Felipe Martínez Rico, que fue subsecretario de Hacienda y Función Pública durante el mandato de Cristóbal Montoro, ha admitido hoy en el juicio del ‘procés’ que el gobierno catalán pudo burlar el control que se le impuso en 2017, porque la certificación de gastos no tenía por qué ser «la realidad material de los hechos».
Estos sistemas «llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen», ha reconocido Rico, que ha declarado en calidad de testigo, para responder por el posible uso de fondos públicos durante el ‘procés’, después de que el exministro admitiera en el juicio que no se puede descartar que se destinase dinero público al 1-O porque un análisis contable «siempre puede resultar engañoso».
Lo ha manifestado a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal sobre la fiabilidad de los controles que se impusieron a los gastos autonómicos en Cataluña, que comenzaron en 2015 y llegaron a ser de carácter semanal en verano de 2017.
Se trataba, según Martínez Rico, de un sistema de intervención común a todos que se realizan en diferentes organismos públicos y «persiguen hacer una certificación de gastos, pero no son la realidad material de los hechos», que es «más compleja», según ha reconocido.
«¿Una contratación irregular podría haber eludido el control?», le ha preguntado la fiscal, a lo que el funcionario ha respondido que siempre que sea contraria a las pautas de contratación del sector público se puede hablar de contratación irregular, sea esta certificada o no, y en este caso quedaría «fuera del margen de control».
Según este exmiembro del equipo de Montoro, el Ministerio puso todos los instrumentos elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto en la Comunidad, aunque cosa diferente es que luego ello se ajustara o no a «la realidad material de los hechos».
La fiscal preguntado a Felipe Martínez si «está de acuerdo» sobre los términos en los que Montoro se expresó en una entrevista, en la que negó que el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 se financiase con fondos públicos.
Ante un nuevo aviso de Marchena, Madrigal ha vuelto a formular la pregunta, esta vez más directa: «¿La consulta se financió con fondos públicos?».
Martínez Rico ha dicho que el Ministerio puso todos los elementos a disposición para hacer un seguimiento para ver cómo se gastaba el presupuesto en esta comunidad autónoma, pues estaban «involucrados» muchos departamentos.
Ha indicado en que, aunque hubo un «cumplimiento formal» por parte de la Generalitat de todas las obligaciones de información, cosa diferente es que luego ello se ajustara o no a «la realidad material de los hechos».
Aún así, «desde el Ministerio de Hacienda se solicitó a los servicios jurídicos del Estado que se personara en todas las causas penales en las que pudiera haber un perjuicio a la hacienda estatal», ha subrayado.
El exsubsecretario de Hacienda ha explicado que la intervención comenzó para asegurar la prestación de servicios públicos ante las manifestación de algunos responsables de la Generalitat sobre la «imposibilidad» de impago de la deuda existente.
En este momento la periodicidad de los informes solicitados a la Intervención General de la Generalitat eran de carácter mensual, que pasó a ser cada 15 días en julio de 2017, cuando Hacienda se percató de que el Parlamento catalán había aprobado unas partidas presupuestarias destinadas a procesos electorales y consultas populares, que habían sido anuladas por el Tribunal Constitucional, según ha explicado.
Asimismo, ha indicado que este «sistema de control y verificación» se intensificó en septiembre de 2017, cuando desde la Generalitat se trasladó que no se iba a dar más información alegando que es «incompatible» con el marco jurídico de la comunidad autónoma.
Ha recordado que tras ello, el Gobierno de Mariano Rajoy denunció la situación ante la Fiscalía General del Estado y reforzó aún más el seguimiento «en virtud de principio de responsabilidad el Estado», actuando como «último garante de los servicios públicos» y para garantizar que no haya desvío de fondos públicos.
La acusación popular, ejercida por VOX, ha hecho referencia a la partida presupuestaria declarada inconstitucional por el tribunal de garantías, y ha preguntado a Martínez Rico si tiene conocimiento de que ese gasto se llegase a ejecutar.
El testigo ha afirmado que el expediente de gasto se inició, pero ha precisado que esto «no significa que se haya pagado».
Martínez Rico ha afirmado en varias ocasiones que según se iban detectando irregularidades en los informaciones que remitía la Intervención General de la Generalitat, se fue poniendo en conocimiento al Ministerio Público.
«En muchos casos se consideró que era inexacta y se tomaron medidas, se denunció a la Fiscalía», ha señalado, en alusión a las siete denuncias que se remitieron desde Hacienda al Ministerio Público durante esos meses.
Una de las veces que se consideró que la información no cumplía con lo solicitado fue las certificaciones sobre los gastos relacionados con la empresa Unipost -donde la Guardia Civil se incautó de miles de tarjetas censales y cartas dirigidas a integrantes de mesas electorales para el referéndum del 1-O-, con el Diplocat o con la campaña ‘Civisme’.
Sobre esta campaña ha indicado que desde la Generalitat se dijo que no se ejecutó el gasto porque el concurso quedó «desierto», argumento que no convenció a Hacienda, ya que las empresas adjudicatarias habían afirmado que «habían desistido» de llevar a cabo este contrato. Por ello, también fue denunciado ante la Fiscalía.
