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Podemos pide 10 años y medio de cárcel para el exjefe de la Policía Eugenio Pino 

Le atribuye los presuntos delitos de estafa procesal, falso testimonio y descubrimiento y revelación de secretos, como al inspector Bonifacio Díaz, para quien reclama la misma pena Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.
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Podemos, que ejerce la acusación popular en el caso del ‘pendrive’ fantasma de la investigación sobre la familia de Jordi Pujol, ha solicitado 10 años y medio de prisión para el comisario jubilado Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional con Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

El partido de Pablo Iglesias atribuye a Pino los presuntos delitos de estafa procesal, falso testimonio y descubrimiento y revelación de secretos, los mismos que al que fuera mano derecha de éste, el inspector Bonifacio Díaz Sevillano, para quien pide la misma pena y, además, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años.

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El partido, que ya ha entregado su escrito de acusación al Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, solicita también la comparecencia en calidad de testigos de los exjefes de la UDEF Manuel Vázquez López y José Manuel García Catalán, así como Marcelino Martín Blas.

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Según relata Podemos en su escrito, Pino y Díaz Sevillano actuaron «de forma concertada y prevaliéndose de su posición jerárquica y organizativa» en la DAO para facilitar a la Unidad de Delicuencia Económica y Financiera (UDEF) «un dispositivo electrónico ‘pendrive’ con documentación propiedad de Jordi Pujol Ferrusola indicando un origen de la documentación falso, desconociéndose en la actualidad el origen real de dicho ‘pendrive'».

«El ánimo de los acusados al indicar un origen falso de la documentación a los miembros de la UDEF fue crear una apariencia de legitimidad bastante sobre esta documentación de forma que ésta pasara a ser incorporada, en forma de informe policial» a las diligencias que se habían abierto en la Audiencia Nacional y que investigaban el origen de la fortuna de la familia Pujol.

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«En un día indeterminado del mes de marzo de 2015, Bonifacio Díez entregó al comisario general responsable de la UDEF, Manuel Vázquez López, un ‘pendrive’ con documentación perteneciente a Jordi Pujol Ferrusola informándole de que dicho ‘pendrive’ había resultado incautado durante las operaciones de entrada y registro» ordenadas en Barcelona.

La documentación contenida en la memoria usb fue incorporada a un informe de la UDEF que se presentó en el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso sobre los Pujol, si bien el magistrado instructor, José de la Mata, «vio indicios del origen incierto» de dichos documentos, por lo que incoó una pieza separada con el fin de no contaminar la causa.

En esta pieza separada declararon los ahora acusados, Pino y Díaz Sevillano.

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Pino afirmó que el ‘pendrive’ se lo había entregado el que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, que le había indicado que provenía de la agencia de detectives Método 3.

Díaz Sevillano dijo que nunca había entregado ese dispositivo a ningún responsable de la UDEF.

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Para la acusación popular, se puede concluir que «la Dirección Adjunta Operativa sí entregó a la UDEF un ‘pendrive’ de caracteristicas y con contenido similar al investigado» y que «la documentación de ese dispositivo electrónico no proviene de ninguna diligencia practicada» en la causa que investiga a la familia Pujol.

Podemos considera que en el caso de los dos acusados concurre la agravante contemplada en el Código Penal de abuso de superioridad, por el hecho de que ambos eran altos responsables de la Policía Nacional cuando se inició la investigación contra el expresidente catalán.

RECURRE EL ARCHIVO DE UNA DENUNCIA CONTRA PINO POR LAS NOTICIAS DE SUPUESTOS PAGOS DE VENEZUELA

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha recurrido este mes el archivo una denuncia que presentó el pasado otoño contra Eugenio Pino por las informaciones que se publicaron acerca de supuestos pagos procedentes de Venezuela.

La denuncia inicial iba dirigida contra Pino y otras tres personas físicas -entre ellas dos periodistas del medio de comunicación que publicó la noticia-, además de una jurídica -la empresa editora de dicho medio-, por las informaciones en las que se aseguraba que «el gobierno de Nicolás Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014».

La denuncia señalaba a Pino como responsable de la filtración de información que sirvió para la publicación de «noticias falsas» sobre la financiación de Podemos. Apuntaba delitos de prevaricación administrativa, falsificación de documentos públicos y calumnias con publicidad.

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La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid ha recurrido decretó el archivo de la causa el pasado diciembre

Iglesias ha presentado un recurso de reforma en el que reprocha a la magistrada no haber acordado diligencias de investigación y arrogarse «funciones de tribunal sentenciador al valorar la denuncia cual conclusiones de un juicio oral se tratara».

Además, señala a la juez que él no puede aportar todas las pruebas necesarias para este procedimiento porque los supuestos delitos se cometieron «en la intimidad de las dependencias policiales» y por parte de «funcionarios públicos (agentes de policía) con capacidad real y cierta para maquillar su actividad delictiva bajo ropajes de actuación profesional y garantizar la impunidad de estos actos delictivos una vez ya cometidos».

Para argumentar que su denuncia vaya dirigida contra Eugenio Pino, Iglesias enumera en su recurso los procedimientos por los que éste ya está siendo investigado: está procesado por el caso del ‘pendrive’ fantasma sobre la familia de Jordi Pujol, y desde está imputado en la Audiencia Nacional por su posible implicación en la ‘operación Kitchen’, el operativo policial de 2013 para sustraer información sensible a Luis Bárcenas.

En opinión de Iglesias, está claro que habría existido prevaricación en el caso de las informaciones sobre pagos de Venezuela, ya que Pino podría haber ordenado una «investigación policial sin constar delito alguno», y las «investigaciones policiales prospectivas sin indicio de delito y por motivaciones políticas están proscritas por la Ley».