado en algún momento por los investigados».
Tampoco es cierto que este material proviniera de los registros autorizados por el Juzgado número 14 de Barcelona. El representante del Ministerio Público advierte que Álvarez Ibáñez «negó cualquier contacto con Eugenio Pino» y que «no consta contacto alguno» tampoco con Díez Sevillano.
Cita un auto de 2017 del tribunal de la Sección Tercera de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional para sostener que «en manera alguna puede hablarse de segmentos o datos fácticos, ni de documentos, informes o diligencias de investigación, policiales o judiciales, afectados indirectamente de nulidad y que debieran ser excluidos del encontrado en su despacho registrando sus cajones».
«Es claro pues que no se conoce a ciencia cierta el origen de dicho USB, ni de dónde se obtuvo, y menos cualquier participación en ello de los investigados, llegando a negarse cualquier contacto en relación a dicho pendrive», concluye el fiscal.
